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El Gobierno paraliza los desahucios de familias vulnerables mientras dure el estado de alarma

Las comunidades autónomas serán las encargadas de ofrecer esta alternativa habitacional que será siempre una vivienda digna

María José Pintor
Directora Diario16.com Periodista en cuerpo y alma, licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad del País Vasco, tras 15 años en medíos de comunicación, creó Comunica2 con su compañero de vida y también periodista, Sergio Arestizabal, para demostrar que otra forma de comunicar es posible. Tras sufrir censura y presiones de los poderes públicos en el ejercicio de su profesión, hoy es libre. Durante años ha asesorado personas y empresas en crisis o injustamente juzgados por la opinión pública y publicada. Hoy tiene el reto de que el Periodismo abra un profundo debate interno sobre cómo recuperar la honorabilidad de aquellas personas a las que por error enturbió su imagen pública. Inconformista y crítica, como debe ser una periodista.
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La Vicepresidencia segunda del Gobierno, de Pablo Iglesias, ha alcanzado un acuerdo con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, cuyo titular es José Luis Ábalos, que pondrá fin a los desahucios sin alternativa habitacional para las familias vulnerables de nuestro país mientras dure el estado de alarma.

En virtud de este acuerdo, las familias vulnerables no podrán ser desahuciadas mientras no exista la posibilidad de que sean realojadas en una vivienda digna, según informan fuentes de Podemos.

Las CCAA serán las encargadas de ofrecer esta alternativa habitacional que será siempre una vivienda digna (por ejemplo, no podrá ser un albergue). Así, el lanzamiento no podrá ejecutarse hasta que estas personas vulnerables no tengan asegurado y garantizado su realojo. La condición de vulnerabilidad la concederán los servicios sociales a través de un informe vinculante, que los tribunales tendrán que solicitar obligatoriamente en el caso de que los afectados/as aleguen vulnerabilidad.

El pacto incluye también a las familias en precario en viviendas de grandes tenedores -propietarios de más de una decena de viviendas-. En este caso las CCAA tendrán un plazo máximo de tres meses para buscar una nueva vivienda para la familia en situación de vulnerabilidad.

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