Raquel Sánchez, ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha afirmado, en una entrevista concedida a RTVE y emitida por Radio 4 y La2, que el Gobierno está estudiando si establecer una nueva prórroga de las medidas que sirvieron de escudo social durante la pandemia, entre las que se encontraba una moratoria para los desahucios.
Sin embargo, Sánchez ha dejado claro que durante la pandemia «se dieron circunstancias excepcionales y particulares que ahora no se dan«, por lo que no se garantiza esa prórroga que muchas familias víctimas de las dos crisis económicas están esperando como agua de mayo.
Sanciones a los propietarios
Por otro lado, Raquel Sánchez ha afirmado en la entrevista que el Gobierno está abierto a negociar sobre la Ley de Vivienda y, en concreto, sobre la posibilidad de introducir sanciones a los propietarios que la incumplan. Esa fue una de las reivindicaciones trasladadas por el Sindicato de Inquilinos.
La ministra ha lamentado que tanto Ciudadanos como PP hayan adelantado su rechazo a la Ley de Vivienda y que el Gobierno intentará alcanzar los máximos consensos posibles con el resto de fuerzas políticas para sacar adelante el proyecto de ley.
«El texto que hemos propuesto es un buen texto. Podemos asumir enmiendas que se presenten por los grupos políticos y por los colectivos», siempre y cuando se respeten las competencias de las comunidades autónomas.
El Gobierno no retirará el recurso ante el Constitucional
Sánchez ha rechazado, además, que el Gobierno retire el recurso interpuesto ante el Tribunal Constitucional contra la ley catalana de los alquileres para obtener el votode ERC.
«Difícilmente es un recurso que se pueda retirar. Me gustaría separarlo. Incluso había un dictamen del Consell de Garanties Estatutaries y del Consejo de Estado, que decía que esa ley vulneraba las competencias exclusivas del Estado de regulación de arrendamientos urbanos», ha afirmado Raquel Sánchez.
Palo al CGPJ
Uno de los puntos calientes de la tramitación de la Ley de Vivienda se dio con el informe contrario realizado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
En este sentido, Raquel Sánchez ha dicho que el Gobierno dispone de «informes de juristas de reconocida competencia que aseguran que esta ley no vulnera ninguna competencia«, para añadir que el CGPJ «haría bien en renovarse, que sería el primer síntoma de normalidad» porque, según ha sostenido la ministra, el informe hacía más valoraciones políticas que técnicas.
