El Gobierno ha aprobado un Real Decreto Ley de medidas urgentes en el ámbito económico que “amplía la protección a las personas que, encontrándose en situación de vulnerabilidad, no pueden hacer frente al pago de la hipoteca”, que “se encuentran en riesgo de desahucio hipotecario”, por el que se establece una moratoria de cuatro años de duración.
Así lo ha anunciado la ministra portavoz, María Jesús Montero, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, en la que ha señalado que se amplía el ámbito de aplicación, por lo que “hasta 2024, ninguna familia vulnerable será expulsada de su casa por el impago de la hipoteca”.
Esta medida prorroga cuatro años adicionales la suspensión de los lanzamientos para deudores vulnerables, lo que supone que hasta 2024 ninguna persona en situación de vulnerabilidad podrá ser expulsada de su domicilio por impago de la hipoteca.
Adicionalmente, se amplía el concepto de colectivo vulnerable, de forma que además de los titulares de la hipoteca que estén en posición de desempleo o familias con algún miembro con discapacidad, en situación de dependencia o mayores de 60 años, se incluyan como beneficiarios de la suspensión de lanzamientos a familias monoparentales con un solo hijo.
Además, se establece que el nivel de ingresos familiares máximo para acogerse a esta medida se incrementará en función del número de hijos.
El Real Decreto-Ley modifica también la disposición adicional séptima de la Ley de reestructuración y resolución de entidades de crédito, para adecuar las causas de disolución de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) a su naturaleza.
Esta modificación permitirá que SAREB continúe con sus funciones con normalidad hasta el fin de su mandato, en 2027, contribuyendo a la maximización del valor de la venta de la cartera de activos que recibió en 2012, así como a otras iniciativas como la ejecución de un programa de promoción de vivienda social, con un parque habilitado de 10.000 viviendas para fines sociales.
Finalmente, el Real Decreto-Ley amplía los tipos de entidades financieras que pueden solicitar su transformación en bancos, incluyendo a sociedades de valores, entidades de pago y entidades de dinero electrónico, en línea con otros Estados miembros de la Unión Europea, lo que mejorará la competitividad de la economía española.
