Las residencias de mayores se estaban convirtiendo en un foco de muerte por culpa del coronavirus. Los ancianos son ya de por sí población de riesgo, hecho que se incrementaba por la concentración de personas contagiadas y sanas. Esto lo hemos visto en diferentes centros en varias comunidades autónomas. A todo esto hay que añadir la falta de recursos de protección con los que contaba el personal que atiende a los mayores.

Uno de los aspectos más duros que se están viviendo en esta pandemia del COVID-19 es la muerte de cientos de personas mayores en las residencias en las que vivían. La situación de confinamiento que viven las familias españolas han provocado situaciones desesperantes en las que los familiares se han encontrado con falta de información sobre el estado de salud de sus madres, sus padres, sus abuelos o sus abuelas. A esto hay que añadir la imposibilidad de contacto o de que los hijos, las hijas, las nietas o los nietos pudieran tener una prueba visual de que su familiar se encontraba bien.

La proactividad que está demostrando el Gobierno en esta crisis, por más que les duela a cuervos agoreros que pretenden sacar rédito de esta situación, se ha vuelto ver plasmada en las decisiones adoptadas por el Ejecutivo para proteger a los mayores.

En primer lugar, el presidente del Gobierno ha anunciado, tras su reunión con los presidentes y presidentas autonómicas, que se va a poner a disposición de las comunidades las residencias privadas para mejorar las condiciones de vida de los mayores con la finalidad de reducir y evitar su contagio. Esto es muy importante y es una muestra de capacidad de gestión, puesto que los mayores podrán seguir con su vida diaria sin el miedo propio, y el de sus familiares, a convivir con personas contagiadas, ya sea con síntomas, ya sean asintomáticas.

En segundo término, tal y como anunció el presidente Sánchez el sábado por la noche, las Fuerzas Armadas están realizando labores de desinfección de los centros de mayores, lo cual es otra garantía para que no se produzcan más contagios.

Un país que se considere digno no puede dar de lado a sus mayores, sobre todo porque sería una ingratitud de tal calibre que ningún Estado podría soportar en el futuro. Nuestros mayores fueron el sostén del estado del bienestar en la anterior crisis. No dudaron en poner sus precarias pensiones al servicio de los familiares que fueron las víctimas de esa recesión provocada por las élites; no dudaron en asumir la responsabilidad de cuidar a los nietos y las nietas para que los hijos pudieran encadenar un contrato tras otro para poder sobrevivir. A pesar de todo esto, la sociedad les ha devuelto el desamparo y el abandono por la falta de recursos, otra consecuencia de esa crisis.

No se les puede dejar atrás y el Gobierno no lo ha hecho. La instrucción del Ministerio de Sanidad, a instancias de la vicepresidencia de Derechos Sociales, de intervención de la Unidad Militar de Emergencias es el fiel reflejo de que el Ejecutivo está cumpliendo con las palabras «Nadie se va a quedar atrás». Hubiese sido irresponsable que una situación límite convirtiera a las residencias en centros de exterminio en el que el coronavirus fuese el nuevo Zyclon-B.

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