El anterior Gobierno del PP se permitió retorcer el Código Penal para recortar en derechos fundamentales recogidos en la Constitución del 78. La ley de seguridad ciudadana supuso un paso atrás en las conquistas sociales al colocar una mordaza a la libertad de expresión con el único objetivo de dar cobertura legal a la represión policial contra las movilizaciones y protestas de miles de personas que trasladaban a la calle su descontento con los recortes tras la crisis de 2008. En ese contexto de conflictividad, el artículo 315.3 del Código Penal fue una de las herramientas que el gabinete Rajoy puso en marcha para controlar a las masas obreras en su lucha por conservar los derechos adquiridos. Con esa arma, el Partido Popular intentó encarcelar a todo aquel que participara en algún piquete informativo en medio de una huelga, una medida sancionadora que no era ninguna broma, ya que se castigaba con penas de prisión de hasta tres años por coaccionar a otros trabajadores y obligarlos a secundar un paro.

Hoy, tras el Pleno del Senado del pasado miércoles, el infame 315.3 puede darse por felizmente derogado con 139 votos a favor –entre ellos los del PSOE y Unidas Podemos–, y 106 en contra (PP, Ciudadanos y Vox). Nunca una iniciativa legislativa había sido tan clarificadora de cómo se posicionan los dos bloques políticos ante las reivindicaciones justas y legítimas de la clase trabajadora; nunca una sesión parlamentaria fue tan evidente de cómo entienden la democracia unos y otros, derechas e izquierdas. A un lado, las fuerzas progresistas que por fin se han unido para derogar un artículo de claras reminiscencias franquistas, una cacicada que suponía un claro retroceso y un atentado contra los derechos de sindicación y huelga. Al otro, el bloque conservador, los defensores de los privilegios de casta, las élites y la patronal, es decir, los que desde hace siglos vienen explotando y reprimiendo a los trabajadores, a los que consideran poco menos que lacayos, siervos, esclavos. Pero esta vez los señoritos han perdido la batalla.  

En los últimos tiempos, y merced a esa aberración jurídica que suponía el 315.3, unos 300 sindicalistas y huelguistas han padecido una persecución más propia de la dictadura que de un sistema democrático. La cifra resulta sobrecogedora y dice mucho de la deriva autoritaria en la que había caído este país por influencia de los gobiernos conservadores. ¿Cómo podemos los españoles consentir semejantes retrocesos a nuestros derechos laborales más elementales sin que pase nada? Pues así es este país manso y sumiso que se moviliza con júbilo cuando gana su equipo de fútbol y permite atropellos flagrantes a sus conquistas sociales más trascendentales.

Pese a todo, el controvertido 315.3 ya es historia. Poco a poco las cosas se van poniendo en su sitio tras los años duros del conservadurismo marianista. Es solo un paso más al que tendrán que seguirle medidas tan importantes como la derogación de la reforma laboral de 2012, otro atentado en toda regla a los derechos de los trabajadores por lo que tuvo de instauración de la precariedad, la aniquilación de la negociación colectiva, el despido libre y los salarios de miseria. Un Gobierno auténticamente de izquierdas no puede consentir esa infamia de regulación laboral que los españoles hemos padecido y tolerado con paciencia, quizá demasiada. Sin duda, la influencia de la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, una abogada laboralista combativa e infatigable, será decisiva a la hora de que el gabinete Sánchez se decida de una vez por todas a acabar con una legislación que supone, de facto, la consolidación oficial del trabajo esclavo en nuestro país.

La diputada socialista Andrea Fernández califica la jornada que se ha vivido esta semana en el Senado como “histórica”, ya que la derogación del 315.3 supone “saldar una de las deudas pendientes” con el sindicalismo español. “Es necesario que entendamos que la protesta tiene que protegerse, porque es consustancial a la democracia”, afirmó. Por su parte, la portavoz del PP, Cristina Ayala, considera que esta derogación es una “chapuza” y una medida sectaria y propagandística con la que el PSOE ha querido hacer un gesto o guiño al sindicalismo. Una declaración insultante para la clase obrera que, como era de prever, solo podía ser superada por una opinión aún más reaccionaria, casi una provocación, la del portavoz de Vox, José Manuel Marín Gascón: “Cada vez que hay una huelga aparecen los piquetes que dejan de ser informativos para volverse violentos”. O sea, la criminalización del movimiento obrero, la estigmatización del derecho de huelga constitucionalmente reconocido, el retorno a la represión del patrono como en los peores años del Antiguo Régimen.

Por descontado, los sindicatos UGT y CCOO han celebrado la abolición de un artículo por el que se ha perseguido de manera injusta a 300 trabajadores, fundamentalmente durante los años de gobierno del PP en los que la Fiscalía hizo una aplicación “generalizada y abusiva” del Código Penal, hasta llegar a solicitar penas de ocho años de cárcel para los sindicalistas que participaban en los piquetes. El comunicado de ambas organizaciones fue conjunto y mostraba la satisfacción de todos por el triunfo “del derecho de huelga y el derecho a la libertad sindical de los trabajadores y trabajadoras”. Esta vez el gran capital ha sido derrotado. Pero la batalla secular por mejorar las condiciones de vida de los trabajadores continúa. Próxima estación: reforma laboral.

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