Los abogados y procuradores serán los únicos profesionales del sistema judicial español que no podrán disponer de sus correspondientes vacaciones anuales tras el decreto-ley que este martes aprobará el Ministerio de Justicia para el restablecimiento de la actividad judicial una vez que se levante el estado de alarma, ya que el Gobierno abrirá los juzgados del 11 al 31 de agosto, un mes siempre inhábil para la actividad judicial, ante la previsión de una avalancha de litigios producidos por las consecuencias del decreto gubernamental del pasado 14 de marzo para luchar contra la pandemia del coronavirus.
Tanto jueces, fiscales y demás funcionarios de la Administración de Justicia no sólo dispondrán de todos sus correspondientes días de descanso anuales que les corresponden por ley sino que además se les reducen las horas de trabajo semanales de 37 a 30 en compensación por la apertura prevista de los juzgados por la tarde. Los juzgados españoles tendrán este próximo mes de agosto por primera vez en la historia 20 días hábiles.
Los funcionarios de justicia tendrán una rebaja de sus horas de trabajo semanales de 37 a 30 para compensar la apertura de los juzgados por la tarde
El Consejo General de la Abogacía Española, reunido de forma extraordinaria este domingo 26 de abril, ha mostrado, además de su compromiso “en la defensa de los intereses de la sociedad española en estos momentos tan difíciles derivados de la crisis del Covid-19”, su absoluto rechazo a declarar hábil el mes de agosto, en todo o en parte. Los abogados consideran que esta medida –ya valorada positivamente por el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía y las comunidades autónomas con las competencias de Justicia transferidas– “lejos de contribuir a normalizar la situación y agilizar los procedimientos va a suponer, sin duda, una mayor distorsión”.
Efecto contraproducente de la apertura en agosto
El Consejo General de la Abogacía considera que difícilmente se puede desarrollar una actividad normal en los juzgados tras el levantamiento del estado de alarma “si coincide con un periodo vacacional de jueces, magistrados, fiscales, letrados de la administración de justicia, funcionarios y resto de personal que, además, se extendería antes y después del mes de agosto”. Para los abogados, esta habilitación del mes de agosto tendría en la práctica un efecto contraproducente, porque “conllevaría la suspensión de numerosos actos procesales ante las dificultades de llevar a cabo actos de comunicación y la más que probable incomparecencia de justiciables, testigos, peritos, etc”.
Los abogados ofrecen como solución a este enfrentamiento visible dentro de la Administración de Justicia que se concentre el periodo vacacional de todos los profesionales de la justicia en el mes de agosto, “a salvo siempre de las actuaciones urgentes, de modo que pueda desarrollarse la actividad ordinaria a pleno rendimiento los meses de julio y septiembre”.
Los abogados creen que esta apertura en agosto conllevaría la suspensión de numerosos actos procesales y la probable incomparecencia de justiciables, testigos o peritos
Abogados y procuradores quieren que junio, julio y septiembre sean meses de pleno rendimiento entre todos y cada uno de los operadores de la justicia, concentrando las vacaciones de todos ellos en el mes de agosto. Durante estos meses hábiles, las plantillas de los juzgados se quedan a medio gas de forma habitual todos los años por las vacaciones que comienzan a disfrutar las plantillas de cada juzgado.
Pese a quedarse en solitario junto a los procuradores en contra de la medida que pretende aprobar el Gobierno este martes, la abogacía reitera su “inquebrantable compromiso con la sociedad en la defensa del derecho a la tutela judicial efectiva de la ciudadanía, que por mandato constitucional ostenta y ejerce los 365 días del año las 24 horas del día”.
