El informe de Amnistía Internacional sobre la inversión en Sanidad Pública en España, es una llamada auxilio sobre la situación límite en la que se encuentra, tras una década de recortes, que aumentaron, ¡qué curioso!, en los dos últimos años de pandemia, con un descenso del 4,5% con respecto a la inversión sanitaria realizada en 2020.
Datos que sonrojan por lo alejados que están del estándar que recomienda la OMS de una inversión del 25% del presupuesto en sanidad, mientras que en España no llega al 15%, a pesar del crecimiento de un 8,47% para este año. Incremento que la OMS considera que <<no corresponde a una apuesta decidida para reforzar la Atención Primaria, que apenas tiene impacto en términos de recuperación de la inversión en el nivel asistencial más marginado del sistema>>.
Las Comunidades que se encuentran más lejos de esos estándares son, ¡oh casualidad!, las gobernadas por el PP; en especial la Comunidad de Madrid, donde el Gobierno Ayuso invierte 1.301 euros por habitante y año. Esto es; 690 euros menos que el País Vasco, que se sitúa a Madrid en el último lugar, precedido de Andalucía, 1.389 euros; y Murcia, 1.433 euros anuales. En Madrid han quedado desiertas en atención primaria 20 plazas de 21 convocadas, y 98 plazas de 128 para médicos de familia, por los medios escasos, los bajos salarios, y la sobrecarga de trabajo por la falta de profesionales. Según el estudio de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública de 2021, Andalucía es, después de Murcia, la Comunidad con el peor sistema público de salud, cuando en 2014 tenía el sexto mejor servicio sanitario de España.
Hechos que confirman la estrategia sostenida en el tiempo por la derecha para convertir los servicios públicos, en un negocio privado —sin ningún recato—, en la idea perversa de que invertir en sanidad y educación es un gasto que no pueden asumir las Administraciones Públicas; que deben poner los medios, construir los hospitales y centros de salud para que los gestionen manos privadas—dinero público—; y facilitar terrenos para colegios privados y concertados donde faltan plazas públicas. Dinámica de desmantelamiento del Estado del Bienestar al que debe poner coto el Gobierno —es su obligación— con ratios de inversión pública de obligado cumplimiento por las Comunidades en sectores básicos, y con límites a la cesión a la gestión privada, de lo que se ha creado con dinero o bienes públicos. Y evitar, de paso, una fuente continua de corrupción.
