El delegado de Economía de la Junta en Jaén, Antonio de la Torre, detenido este martes por la Policía Nacional dentro de la denominada Operación Paraíso, ha quedado el libertad con cargos tras prestar declaración durante más de dos horas ante la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Jaén. La juez le imputa los presuntos delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios, corrupción en los negocios y falsedad documental.
De la Torre, según los investigadores, es pieza clave de un fraude en la adjudicación de una campaña de publicidad cuando trabajaba en la Diputación de Jaén. Pese a ello, desde la Junta de Andalucía se ha cargado contra la actuación de la policía en las detenciones de los funcionarios de la Administración andaluza. Susana Díaz aún no se ha pronunciado al respecto.
El presidente del organismo provincial, Francisco Reyes (PSOE), se apresuró a defender el «buen hacer» de De la Torre. «Las noticias que tenemos es que es una investigación sobre empresas de esta ciudad, que nos han pedido toda la información en torno a unas facturas de esta Diputación, y que hemos facilitado a la Policía. Incluso han ido a declarar algunos funcionarios y trabajadores de esta casa. Y poco más», zanjó Reyes.
El consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, criticó lo que calificó de actuación “desproporcionada” de las fuerzas y cuerpos de seguridad por detener “tantas horas” al delegado territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta en Jaén para tomarle declaración. Sánchez Maldonado dijo no tener conocimiento exacto del asunto. “Lo que sé es lo que ha dicho la prensa. Parece que ha sido por fraccionar un concurso de 60.000 euros”. El consejero de Susana Díaz criticó que “por esta cuestión se detenga a un hombre tantas horas en comisaría para declarar, cuando lo podrían llamar tranquilamente a su casa e iría a declarar”.
La portavoz del PP-A en el Parlamento, Carmen Crespo, ha reclamado explicaciones a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, tras la detención del delegado, aunque ésta guarda silencio y el alto cargo imputado sigue en su cargo oficial de la Administración andaluza a día de hoy miércoles.
La dirigente popular pide a Díaz que se pronuncie sobre lo ocurrido e insiste en la necesidad de que “salga inmediatamente” ante la opinión pública a ofrecer explicaciones “coherentes” sobre los contratos y sobre la detención del delegado de Economía y Empleo en Jaén.
Por su parte, la delegada del Gobierno andaluz en Jaén, Ana Cobo, declaró que conoce personalmente al alto cargo imputado. “En el tiempo que ha trabajado en la Junta me parece un absoluto profesional que tiene muchísima experiencia en la Administración pública, bastante riguroso con su trabajo. Pero, después, el tendrá que colaborar con lo que le requiera la Policía y la justicia”, añade la delegada del Gobierno andaluz.
Posteriormente a su detención, la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Jaén decretó la libertad con cargos para De la Torre y para dos empresarios, J.R.P.B. y A.M.R. Un tercero que también fue detenido quedó en libertad sin pasar a disposición judicial. La causa se mantiene abierta.
La operación policial responde a una orden dictada por el citado juzgado de Jaén para investigar una denuncia interpuesta por un ex trabajador de una empresa en la Fiscalía de Jaén. La investigación se centró en la presunta adjudicación de manera fraudulenta o ilegal de unos contratos de publicidad, dentro de una campaña llevada a cabo por la Diputación, por un importe de 60.000 euros.
Las pesquisas concluyeron que se había producido una violación de la Ley de Contratos del Sector Público, que obliga a los responsables del organismo oficial a solicitar ofertas de al menos tres empresas capacitadas para la realización del objeto del contrato cuando su importe sea superior a los 18.000 euros.
Según la Policía un responsable del organismo oficial, dentro de la campaña de publicidad, presuntamente adjudicó la operación por 60.000 euros. Sin embargo, y «previo acuerdo con el responsable de la empresa para saltarse la ley, éste acordó con el ente público dividir el contrato entre varios poniéndose de acuerdo con las otras dos empresas investigadas». La empresa adjudicataria «subcontrató a otra empresa con el fin de darle forma legal, siempre, presuntamente en connivencia con el responsable del organismo oficial».
La campaña estaba prevista por una duración de seis meses. Por ello, las empresas investigadas «facturaban por separado cada mes, para que el dinero llegara finalmente y con apariencia legal al empresario detenido y adjudicatario de la campaña». «Éste facturaba a las otras tres empresas por importes exactos a los facturados al ente oficial, de esta manera se limpiaba el dinero», añade la Policía Nacional.
Sin embargo, la investigación puso de manifiesto que «ninguna de las tres empresas que facturaban realizaron trabajo alguno, siendo la empresa subcontratada la que realizó los trabajos mientras los responsables de las demás empresas, presuntamente se prestaron al juego».
