domingo, 28noviembre, 2021
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El Gobierno de Sánchez adjudica el apoyo jurídico de la gestión de los fondos europeos al despacho de cabecera de Banco Santander

Según los pliegos de la licitación, Uría y Menéndez prestará servicios de apoyo jurídico para la gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en el ámbito de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales y proporcionará servicios jurídicos, especializados principalmente en Derecho Administrativo y Derecho de la Unión Europea, para asegurar la distribución, el seguimiento, la coordinación, la justificación y el control de los fondos asignados

José Antonio Gómez
Escritor y analista político. Autor de los ensayos políticos "Gobernar es repartir dolor", "Regeneración", "El líder que marchitó a la Rosa" y de las novelas "Josaphat" y "El futuro nos espera".
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Nuevo «guiño» del Gobierno de Pedro Sánchez a Banco Santander. En este caso, a través del despacho de cabecera de la entidad presidida por Ana Patricia Botín: Uría y Menéndez.

En concreto, según se desprende de la información publicada por el Portal de Contratación del Estado, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos, es decir, de Nadia Calviño, ha adjudicado a Uría y Menéndez «servicios de apoyo jurídico para la gestión de los componentes 15 y 25 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), en el ámbito de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales (SETELECO). Se proporcionarán servicios jurídicos, especializados principalmente en Derecho Administrativo y Derecho de la Unión Europea, para asegurar la distribución, el seguimiento, la coordinación, la justificación y el control de los fondos asignados en el PRTR», afirma el contrato al que Diario16 ha tenido acceso.

Sin embargo, este contrato no fue licitado por dicha Secretaría de Estado, sino que el órgano de contratación es el consejero delegado de la empresa pública Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España S.A. (ISDEFE), que depende del Ministerio de Defensa.

Según los pliegos del servicio, el despacho de cabecera del Santander proporcionará el apoyo jurídico necesario, en cualquier asunto de esta naturaleza, relacionado con el Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

Conflicto de interés

Según el contrato celebrado entre el Gobierno y el despacho de cabecera del Santander, el bufete «declara y se compromete a no incurrir, en el ámbito del presente Contrato, en conflicto de intereses alguno.  En consecuencia, durante la vigencia del presente Contrato, Uría no celebrará ningún otro acuerdo, contrato, convenio, ni aceptará oferta de empleo o realizará ningún tipo de actividad que pudiera crear una situación de conflicto de intereses, con ISDEFE ni con su Cliente. En este sentido, Uría expresamente garantiza y declara que no se encuentra en la actualidad ni previsiblemente en conflicto de interés alguno. En todo caso, Uría inmediatamente comunicará de manera fehaciente a ISDEFE en el caso de que tuviera conocimiento de encontrarse o poder encontrarse él o su personal en un potencial conflicto de intereses, en relación con el ámbito del presente Contrato. El hecho de no comunicar el conflicto de interés, o en su caso, el potencial conflicto de interés será considerado un incumplimiento del presente Contrato y permitirá a ISDEFE inmediatamente resolver el mismo».

Sin embargo, uno de los principales clientes de este despacho, Banco Santander, ya está trabajando con los fondos europeos de recuperación y nadie garantiza que, presuntamente, se pudiera producir algún tipo de conflicto entre los intereses de sus clientes y la concesión de esos fondos, por más que, según el contrato, Uría no tenga capacidad para ello. Sin embargo, siempre puede quedar la sospecha de que así pudiera ser. Lo mismo hubiese ocurrido con el otro candidato, la auditora PwC que en la actualidad es la empresa que audita las cuentas del Santander, entre otras grandes compañías que a buen seguro se beneficiarán o gestionarán esos fondos.

Por tanto, siempre queda ahí la sombra de una posible sospecha, por lo que el órgano contratante, ya sea la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, ya sea el ISDEFE deben estar absolutamente vigilantes.

Sería muy grave que, pasado el tiempo, se conociera que alguno de los clientes de Uría y Menéndez se benefició de los fondos europeos o ha sacado ventaja competitiva respecto al resto de las empresas a la hora de gestionar los mismos. En estos casos en los que hay tanto en juego, siempre será mejor prevenir que curar y la gestión de ese dinero que viene de Europa, que será vital para la recuperación económica, sea absolutamente transparente tanto hacia el Gobierno como hacia el pueblo que es quien, en definitiva, sufre las consecuencias de las decisiones erróneas de los gobernantes.

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1 Comentario

  1. Seguro que después de un «profundo» estudio llegan a la conclusión de recomendar avalar con dinero público las hipotecas para jóvenes que conceda el Banco de Satán der al 20% en caso de impago, para fomentar la construcción y dar salida a viviendas para jóvenes financiadas con dinero público pero construidas por empresas participadas en su accionariado por fondos buitre ameriyankees, estilo Blackrock, para luego, cuando suban los tipos de interés, y buena parte de esos jóvenes no puedan pagar la letra, sean desahuciados, quedándose el banco con sus casas, para venderlas ellos a través de sus plataformas inmobiliarias o en lote, de nuevo a Blackrock. Ya lo hicieron con las viviendas sociales . Ahí está el negociete. Así monto yo también un negocio sin riesgo, con clientelismo y maniobras sucias al estilo mafioso romano. Porque esta gente del Banco de Satán se compara con el Imperio Romano ¿Sabían? Mafia pura.

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