El Gobierno de Rajoy investigaba a la mujer de Bárcenas a través de su chófer para ver dónde ocultaba con su marido documentación comprometida para el PP

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha acordado el levantamiento del secreto de la pieza 7 del denominado “caso Villarejo”, en la que se investiga el presunto espionaje al extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas, conocido como Operación Kitchen, para conocer a través del chofer de la mujer del ex tesorero dónde tenía la pareja la documentación comprometida para altos cargos del PP.

 Según indica el auto, el encargo que se habría llevado a efecto al menos en los años 2013 a 2015 consistiría en la captación y la manipulación como colaborador-informante de la Policía de Sergio Ríos Esgueva, conductor de Rosalía Iglesias, esposa de Luis Bárcenas, extesorero del Partido Popular. “El objetivo de dicha misión -añade- podría ser, aparentemente, la obtención por medio de dicho colaborador, en cuanto persona de la máxima confianza del matrimonio de información concreta sobre el lugar en el que Luis Bárcenas y su esposa ocultarían.

Objetivo de la misión

En un auto, el magistrado considera que una vez examinado el estado de las actuaciones, a la vista del informe del Ministerio Fiscal y habiéndose verificado todas las diligencias que justificaron la declaración del secreto de las actuaciones, procede dejar sin efecto dicha medida, puesto que en este momento el conocimiento por las partes del procedimiento “no va a perjudicar a la investigación en curso”.

La resolución explica que esta pieza separada se abrió el 7 de noviembre de 2018 a raíz de un informe de la Fiscalía como consecuencia de un informe policial en el que se ponía de manifiesto nuevos hechos de apariencia delictiva que constituirían un proyecto distinto a los analizados hasta la fecha. Se trataría, continúa el escrito, de ejecutar un operativo parapolicial del que serían responsables Órganos Superiores y/o Directivos de la Administración General del Estado y cuya ejecución material se encomienda a los ya investigados en la causa Enrique García Castaño, entonces jefe de la UCAO, y José Manuel Villarejo Pérez.