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El Gobierno de Moreno Bonilla, que pactó “tolerancia cero” contra la corrupción, arropa a la consejera imputada por la ‘caja B’ del PP andaluz

La propia consejera imputada, que se niega a dimitir ni es cesada, echó a un alto cargo de su departamento en enero de este 2021 por la misma macrocausa de la ‘caja b’ del PP andaluz

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El pacto rubricado con luz y taquígrafos al inicio de la actual legislatura en enero de 2019 por Partido Popular y Ciudadanos para cerrar un acuerdo de gobierno en Andalucía no admite dobleces ni reintrepretaciones: “Tolerancia cero contra la corrupción: Ciudadanos y el Partido Popular se comprometen a la separación inmediata de los cargos públicos en todas las instituciones andaluzas, tanto autonómicas como locales, que hayan sido imputados formalmente por delitos de corrupción, hasta la decisión definitiva del órgano judicial”. Pese a ello, y más de 12 horas después de que haya trascendido la imputación de la consejera andaluza de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, por un presunto delito vinculado a una supuesta caja B del PP de Almería por el cobro de comisiones ilegales en la concesión de obras públicas, el ejecutivo bipartido de Juan Manuel Moreno Bonilla, el mismo que juró y perjuró que lucharía con “tolerancia cero” contra la corrupción institucional mantiene “con absoluta tranquilidad” en su cargo a la titular de Agricultura, pese a que un juzgado de Almería la investiga junto a una veintena de imputados por presuntos delitos contra la Hacienda Pública, así como de blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a autoridades o funcionarios y de organización y grupo criminal en varios municipios gobernados por el PP en la provincia de Almería.

Ahora, lejos de lo rubricado en aquel pacto de hace sólo tres años, Ciudadanos, el socio de gobierno del PP de Moreno Bonilla en Andalucía, guarda un mutismo absoluto en su agrupación andaluza y ha obligado a dar una versión oficial a su portavoz adjunto en el Congreso de los Diputados, quien ha asegurado que espera a tener más datos del caso para exigir “responsabilidades”. Bal ha añadido que nadie “con la más mínima sospecha” de estar implicado en un caso de corrupción puede integrar un Gobierno donde participe la formación liberal. En Andalucía, su líder, Juan Marín, guarda silencio y sólo a través de la propia imputada ha trascendido que “el señor Marín y el señor Moreno están tan tranquilos como está esta consejera, absolutamente tranquilos”, ha señalado Crespo tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno andaluz.

Broma de mal gusto o Gürtel andaluza

Mientras, el PP andaluz ha eludido exigir cualquier tipo de responsabilidad a la titular autonómica de Agricultura y ha mandado rápidamente el balón de la corrupción al tejado del PSOE, principal partido de la oposición en Andalucía. “Es una broma de mal gusto que el partido de los ERE que quitó 680 millones de euros a los andaluces se atreva a hablar de corrupción” por la investigación a Crespo, según el portavoz adjunto del grupo parlamentario popular, José Ramón Carmona.

Desde la oposición, el PSOE exige insistentemente que Crespo dé “explicaciones” por lo que denomina la “Gürtel andaluza” y califica como un caso “muy grave”. Desde Adelante Andalucía, la diputada Teresa Rodríguez ha reclamado la dimisión o el cese inmediato de la consejera imputada por corrupción. “La propia Carmen Crespo cesó al presidente del Instituto Andaluz de la Agricultura cuando fue imputado por un caso similar”, especifica la diputada autonómica. Rodríguez se refiere concretamente al ex alcalde de la localidad almeriense de La Mojonera, José Cara, que en su día fue presidente del Instituto Andaluz de Agricultura, dependiente de la propia Crespo, hasta que fue cesado el pasado enero de este 2021.

La consejera ha explicado en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno que la Presidencia de la Asociación de Promotores Turísticos del Poniente de Almería, cargo institucional que ostentaba en los hechos investigados, era de “carácter rotatorio” entre los distintos ayuntamientos de la comarca, y ha subrayado que se trata de un puesto “institucional sin funciones ejecutivas, que ocupó cuando era alcaldesa de la localidad almeriense de Adra. Crespo asegura que los convenios se firmaban “únicamente” con la Consejería de Turismo y las obras eran adjudicadas por los ayuntamientos. La consejera ha asegurado que la obra investigada por el juzgado de Almería fue adjudicada por el Ayuntamiento de La Mojonera en 2012 y ella abandonó ese puesto en 2011.

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1 Comentario

  1. Natalio, es el PP. Imposible tolerancia cero con la corrupción, e imposible es que alguien lo crea. A ver la fiscalía, los jueces, el gobierno de la CE, que opina al respecto de mantener en la legalidad a este grupo criminal. Cuando se va terminar? Cuando estén todos en la cárcel? Pero es que hay alguien que se cree que aunque la zorra cambie de madriguera, fuera de Génova 1 se acabó el problema? Rey, PP, PSOE, ciudadanos y Vox son la corrupción que soportan este fraude intolerable con la convivencia del poder judicial.
    Lo lamento, pero españa es un Bluff. Yo fui buen español hasta que me pudo la vergüenza. Agora son bó galego e non teño outra patria porque esa está podre.
    Evidentemente.

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