El Gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno Bonilla ha asegurado que no existe “ninguna irregularidad” en otorgar dos contratos por valor de cuatro millones de euros para contratos de emergencia a la empresa Barveal S.L., con sede en una vivienda particular de Jerez, sin trabajadores, ni solvencia ni tampoco experiencia alguna en el sector de la obra pública de carreteras, con el cometido de la reparación de hundimientos y deformaciones de la calzada de dos carreteras en la provincia de Cádiz, como ha adelantado este jueves la Cadena Ser. La Consejería de Fomento asegura que otras ocho empresas concurrieron a esta convocatoria de emergencia y detalla que el procedimiento de elección de la ganadora se realizó por la vía de emergencia.
Esta polémica, que ha sido el motivo central del cruce de acusaciones este jueves en el pleno del Parlamento andaluz entre el presidente Moreno Bonilla y el líder de la oposición, el socialista Juan Espadas, se produce a escasos días de que la todavía consejera de Fomento, Marifrán Carazo, emprenda la carrera electoral para las próximas elecciones municipales de mayo como candidata del Partido Popular a la Alcaldía de Granada.
El ejecutivo andaluz asegura que “no hay ninguna irregularidad en la contratación” y añade que “la obra se ha hecho en tiempo y forma”, al tiempo que recuerda que no es necesario que una empresa esté inscrita legalmente en el Registro de Licitadores para poder ejecutar una obra de emergencia. La Consejería de Fomento explica que estos dos contratos adjudicados a Barveal S.L. fueron tramitados por la vía de emergencia de acuerdo con el artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público. “Esta ley permite la contratación verbal en estos casos, pero la Consejería siempre aplica un procedimiento de adjudicación en aras de la transparencia y la libre concurrencia en las adjudicaciones. De hecho para adjudicar estos contratos participaron en el procedimiento nueve empresas”, señalan la citadas fuentes de la Consejería de Fomento.
La obra se ha terminado “en tiempo y forma”, según el ejecutivo andaluz, que recuerda que no es necesario que una empresa esté inscrita en el Registro de Licitadores
Este departamento del ejecutivo de Moreno Bonilla registra una media aproximada de ocho licitadores invitados por contrato de emergencia, pese a que la ley permite adjudicar a una empresa concreta un contrato de emergencia. “El criterio de este Gobierno siempre ha sido invitar al mayor número de empresas posibles y que, además, sean de la provincia en la que se actúa y aplicando criterio de temeridad. Y eso es lo que ha hecho en este caso”, señalan en la Consejería de Fomento.
El departamento que dirige Marifrán Carazo ha asegurado que también “es falso” que la empresa Barveal sea la mayor adjudicataria de contratos de emergencia de este departamento del ejecutivo andaluz, ya que, de los 81 contratos de emergencia adjudicados por la Consejería de Fomento desde 2019 hasta ahora, a esta empresa sólo se han adjudicado dos, por un valor nada despreciable de cuatro millones de euros en total. Aunque la Consejería de Fomento ha desmentido que esta empresa sin sede ni experiencia alguna en el sector de obra pública de carreteras sea a la que se le haya adjudicado más volumen de fondos en contratos de emergencias por parte de la Consejería de Fomento, no se detalla cuál es la mayor agraciada en este sentido.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha exigido “explicaciones urgentes” al Gobierno de Moreno Bonilla porque “presuntamente una empresa fantasma ha recibido contratos y adjudicaciones por un importe nada menor de cuatro millones de euros”. Desde la Junta se asegura que se aplican “criterios de transparencia y concurrencia” en la adjudicación de obras de emergencia, “incluso por encima de lo que marca la ley”, añaden en la Consejería de Fomento. Por último, el departamento de Carazo explica que la Ley de Contratos del Sector Público permite la subcontratación de unidades específicas de las obras.
Los contratos de emergencia de la Consejería de Fomento son, según la Junta, “más garantistas que las exigencias determinadas en la LCSP, es decir cumplen sus requisitos y mucho más ya que no se realizan a dedo”, que aunque la ley lo permite “no lo hacemos”, subrayan en Fomento. De este modo, se invitan entre ocho y diez empresas (requisito que tampoco es necesario), se establecen criterios de adjudicación (que tampoco son necesarios, según la Junta), se limitan las ofertas temerarias para evitar adjudicar obras que no se terminen (tampoco obligatorio) y se suelen invitar a empresas de la zona, de ahí que algunas sean empresas pequeñas”, añaden en la Consejería de Fomento.
¡De que nos extrañamos! El PP es consustancial con la corrupción, ella es la razón de su existencia. Imaginemos en cualquier País de Europa que un pretendiente a la Jefatura de Gobierno sea amigo de un narco-traficante y haya viajado con él a Andorra (paraíso fiscal), haya viajado en su yate. Si quien lo hubiese hecho fuera un dirigente de un partido soberanista o independentista vasco, catalán, gallego; estaría pudriéndose en prisión. Que un individuo así pueda llegar a ser Presidente del Gobierno, define lo que es el Estado Español; no hace falta más pruebas. Lo grave no es ésto, que lo es; sino que haya millones de españoles que voten a esta organización criminal, tal como la definió el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata.