La Plataforma Marea de Residencias ha presentado una querella contra el Gobierno autonómico madrileño de Isabel Díaz Ayuso por el desastre en la gestión de los hogares de la tercera edad. De esta manera, años de privatizaciones y de supuestos negocios oscuros en un sector estratégico para la salud pública concluirán en un procedimiento judicial que ahora comienza y en el que los jueces deberán dirimir lo que se hizo bien y lo que se hizo mal, no solo en el actual gobierno regional del PP y Ciudadanos, sino en los anteriores ejecutivos autonómicos. Va a ser, por tanto, un juicio no solo a la gestión técnica de los responsables de las residencias de mayores sino a las controvertidas decisiones políticas que se han ido tomando en los últimos años.

En la Comunidad de Madrid hay 475 residencias (con 50.000 residentes) de las cuales 25 son totalmente públicas. El resto son privadas o totalmente concertadas, en muchas ocasiones en manos de fondos de inversión opacos o fondos buitre, según consta en la querella a la que ha tenido acceso Diario16. Raúl Camargo, exdiputado en la Asamblea de Madrid por Unidas Podemos y ponente de una propuesta de ley para residencias que pretendía mejorar las condiciones de habitabilidad y laborales en estos centros asistenciales, ya apuntaba a finales del pasado año −cuando la pandemia era solo argumento para disparatadas películas de ciencia ficción−, que el escaso porcentaje de residencia pública y la ausencia de un marco regulatorio favorecía ya entonces la entrada de empresas de todo tipo, también de grandes multinacionales, constructoras y fondos de inversión. “Los últimos años ha habido un proceso de concentración de las residencias en manos de empresas de capital riesgo, en un mapa donde las residencias totalmente públicas apenas representan el 5 por ciento y estamos a la cola del Estado en este aspecto”, dijo Camargo.

Las denuncias también llegaron desde el ámbito sindical. “La residencia se está cayendo a cachos de manera literal. La falta de medios, la falta de materiales −no tenemos pañales, geles, cuchillas de afeitar, guantes− se suma a la falta de personal”, aseguraba Mari Ángeles Maquedano, delegada sindical de CGT Madrid en una residencia de mayores. “Nos redujeron media hora al día para que fuéramos a trabajar más días a la semana. Llegamos a trabajar siete días seguidos. Pusimos una demanda en el juzgado, hicimos manifestaciones en la puerta del centro. Al final, ganamos la demanda”, se quejaba amargamente la trabajadora social.

El 2 de noviembre de 2019, El Salto Diario publicaba un revelador reportaje en el que ya daba cuenta de las denuncias de la Plataforma Marea de Residencias. “Con este espíritu, familiares y personal de las diferentes residencias de Madrid están fraguando una alianza. Es la Marea de Residencias, plataforma que acaba de ver la luz y que el pasado 16 de octubre mantenía su tercera reunión”, aseguraba esta publicación. “Los responsables queremos que cambien las políticas en las residencias de mayores. Es necesario que haya una ley que revise las ratios actuales, que están fijadas en un decreto de 1990; hoy tenemos más grandes dependientes y se necesita más personal”, explicaba Carmen López, portavoz de la agrupación. “Si algo es público debe ser gestionado por la Comunidad de Madrid y los asuntos sociales no deben dar beneficio, sino cubrir la necesidad de las personas mayores”, lamentaba Elena Valero, activista de la plataforma ciudadana.

Todas las señales de alerta ante la progresiva degradación del sector fueron sistemáticamente ignoradas, desatendidas y despreciadas. Ningún responsable político se tomó en serio la demolición de un sector básico para la atención sanitaria en nuestro país. Desde que estalló la pandemia de coronavirus, en la región han fallecido 7.092 personas en el interior de estas “casas del horror” (5.688 oficialmente por coronavirus, lo que representa el 50 por ciento de muertos en geriátricos en todo el país). En algunos centros incluso se han llegado a encontrar cadáveres de ancianos que alguien trataba de ocultar. Todo eso será objeto de una exhaustiva investigación judicial.

Según informa la agencia Europa Press, “los familiares han presentado este lunes la querella colectiva con 26 querellantes en los Juzgados de Plaza de Castilla”. El escrito va dirigido contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y al menos diez directores de residencias de la tercera edad “con fallecidos” o personas “mal atendidas durante esta pandemia”. Quizá esta vez los políticos se lo tomen algo más en serio.

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