El pasado mes de julio el Govern de la Generalitat puso en marcha un mecanismo por el cual se creaba el Fondo Complementario de Riesgos que daría cobertura mediante avales a los trabajadores públicos que tuvieran que responder de hechos derivados de sus funciones. Se decidió que sería el Instituto Catalán de Finanzas quien gestionaría los avales. El Parlament convalidaría pocos días después la decisión.
Establecieron una serie de puntos que deberían cumplir aquellas personas que solicitasen esta medida. De esta forma, el patrimonio personal no se vería afectado y si resultasen condenados, se comprometerían a responder devolviendo el aval y afrontando individual y personalmente.
A través de esta medida, se cubría la fianza de 5,4 millones de euros que acababa de solicitar el Tribunal de Cuentas por la acción exterior del Govern de la Generalitat.
En el momento de ser presentados los avales, el Tribunal de Cuentas solicitó a la Abogacía del Estado que se pronunciara sobre el mecanismo presentado por el Govern, pero no obtuvo respuesta.
Por su parte, la Fiscalía ha tomado declaración a tres miembros del Instituto Catalán de Finanzas que dimitieron inmediatamente después de adoptarse la medida.
Pero hasta hoy el Tribunal de Cuentas no ha confirmado ni ha rechazado los avales mediante este sistema. Mientras la Abogacía del Estado no responde, el Parlament de Cataluña avaló un nuevo Fondo Complementario de Riesgos.
Desde la Moncloa se han pronunciado al respecto y han afirmado que nadie ve motivos ni alega incumplimiento de la ley con el mecanismo del Instituto Catalán de Finanzas. El Periódico publicaba ayer que fuentes del Gobierno consultadas confirmaban que no se impugnará el acuerdo del Govern.
