El acuerdo PSOE-Unidas Podemos presentado ayer por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias prevé aumentar los impuestos a las rentas más altas e incrementar las medidas contra el fraude fiscal. Según los primeros cálculos las medidas que pretende implantar el Gobierno de coalición permitirían recaudar más de 5.600 millones que el futuro Ejecutivo pretende destinar a sostener el Estado de Bienestar.

Fuentes de Gestha, el sindicato de funcionarios de Hacienda, han valorado el plan tributario de PSOE-Unidas Podemos al considerar que la reforma sería “un paso más en la progresividad fiscal garantizada en la Constitución Española”. Pese a que el impacto de la reforma afectaría solo a un 0,7 de los contribuyentes (unos 120.000 de entre los más ricos), el incremento en la recaudación del Estado español sería importante, aunque aún quedaría lejos de la media europea.

Según el acuerdo de PSOE-Unidas Podemos, “la evaluación y el control del gasto público es esencial para el sostenimiento de un Estado del bienestar sólido y duradero. El Gobierno impulsará políticas sociales y nuevos derechos con arreglo a los acuerdos de responsabilidad fiscal de España con Europa gracias a un mejor uso de los recursos públicos, a una reforma fiscal justa y progresiva que nos acerque a Europa y en la que se eliminen privilegios fiscales”. En cuanto al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se incrementan dos puntos los tipos impositivos sobre la base general para los contribuyentes que tengan rentas superiores a 130.000 euros y cuatro puntos para la parte que exceda de 300.000 euros. El tipo estatal sobre las rentas de capital se incrementará en 4 puntos porcentuales para dichas rentas superiores a 140.000 euros. Se estudiará la fiscalidad de las grandes fortunas al objeto de que contribuyan a un sistema fiscal más justo y progresivo.

En cuanto al Impuesto de Sociedades, se reformará garantizando una tributación mínima del 15% de las grandes corporaciones, que se ampliaría hasta el 18% para las entidades financieras y empresas de hidrocarburos; se limitarán las exenciones de dividendos/plusvalías de sociedades por su participación en otras sociedades, reduciéndolas hasta en un 5%; y se establecerán mejoras en la fiscalidad para las pymes, de modo que aquellas sociedades que facturen menos de un millón de euros pasen de tributar de un tipo de gravamen del 25% al 23%.

El pacto tratará de incrementar las medidas para luchar contra el fraude fiscal. Se mejorará la Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal y se elaborará una estrategia nacional contra la evasión de capitales. “Se reforzarán los medios dedicados a la lucha contra el fraude, se actualizará la lista de paraísos fiscales, se potenciará la prevención del fraude mediante la lista de morosos de la AEAT y se prohibirán las amnistías fiscales”. Además, se ampliará el listado de deudores a la Hacienda Pública, se introducirán límites más rigurosos para los pagos en efectivo, se prohibirá el “software” de doble uso y se impulsará la unidad de control de grandes patrimonios. “Ejerceremos un mayor control sobre las SICAV”, dice el texto en alusión a uno de los principales instrumentos utilizados por el gran capital para practicar el fraude fiscal.

Adaptación del actual sistema tributario a la economía del siglo XXI

El pacto asegura que “aprobaremos el impuesto sobre determinados servicios digitales con el fin de gravar aquellas operaciones de la economía digital que actualmente no tributan, en línea con las recomendaciones de la Unión Europea”. De forma añadida, se aprobará el impuesto sobre las transacciones financieras consistente en gravar las operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero. “Apostamos por la nueva fiscalidad verde como mecanismo para desincentivar comportamientos nocivos para el medioambiente, evitando siempre que cualquier modificación recaiga sobre las clases medias y trabajadoras o sobre autónomos y pymes. Promoveremos a nivel europeo el establecimiento de un mecanismo de compensación del CO2 en frontera para las importaciones”.

En el Impuesto sobre el Valor Añadido se tratará de reducir el tipo de gravamen de IVA de los servicios veterinarios y de los productos de higiene femenina.

Uno de los puntos clave será la lucha contra la evasión y elusión fiscal internacional. “Promoveremos activamente la lucha contra estos dos fenómenos en los foros internacionales donde España está presente (G20, OCDE). Revisaremos el régimen fiscal de cooperativas y sociedades laborales para recuperar la eficacia tributaria en el fomento de este tipo de empresas”.

En el capítulo de “cumplimiento de los mecanismos de disciplina fiscal para garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas desarrollaremos una política fiscal responsable, que garantice la estabilidad presupuestaria y la reducción del déficit y de la deuda pública, en una senda compatible con el crecimiento económico y la creación de empleo, con el refuerzo de las inversiones productivas en los ámbitos de la transición ecológica, la educación, la ciencia, la I+D y la digitalización, y con niveles adecuados de protección social. Reforzaremos la progresividad del sistema impositivo y la suficiencia de los ingresos públicos, reduciendo las diferencias con la media europea”. Y añade: “Estableceremos mecanismos de evaluación de las políticas públicas y de sus resultados y mejoraremos la eficiencia del gasto público a través del Plan de Acción de la AIReF para la revisión del gasto (spending reviews, beneficios fiscales, gasto hospitalario del Sistema Nacional de Salud, infraestructuras de transporte e incentivos a la contratación)”.

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