Tal y como publicamos en Diario16, un matrimonio confinado por orden de la autoridad sanitaria a causa del COVID-19 ha comunicado a la Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública (ACODAP) que fueron citados el día 4 de junio “por un varón que acudió a nuestro domicilio afirmando ser del juzgado de paz y aseverando verbalmente que el 8 de junio tendríamos que acudir a un indeterminado juzgado de Guadalajara”, afirmaba indignado el esposo de esta pareja que prefiere mantener su anonimato por haber sido víctimas de represalias (han llegado a denunciar incluso presuntas tentativas de homicidio) como respuesta a sus investigaciones y denuncias, interpuestas por casos graves de corrupción urbanística y medioambiental. Esos juzgados se encuentran a unos 60 kilómetros de su domicilio, situado en una zona de la Alcarria, en despoblación y deficientemente comunicada por el transporte público que deberían utilizar.
La pandemia ha servido para poner de relieve la batalla oculta que mantienen en Castilla La Mancha los representantes de los tres poderes constitucionales. Según ACODAP, por un lado están ejecutivo y legislativo encabezados por Emiliano G. Page intentando controlar la pandemia. Por el otro el poder judicial con Vicente Rouco y su erre que erre pugnando por salirse con la suya.
La respuesta urgente vía email que ha emitido Sanidad de la Castilla La Mancha no deja lugar a dudas sobre qué autoridad está al mando:
“En relación a lo expuesto en su e-mail, le significo que si el médico de atención primaria les ha indicado a Uds. aislamiento domiciliario, deben Uds. seguir dicha indicación sin excepción alguna, por el tiempo que les haya dicho el citado médico, o hasta nueva indicación del mismo.
En cualquier caso, si necesita justificar algún extremo frente a cualquier administración o institución, la vía es una llamada telefónica o un e-mail a su médico de familia.
Atentamente.”
El presidente Rouco pretende manejar la pandemia a su capricho y afición, como si de su propio cortijo se tratase, indica ACODAP que recuerda sus injerencias ilegales en la actividad de los registros civiles para intentar manipular las cifras oficiales de los fallecidos por el Covid-19, hecho que denunció la asociación hace unas semanas a través de los medios de comunicación y las redes sociales.
El dilema planteado ayer con el matrimonio represaliado condujo a un evidente conflicto: Sanidad y el derecho a proteger la salud frente al “ordeno y mando” de los jueces. El gobierno de Castilla-La Mancha se puso inmediatamente del lado de la legalidad vigente en el estado de alarma, mientras los jueces han mantenido un observante y tenso silencio.
Lo fundamental es que este escándalo ha permitido dejar claro que el derecho a proteger la salud queda muy por encima de los personalismos de determinados miembros de la judicatura, indica ACODAP que no puede dejar de recordar los devaneos del presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, durante el estado de alarma sanitaria. Ha estado protegiendo su “reino de taifas” pretendiendo saltarse la autoridad que otorga la ley al ministerio de Sanidad.
