El gobierno de Ayuso lidera una rebelión basada en argumentos que retuercen la ley

El Partido Popular ha demostrado que tienen la pretensión de que la Constitución Española forma parte de su patrimonio. Casualmente, todas las medidas de corte social aprobadas por los diferentes gobiernos progresistas han sido recurridas ante el Tribunal Constitucional porque, al parecer, los únicos que tienen el conocimiento absoluto de la Carta Magna son ellos.

Nada de lo que se haga o implemente que tenga un interés o que amplíe derechos para el global de la ciudadanía es aceptado por el Partido Popular y terminan presentando recursos de inconstitucionalidad.

Así se ha demostrado, por ejemplo, con la ley del aborto o de uniones de personas del mismo sexo. Incluso han visto inconstitucionalidad en decretos orientados a la lucha contra la violencia de género.

Sin embargo, cuando la derecha ha legislado e impuesto reformas en contra de derechos fundamentales de la ciudadanía, eso es correcto o, siguiendo el criterio de determinados tribunales, los derechos se pueden vulnerar sistemáticamente si con ello se salvan los intereses de los poderosos.

Tal ocurrió con la reforma laboral de 2012, impuesta sin ningún tipo de consenso ni de consulta a los sectores implicados, y que conculcaba derechos fundamentales y constitucionales de las clases medias y trabajadoras. Eso sí, daba herramientas suficientes para que las grandes empresas pudieran despedir de forma indiscriminada para mantener o aumentar sus beneficios multimillonarios.

Ahora, con el Real Decreto de medidas para el ahorro energético, el Partido Popular lo ha vuelto a hacer y para ello no ha tenido problema en ponerse al frente de la «rebelión» quien no tiene escrúpulos en rebelarse: Isabel Díaz Ayuso, la presidenta madrileña que ha arrastrado a todo el PP en contra, incluso, de lo que afirmó el propio Alberto Núñez Feijoo una semana antes de la aprobación del Real Decreto.

El gobierno de Ayuso ha señalado hoy diez puntos de presunta inconstitucionalidad que podría tener el decreto en un ejercicio de retorcimiento de la Carta Magna inaceptable en democracia. Ayuso está actuando del mismo modo que determinados jueces que son capaces de retorcer la ley para favorecer los intereses de una familia de banqueros, un banco, una petrolera o una aseguradora.

Según la Comunidad de Madrid, no se pueden establecer máximos ni mínimos en las temperaturas del aire acondicionado y la calefacción porque el objetivo del Real Decreto del gobierno no es garantizar el suministro de gas. No se trata de garantizar el gas o el petróleo, se trata de ahorro de energía que, evidentemente, redundará en que las centrales que generan energía tendrán menor dependencia.

Por otro lado, el gobierno de Ayuso afirma, dentro de toda la simpleza que lleva a retorcer la ley, que se trata de un acuerdo europeo que no es obligatorio. En realidad, lo que indica el acuerdo de la UE es que cada país adoptará las medidas adecuadas pero con un compromiso de ahorro energético que eviten cortes en el invierno. Se trata de un acuerdo global de la Unión Europea con excepciones y con la definición por parte de cada Estado miembro de las medidas a adoptar para impulsar ese ahorro. De esto a decir que no es obligatorio hay un trecho importante, pero en la Comunidad de Madrid de Ayuso se actúa así, con la irresponsabilidad y el populismo por bandera.

Por otro lado, el gobierno de Ayuso echa mano ahora de la legislación de prevención del Covid-19 que tanto criticó y que también llevó a los tribunales. Para ello señala que la obligatoriedad de que las puertas de los locales que estén a pie calle estén cerradas evitaría la ventilación. Todo un ejemplo de coherencia, valga el sarcasmo.

«La extensión de las prohibiciones a energías renovables o de autoconsumo excede la necesaria proporcionalidad del RDL. Si lo que se pretende es ahorro de gas, ¿por qué se prohíbe este tipo de iluminación basada en otras fuentes de energía?», afirma la Comunidad de Madrid.

Esta afirmación demuestra cómo la ignorancia impostada es la mejor arma del populismo y cómo en determinados ámbitos tanto Isabel Díaz Ayuso como su gobierno utilizan los principios de propaganda de Joseph Goebbels. Una de las materias primas utilizadas para la generación de energía eléctrica es el gas. Con la escasez de agua y viento provocada por las condiciones meteorológicas actuales, las centrales térmicas de gas son las que están generando la mayor cantidad de energía eléctrica. Por tanto, un ahorro de energía supondrá una reducción del gas utilizado por esas centrales.

Sin embargo, el mayor absurdo viene cuando el gobierno de Ayuso expone las leyes autonómicas con las que choca el Real Decreto del gobierno. «El apagado de escaparates a las 22.00 horas colisiona directamente con la Ley de Libertad de Horarios Comerciales de la Comunidad de Madrid, que permite abrir las 24 horas del día. ¿Se puede cumplir esa norma con escaparates apagados?», afirma la Comunidad de Madrid.

Sin embargo, el apagado de los escaparates a las 22.00 horas, según confirmó la ministra de Transición Ecológica, sólo se aplicará en aquellos comercios que estén desocupados, es decir, que si están abiertos al público esos escaparates podrán seguir iluminados. Por tanto, el decreto no impide en ningún caso la apertura a la hora que sea de los establecimientos.