Tras el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, celebrado ayer en la Real Casa de Correos, se anunció a bombo y platillo una nueva medida que han denominado «Aceleradora de Inversiones» y, en un principio, está pensada para atraer grandes proyectos empresariales a la región.
Cuando se habla de «grandes proyectos» se puede pensar que se trata de enormes industrias o de corporaciones internacionales que van a trasladar su sede a Madrid atraídos por las ventajas fiscales a los poderosos que ha implementado Isabel Díaz Ayuso.
Sin embargo, cuando se lee la letra pequeña, nos damos cuenta que las «ballenas» se convierten en «pececitos» puesto que la Aceleradora de Inversiones será aplicada a «proyectos que generen más de 50 puestos de trabajo indefinidos o cuya inversión no inmobiliaria supere los 10 millones de euros.» ¿Cincuenta puestos de trabajo son «grandes inversiones»? ¿A quién quieren engañar? Además, esos proyectos de medio centenar de empleos serán considerados como «prioritarios.»
«La Comunidad de Madrid estrena este mes la Aceleradora de inversiones, una nueva herramienta para facilitar la llegada de grandes proyectos empresariales a la región y agilizar el inicio de sus actividades. El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el Decreto que regula esta unidad, sin coste alguno para las arcas públicas, y que tiene como función coordinar la acción de la Administración autonómica para agilizar la tramitación de todas las propuestas de alto impacto por su creación de riqueza y empleo. Así, estará integrada por las diferencias consejerías y entidades locales con competencias en la materia. De esta manera, aquellas inversiones que supongan la generación de más de 50 puestos de trabajo con contrato indefinido o cuya inversión no inmobiliaria supere los 10 millones de euros, se considerarán prioritarias y se reducirá de forma sustancial los plazos de tramitación ordinarios para que puedan comenzar sus actividades lo antes posible,» afirma la Comunidad de Madrid.
No obstante, lo que más sorprende del nuevo decreto del gobierno de Isabel Díaz Ayuso es la parte dedicadas al cumplimiento de la regulación existente. Según, la Comunidad de Madrid, «entre las funciones de la nueva Aceleradora de inversiones también se encuentra la de detectar barreras regulatorias y proponer propuestas encaminadas para su reducción o eliminación, cuando sea posible.»
Cuando se habla de «barreras regulatorias» ¿a qué se está refiriendo el gobierno de Ayuso? Entre esas llamadas «barreras» se encontraría la legislación contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, donde es necesario conocer el origen del dinero invertido. ¿Va a ayudar la Comunidad de Madrid a eliminar esta «barrera regulatoria»? ¿O acaso es un problema que haya un control sobre el origen del dinero que se pretende invertir en España?
Hace más de una década ya ocurrió que, por la permisividad de determinadas leyes del Partido Popular, entraron en España miles de millones de euros procedentes de la corrupción en Venezuela, principalmente de todo lo relacionado con la petrolera estatal PDVSA. A esos ciudadanos se les abrieron las puertas y se relajaron las «barreras regulatorias». Esos venezolanos han sido y están siendo investigados por la Justicia por, precisamente, presuntos delitos de blanqueo de capitales. Informes judiciales muestran cómo desde paraísos fiscales se transfirieron esos miles de millones a bancos españoles para hacer inversiones inmobiliarias o comprar empresas españolas.
Tal y como lo ha explicado el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, esa eliminación de las barreras regulatorias va orientado al mismo camino. La Comunidad de Madrid no habla de burocracia, habla de regulación, y eso es muy grave.
