Pablo Casado ha vuelto a demostrar que la división de poderes no va con él o que no conoce que ese es uno de los pilares de cualquier Estado de Derecho. En la mañana de hoy ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez «que tome todas las medidas para que nada más pisar suelo francés se proceda a la detención y a la extradición de un delincuente, que está fugado y reclamado por el máximo órgano judicial de España», en referencia a la más que presumible llegada a Estrasburgo de Carles Puigdemont en el día de mañana.

Ha sido una representante de ese Gobierno, la ministra de Educación, Isabel Celaá quien ha salido al paso de estas declaraciones del líder del Partido Popular para darle una lección de cultura democrática, dado que ha señalado que la detención de Puigdemont corresponde, en exclusiva, a la judicatura y que son los jueces los que tienen que actuar, no el poder Ejecutivo.

«No vamos a entrar en una serie de declaraciones realizadas por unas u otras fuerzas políticas. La opinión del gobierno fue y es clara y son los jueces los que tienen que actuar», ha dicho Celaá.

Tal vez Casado, al compartir la mañana con José María Aznar, ha tenido una epifanía de cómo le gustaría a él que fuera la democracia, es decir, sin ningún tipo de separación de poderes o que fuese el Ejecutivo el que decidiera las acciones del Judicial. Lo que no es consentible en ningún caso es que el líder de la oposición, mal que le pese a Albert Rivera, exija al Gobierno que tome decisiones que no le corresponden.

Lo menos que se puede esperar de un político de un país democrático, salvo que se pertenezca a los partidos de ultra derecha, es que se tengan los mínimos conocimientos de cómo funciona un Estado de Derecho. Para eso no hace falta ni estudiar ni hacer máster, es cultura general que se aprendía en Primaria o en EGB.

1 Comentario

  1. El problema de la derecha española respecto de la europea es que la española no es democrática, es pseudofascista

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