Tras el acuerdo político con EH Bildu para derogar de forma íntegra la reforma laboral el Gobierno ha rectificado, y ha querido recuperar como socio preferente al PNV tras la pérdida de confianza de la que públicamente se lamentó Sabin Etxea.

El acuerdo al que llegaron ayer para transferir a Euskadi y Navarra de la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV) que el Consejo de Ministros aprobará este viernes. Con este acuerdo, el ejecutivo se asegura el voto favorable de los abertzales en el Congreso a una posible sexta prórroga del estado de alarma.

El texto acordado será incorporado al Real Decreto Ley por el que se apruebe el IMV.

De acuerdo con el pacto suscrito entre EAJ-PNV y el Gobierno español, el traspaso de la gestión del IMV a la CAV y Nafarroa se realizará antes del 31 de octubre de 2020. Hasta ese momento, las administraciones competentes acordarán una encomienda de gestión para realizar las actuaciones que permitan atender a los y las beneficiarias de la medida.

Este pacto, que refuerza la bilateralidad Estado-CAV y Estado-Nafarroa, apuntala el autogobierno de los territorios históricos, se ampara en la especificidad de las Haciendas Forales. De este modo, además, se encauzan los posibles conflictos jurídicos que podían derivarse de la colisión del IMV con la RGI vasca o la Renta Garantizada navarra. Así, el IMV será una renta base no complementaria a la que puedan implementar la CAV y Nafarroa en ejercicio de sus competencias. 

Por último, en el texto acordado se especifica también que cualquier referencia a la Comunidad Autónoma Vasca o a la Comunidad Foral de Navarra en el Decreto Ley de IMV deberá contar con acuerdo previo entre las partes firmantes.

EAJ-PNV, por su parte, se compromete a votar favorablemente el Real Decreto Ley por el que se apruebe el Ingreso Mínimo Vital.

Se trata de un gran acuerdo para la ciudadanía de la CAV y de Nafarroa, que ven blindados sus eficaces sistemas propios de protección social, que seguirán siendo gestionados por sus instituciones. Este pacto, además, supone un logro político en un contexto de tentaciones recentralizadoras y demuestra, una vez más, la eficacia de EAJ-PNV en la defensa de los intereses de las vascas y de los vascos en Madrid.

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