El Gobierno calla tras el asalto de la CIA a la embajada norcoreana

El misterioso asalto protagonizado por un grupo de desconocidos a la embajada de Corea del Norte en Madrid lleva camino de convertirse en material perfecto para una novela de John le Carré. Mientras el Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional trata de esclarecer lo sucedido (cosa que no será fácil) varios medios de comunicación tanto nacionales como extranjeros apuntan a una posible implicación del espionaje norteamericano, o lo que es lo mismo: la CIA. Puede que nunca llegue a probarse judicialmente la participación de los agentes secretos yanquis en este truculento episodio, pero de confirmarse finalmente estaríamos ante un hecho gravísimo que podría enturbiar las difíciles relaciones diplomáticas entre el gobierno socialista español y la Administración Trump.

Es tan espinoso el asunto, que ni siquiera el ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, se ha atrevido a comentar el caso. “No tenía ayer, cuando salí de Madrid, esta información que aparece en algún medio de comunicación. Desconozco su origen y su verosimilitud y, si la tuviera, no se la podría comentar”, declaró Borrell en una rueda de prensa en Belgrado.

Según informaciones del diario El País, agentes de la Policía Nacional y del Centro Nacional de Inteligencia español, encargados de la investigación, vinculan abiertamente a varios de los asaltantes con la CIA. Los hechos se remontan al pasado 22 de febrero, cuando un grupo de hombres tomó literalmente la sede diplomática de Corea del Norte, situada en un chalé del número 43 de la calle Darío Aparicio, en el barrio de Aravaca. A los asaltantes ni siquiera les disuadió que la sede del CNI quede muy cerca de allí. La secuencia fue de película: un grupo de unos diez asaltantes provistos de armas supuestamente simuladas irrumpen hacia las 15.00 horas en el edificio norcoreano.

Acto seguido, el comando reduce al personal diplomático, unas ocho personas, y les colocan bolsas en la cabeza. Todos ellos son maniatados, golpeados e interrogados. En ese momento uno de los rehenes, al parecer una mujer, logra escapar por una ventana y avisa a la Policía, que envía un coche patrulla a la zona. Cuando los agentes piden permiso para entrar en la sede son recibidos por un hombre de aspecto oriental, que abre la puerta a los policías y les comunica que todo está en orden. Mientras tanto, dos vehículos de alta gama propiedad de la embajada del país asiático, con los asaltantes dentro, salen a toda velocidad del lugar.

Dentro de la sede, los agentes encuentran a los ocho funcionarios secuestrados con magulladuras y muy asustados. Han sido retenidos contra su voluntad durante al menos dos horas, aunque otras fuentes apuntan a que el tiempo transcurrido fue más del doble.

Hasta ahí el relato fáctico que debe llevar a una inevitable interpretación política. No hay que ser un experto en derecho internacional para concluir que estamos ante un hecho de extremada gravedad que podría terminar en un conflicto diplomático entre Madrid y Washington. Solo los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tienen potestad, legitimidad y competencia para llevar a cabo misiones policiales en suelo español y siempre con autorización judicial. Lo contrario, que un servicio secreto tome territorio español como campo de batalla para dirimir conflictos políticos internacionales con agentes de otros países, supone una injerencia inadmisible que España debería denunciar en los principales foros internacionales, como la Asamblea General de Naciones Unidas y el Parlamento Europeo.

Lamentablemente nos encontramos con dos actores que, lejos de aclarar el incidente, tratarán de echar tierra encima. Nos referimos, cómo no, a Donald Trump y a Kim Jong Un. No hace falta decir que el primero es un pistolero del Oeste que se cree por encima de la ley y por tanto con derecho a llevar a cabo acciones militares en Estados soberanos, incluso aliados, como es el caso de España. Todo lo que debe saber Trump sobre el derecho internacional es que es un farragoso compendio de leyes, convenios y tratados internacionales que en un momento dado, y en caso de urgencia, pueden servir como papel higiénico para los suntuosos cuartos de baño de la Casa Blanca.

De hecho, no parece que ni el derecho internacional ni las advertencias de la ONU vayan a servir de mucho para disuadir al líder del mundo libre de que dé luz verde a acciones militares en Venezuela, ya sea una invasión con los marines o la guerra cibernética para provocar apagones masivos en el país que todavía dirige Nicolás Maduro. Si Trump está pensando en invadir la república bolivariana, ¿por qué le iba a temblar el pulso a la hora de autorizar un comando de la CIA capaz de irrumpir en una embajada de Madrid y de interrogar a sus funcionarios, robarles documentación confidencial y obtener una serie de pruebas al margen de la ley si es preciso? Trump debe creer sin duda que todo le pertenece, que el mundo nunca es suficiente, como en aquella película de James Bond, de modo que si necesita algo envía a sus lacayos y lo coge sin más.

Pero es que al otro lado del suceso está Kim Jong Un, otro líder enloquecido que juega con sus bonitos misiles de medio alcance tierra-aire, como un niño travieso con sus puzles y mecanos. La férrea dictadura que dirige bajo el mayor de los hermetismos y la falta de transparencia se encargará con total seguridad de archivar el caso de la embajada de Madrid, y por ahí la opinión pública tampoco llegará a conocer la verdad. Solo una actitud firme y decidida del Gobierno español, que debería formalizar una protesta en toda regla ante los foros internacionales, podría arrojar algo de luz al grotesco suceso. Lamentablemente, Borrell ya ha insinuado que no está por la labor sino más bien por dejar que el asunto se vaya enfriando hasta olvidarse. De tal forma que una vez más los agentes de la CIA, esos que tienen licencia para matar, seguirán haciendo la guerra sucia en territorio español.