El Consejo de Ministros aprobará hoy la Ley de Vivienda, que incluye por primera vez, el control de precios en las zonas más tensionadas. La aprobación se producirá más de un mes después de lo previsto por la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, debido a las demoras del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en la emisión del informe preceptivo sobre el texto.
UGT y CCOO mantuvieron ayer una reunión con la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, y con el secretario de Estado para la Agenda 2030, Enrique Santiago, en la que se ha valorado la situación en la que se encuentra la futura Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda.
El Consejo General del Poder Judicial crítico con la ley
El órgano judicial aprobó la semana pasada un informe crítico con el anteproyecto del Gobierno, al reflexionar que “la vivienda es una materia de titularidad autonómica”. Tras este varapalo, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, insistió en que el ejecutivo “no invade competencias autonómicas con la futura normativa”, recordó al Consejo General del Poder Judicial, (CGPJ) que sus consideraciones debían sólo ceñirse “a los puntos que podrían interferir con tres artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, relativos a los procedimientos de desahucio”.
La primera ley de vivienda de la historia de la democracia
Con el informe preceptivo, pero no vinculante, el Consejo de Ministros dará luz verde a una de las leyes más importantes y a la vez más polémicas de la actual legislatura, la primera ley de vivienda de la historia de la democracia.
A finales de 2021, la ministra daba por seguro su aprobación, tras dar aprobarse en octubre en primera lectura. Sin embargo, eso no fue posible, porque se estaba a la espera, del informe preceptivo del CGPJ, que está en funciones desde hace tres años y que no tiene ningún viso de renovarse.
El pasado 17 de Enero, la ministra Raquel Sánchez volvió a anunciar su aprobación en el Consejo de Ministros del día siguiente, pero volvió a encontrarse con la demora del Consejo General del Poder Judicial, que rechazó la propuesta de informe y designó nuevos vocales para la elaboración de un nuevo documento.
Reunión de Ione Belarra con los sindicatos
Todos estos retrasos al anteproyecto de Ley llevaron a Unidas Podemos a cuestionar el compromiso del PSOE con la Ley de Vivienda. La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, propuso a comienzos de la semana pasada una ronda de contactos con colectivos sociales para hacer frente común y defender “los aspectos más sociales de la futura Ley de Vivienda”, ante el temor de que el PSOE se echara atrás.
UGT y CCOO trasladaron a la ministra y el secretario de Estado su firme posición para que el contenido de la ley, más allá del informe emitido por el Consejo General del Poder Judicial, “recoja medidas efectivas para acabar con la grave emergencia habitacional de nuestro país”.
Ambas organizaciones han exigido al Gobierno “que plantee una estrategia ambiciosa para constituir un parque público de viviendas suficiente, además de incorporar garantías legales para acabar con el alto número de desahucios –y atender, como consecuencia, la alta necesidad de soluciones habitacionales. Asimismo, ambos sindicatos se han referido a los desproporcionados precios en el mercado del alquiler y a la urgencia de actuar en las zonas especialmente tensionadas al respecto”.
UGT y CCOO han señalado, además, que “propondrán mejoras al texto conocido si el que apruebe el Consejo de Ministros no recoge suficientemente las alegaciones realizadas al Anteproyecto de Ley en su periodo de consulta previa”.
El temor de Podemos no estaba justificado
Fuentes del Ejecutivo señalaron que el temor de Unidas Podemos no estaba justificado y fue la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, la que insistió en que “no había ningún género de dudas al respecto sobre el compromiso de los socialistas con la ley”.
El Gobierno de coalición salvó con el acuerdo de la Ley de Vivienda el último obstáculo para que los morados diera el visto bueno a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022.
Control de precios
El texto del anteproyecto de ley aprobado el pasado 26 de octubre pretende «configurar la vivienda como el quinto pilar del Estado del Bienestar», como dijo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado 20 de Enero.
El pasado martes, se dio luz verde a dos importantes medidas, el Bono Joven para Alquiler y el Plan Estatal de Vivienda 2022-2025. Para complementar ambas iniciativas, en las próximas semanas, se prevé aprobar la primera ley de vivienda de la historia de España.
“La vivienda va a dejar de ser una asignatura pendiente en nuestra democracia”, recordó la ministra de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ese martes en la rueda de prensa posterior.
Zonas tensionadas
La nueva normativa incluye el control de precios en las zonas tensionadas. Las administraciones locales serán las encargadas de definir la declaración de las zonas tensionadas, por un periodo de tres años, aunque podrá prorrogarse año a año si se dan las circunstancias.
La declaración de una zona tensionada implicará la articulación de un plan específico para orientar las actuaciones y revertir los desequilibrios. También se prevé un mecanismo excepcional de contención y bajada de precios en estas zonas.
Bonificaciones fiscales
El Gobierno pretende estimular fiscalmente el alquiler de la vivienda habitacional de manera asequible con deducciones que irán del 50% al 90% en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
En las áreas tensionadas en las que los caseros bajen un 5% la renta respecto al contrato anterior, la bonificación ascenderá al 90%. La deducción será del 70% si se alquila por primera vez a jóvenes de 18 a 35 años en esas zonas tensionadas. Si en el inmueble se han realizado obras de rehabilitación o mejora, la bonificación será del 60%.
Incremento del IPC
Los propietarios que firmen un contrato de al menos, 10 años podrán librarse de la congelación de los precios en las zonas tensionadas y podrán incrementar el alquiler hasta en un 10% a cambio de ampliar la duración del contrato. Además, en esta zonas el inquilino podrá prorrogar su contrato tres años más de lo que se contempla actualmente, manteniendo las mismas condiciones, con lo que se aseguran de que la renta sola suba con el IPC durante un periodo más amplio.
No obstante, existirá una moratoria de 18 meses desde la aprobación de la ley hasta que rija el índice de referencia de los precios en las zonas tensionadas.
Parque público de vivienda
La ley de Vivienda protegerá de forma permanente el parque público de vivienda social, que no podrá ser enajenado. Además, introduce el concepto de vivienda asequible incentivada de titularidad privada, que otorgará beneficios fiscales o de cualquier otra índole para los propietarios que ofrezcan un alquiler a precios reducidos.
Para movilizar la vivienda y evitar los pisos vacíos, el anteproyecto establece recargos del 150% al IBI en la cuota líquida. De esta forma, se abre el abanico del 50% permitido en la actualidad hasta ese 150%. Este recargo máximo se aplicará a viviendas desocupadas durante más de dos años y a propietarios titulares de un mínimo de cuatro viviendas en el mismo municipio.
Invade competencias de las CCAA y de los Ayuntamientos
Esta ley invade competencias de las corporaciones locales y de las comunidades autónomas y es ese precisamente uno de los puntos en los que más se detuvo el informe del CGPJ.
A pesar de eso, Sánchez ha insistido en que la Ley no invade las competencias autonómicas y ha invitado a las autonomías a aplicar la normativa, las dirigidas por el PP ya han recordado que no lo van a hacer.
El Impuestos de Bienes Inmuebles es competencia municipal y se puede dar el caso que en unos municipios se aplique la ley y en otros no, generando desigualdad entre propietarios, ya sean particulares o grandes tenedores.
Tras la aprobación del texto en el Consejo de Ministros de mañana, el texto se remitirá al Congreso.
