El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, saluda a un niño en una reciente visita al municipio cordobés de La Rambla.

Mientras el consejero andaluz de Educación, Javier Imbroda, compara la seguridad de la vuelta a las aulas en septiembre con la misma que puede existir al ir a la playa, al pasear o al entrar en un supermercado, su departamento guarda absoluto mutismo ante una treintena de dudas concretas que los directores y directoras de Educación Infantil y Primaria y Residencias Escolares le remitieron hace más de una semana. La Junta de Andalucía sigue empeñada en una “presencialidad segura” en la vuelta al colegio al cien por cien, aunque al mismo tiempo el máximo responsable de este departamento se pregunta: “¿Quién garantiza que no haya un positivo?”.

Javier Imbroda compara la seguridad en la vuelta a las aulas con la misma que existe en las playas, en pasear o en un supermercado

La amplia batería de dudas que los directores de los centros escolares han hecho llegar hace más de una semana a la viceconsejera de Educación, Carmen Castillo, se produce después de una reunión mantenida el pasado 7 de julio entre los máximos responsables de la Consejería de Educación y la dirección de la Asociación Andaluza de Directores y Directoras de Educación Infantil y Primaria y Residencias Escolares (Asadipre). El presidente de esta asociación, Enrique Jabares, insta a Educación, entre otros muchos aspectos, a modificar el cupo de 20 alumnos por clase para computar en la llegada de maestros de refuerzo a los centros. En términos globales, el plan de la Consejería de Educación apenas contempla la contratación de un profesor por centro escolar, entre los casi 7.000 que tiene la comunidad andaluza. Actualmente, la media de las ratios de los centros escolares andaluces supera con creces la cifra de 20 alumnos por aula, llegando a una horquilla habitual de entre 25 y 35 alumnos.

Entre otras dudas, los directores de los centros escolares andaluces preguntan si el nombramiento de coordinador Covid-19 en cada centro se puede nombrar de forma obligatoria en caso de que ningún docente quiera asumirlo. También se cuestionan cómo se puede recepcionar al alumnado de transporte, aula matinal y hermanos de cursos distintos, en especial de distintos grupos de convivencia escolar, si los tutores deben dejar el aula para acompañar al resto del alumnado del aula. “¿Qué realizarán estos alumnos/as mientras sus compañeros/as aún no han entrado al centro?”, se pregunta el presidente de Asadipre.

Boicot a la vuelta al cole sin seguridad

Mientras tanto, los directores y directoras de los colegios de Sevilla sí han mostrado ya públicamente su total desacuerdo con el plan de regreso a las aulas planteado por el Gobierno de Moreno Bonilla. Al tiempo que el consejero Imbroda apela a la “responsabilidad de todos”, las Ampas de muchos colegios se están organizando y ya hablan abiertamente de no enviar a sus hijos a los colegios si se mantienen las condiciones actuales de seguridad en las aulas.

El Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de Infantil, Primaria y Secundariaestipula que las aulas deben disponer en una situación normal, sin necesidad de distanciamiento personal, de un mínimo de dos metros cuadrados por puesto escolar en Infantil (Artículo 6.1.a) y de 1,5 metros cuadrados en Primaria y Secundaria (Artículo 10.a).

“Si hacemos los cálculos para grupos que cumplen escrupulosamente la ratio, nos quedaría, sin arañar un centímetro y contando con docentes incorpóreos y/o capaces de levitar: una clase de Bachillerato de 35 estudiantes en un aula de 52,5 metros cuadrados; una de Secundaria de 30 con 45 metros cuadrados; una de Primaria de 25 con 37,5 metros cuadrados; y una de Infantil de 25 con 50 metros cuadrados”, explica el sindicato CGT en un comunicado.

Atendiendo a estos parámetros, los alumnos que cabrían en las diferentes aulas de Bachillerato, Secundaria, Primara e Infantil si se guardan la distancia de dos metros que recomiendan las autoridades sanitarias serían, respectivamente, 13, 11, 9 y 12 estudiantes, según las estimaciones de CGT. “La capacidad se reduce entre el 50 y el 66% aproximadamente. Está claro que si no se multiplican por dos o por tres docentes y espacios el riesgo es mayúsculo”.

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