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El Gobierno andaluz aprovecha la crisis del coronavirus para privatizar los medios públicos locales de radio y televisión

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El Gobierno bipartito andaluz de Partido Popular y Ciudadanos aprovechará este jueves la situación de excepcionalidad creada por la pandemia mundial del coronavirus para aprobar, con nula actividad parlamentaria y con el apoyo de la ultraderecha de Vox, una norma que de facto sirve para privatizar los medios de comunicación públicos locales tanto de radio como de televisión. La medida ha puesto en contra de forma unánime a todo el colectivo de profesionales de la comunicación en Andalucía y también a PSOE y Adelante Andalucía.

Los colectivos profesionales, organizaciones sociales, facultades de comunicación, sindicatos, oenegés y medios de comunicación de Andalucía firmantes de un manifiesto conjunto contra la privatización alegan que el Decreto Ley 2/20, denominado por el Gobierno andaluz “de Mejora y Simplificación de la Regulación para el Fomento de la Actividad Productiva en Andalucía”, aprobado por el Gobierno Andaluz y remitido al Parlamento autonómico este jueves para su validación, “supone, de facto, una ruptura de los consensos políticos y sociales que llevaron a la aprobación de la Ley Audiovisual de Andalucía en 2018 y que convirtió a la comunidad andaluza en un referente en políticas audiovisuales a nivel estatal”.

Sin fines de servicio público

Con la aprobación de esta norma por el ejecutivo de Moreno Bonilla, cualquier empresa pueda utilizar la frecuencia de la radio o televisión municipal “sin fines de servicio público” y podrá también repetir una señal producida en Madrid, Barcelona o incluso, en el extranjero, algo que, según los profesionales del sector, “va claramente en detrimento del empleo andaluz, los contenidos locales y la articulación territorial”.

Los profesionales de la comunicación de Andalucía denuncian “las formas con las que ha actuado el gobierno de la Junta de Andalucía”, que en pleno estado de alarma con todo el país confinado en sus domicilios ha llevado a la Diputación Permanente del Parlamento andaluz estos importantes cambios para el sector “sin debate alguno y tan solo dos años después de dar el visto bueno a la actual Ley por parte de todos los grupos políticos del Parlamento”.

El colectivo de periodistas y sindicatos y organizaciones de comunicación de Andalucía exigen al Gobierno andaluz que abandone la unilateralidady retome la Mesa para la Ordenación e Impulso del Sector Audiovisual en Andalucía (MOISA) “para alcanzar los consensos necesarios que mantengan la esencia de la norma andaluza que tanto tiempo y esfuerzos nos costó construir”.

Los periodistas y entidades vinculadas a la comunicación de Andalucía creen que esta medidas del Gobierno de Moreno Bonilla, además de la privatización de los medios públicos locales, tanto de radio como de televisión, contraviene uno de los objetivos básicos de la comunicación local, que es la construcción de identidad territorial, “al permitir que desembarquen empresas de comunicación desde fuera de Andalucía sin arraigo en el territorio, ocupando frecuencias que ahora son públicas”. De este modo, esta singularidad de la norma que aprueba el ejecutivo bipartito con el apoyo de la ultraderecha permitirá que cualquier empresa pueda utilizar la frecuencia de la radio o televisión municipal sin fines de servicio público y podrá repetir una señal producida en Madrid, Barcelona o incluso, en el extranjero, con lo que ello atenta en detrimento del empleo andaluz, los contenidos locales y la articulación territorial.

El artículo 5 del nuevo Decreto Ley que reforma la Ley Audiovisual establece la supresión del artículo 38.1.c, que elimina la obligación de disponer de estudio de producción operativo en el ámbito territorial de cobertura (seas municipal, comercial o comunitario). Esta medida es, según los profesionales, contraria a la Ley General Audiovisual y a los principios inspiradores de la Ley andaluza.

Además, lejos de proteger el espacio radioeléctrico, el Decreto Ley de la Junta permitirá a las empresas anunciarse en emisoras ilegales e incluso emitir campañas institucionales derivadas por agencias de publicidad sin que sean sancionadas. Esta norma garantiza, según los profesionales de la comunicación, impunidad a las emisiones piratas que merman la capacidad de ingresos por publicidad de las emisoras legales, tanto privadas como públicas, “desregulando el sector, su transparencia y control fiscal”.

Además, este decreto degrada” el papel del Consejo Audiovisual Andaluz, prescindiendo de sus informes para temas como los relacionados con los cambios de adjudicatarios en los negocios jurídicos con las licencias obtenidas en concurso público. “Con esta decisión, el gobierno andaluz minusvalora al sector audiovisual y pone en riesgo industria y empleos”, denuncian los periodistas andaluces.

Este nuevo decreto del Gobierno andaluz no solo deja al sector audiovisual andaluz sin la puesta en marcha de las medidas anunciadas en la Ley Audiovisual, aprobada por unanimidad hace menos de dos años, sino que alienta “el auge de la piratería, el mercadeo de licencias y la dificultad en la articulación territorial en una región de más de ocho millones y medio de habitantes y 87.000 kilómetros cuadrados”

Las organizaciones que han firmado este manifiesto contra el decreto del Gobierno andaluz son: Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA-FeSP) Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), Asociación de Emisoras Municipales y Ciudadanas de Andalucía de Radio y Televisión (EMA RTV), Red Estatal de Medios Comunitarios (ReMC), Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA), Coordinadora Andaluza de ONGD (CAONGD), la asociación de consumidores FACUA, las Facultades de Comunicación de las Universidades de Málaga y Sevilla, así como las asociaciones de la prensa de Almería, Huelva, Sevilla, Cádiz, Córdoba y Málaga.

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