Los padres tendrán cada vez más peso específico en la toma de decisiones de la educación pública que se imparte en Andalucía y los centros escolares y el profesorado perderán la autonomía que hasta ahora tenían, después del acuerdo de apenas dos párrafos firmado este miércoles por el consejero de Educación, Javier Imbroda, de Ciudadanos, y el portavoz parlamentario de Vox, Alejandro Hernández, el mismo que mandó “a tomar por culo” a la presidenta de la Cámara autonómica, Marta Bosquet, también de Ciudadanos, en un pleno parlamentario que no supuso ninguna consecuencia sancionadora para el diputado ultraderechista.
El pacto supone de facto una clara injerencia en la autonomía de los colegios andaluces y su profesorado que les reconoce la legislación vigente
Una vez que la agencia Europa Press publicó la información sobre el pacto, firmado sin luz ni taquígrafos dando por hecha la implantación del “pin parental”, fuentes de la propia Consejería de Educación se aprestaron rápidamente a “aclarar” apenas unas horas después los términos eufemísticos y vagos del acuerdo firmado por Gobierno autonómico y Vox en apenas diez líneas. “En ningún caso se trata de un acuerdo para la implantación del llamado pin parental en el sistema educativo andaluz”, aseguraron tajantes fuentes de Educación.
El pacto del Gobierno andaluz con los ultraderechistas busca culminar el acuerdo que PP, Ciudadanos y Vox firmaron a comienzos de la legislatura para imponer el veto parental en la educación pública de Andalucía como exigía la formación que brinda externamente su decisivo apoyo de Gobierno al bipartito de Juan Manuel Moreno Bonilla.
Acuerdo marxista, de Groucho Marx
Este nuevo acuerdo de las tres formaciones conservadoras tiene mucho de marxista, de Groucho Marx, y aquello de “la parte contratante de la primera parte”, porque los dos socios de Gobierno en Andalucía llevan más de un año sin saber cómo vestir al santo para que no parezca lo que realmente será, como han denunciado sindicatos y oposición: que los colegios andaluces y su profesorado pierden de este modo la autonomía en la educación de los escolares, como les reconoce la normativa vigente.
El eufemístico acuerdo firmado este miércoles por Imbroda y el líder de la ultraderecha en Andalucía dice así: “Con el objetivo de salvaguardar la libertad y la participación de los padres en la actividad educativa y sin menoscabo de las potestades del personal docente, la Consejería de Educación y Deporte, con el apoyo del Grupo Parlamentario de Vox en Andalucía, se compromete: a impulsar, antes de la finalización del presente periodo de sesiones, los cambios normativos necesarios para garantizar la igualdad de oportunidades en el sistema educativo que permita a las familias educar a sus hijos en libertad, sin imposiciones de ningún tipo, mediante el establecimiento de un sistema trasparente de información a los padres a través del cual se impulse la implicación de las familias en la educación de los hijos y el derecho de los padres a decidir sobre la participación de sus hijos en actividades complementarias, siempre con absoluto respeto a los preceptos consagrados en la Constitución Española”.
Fuentes de la Consejería de Educación añadieron a este eufemístico pacto que busca “trabajar en mejorar la transparencia y facilitar el acceso a la información previa del proyecto educativo a las familias”. En definitiva, el departamento que dirige Imbroda asegura que implementará “mecanismos” para que los padres conozcan el plan del centro y las actividades que lleva a cabo. “Se trata exclusivamente de mejorar la información y la transparencia, no de implementar una autorización expresa”, añaden estas fuentes de Educación.
Imbroda ha sido, hasta este miércoles, el principal valedor del Gobierno de Moreno Bonilla que rechazaba en su totalidad las aspiraciones de Vox para implantar este veto parental en la educación andaluza. Incluso llegó a pedir hace ahora un año a la formación ultraderechista que “deje en paz” a los docentes y a los alumnos respecto a este asunto. Ahora, Imbroda y Vox ya se sientan cara a cara, pero sin ninguna transparencia informativa, en el Parlamento de Andalucía para avanzar hacia el veto parental ansiado por Vox.
Desde la oposición, la diputada Beatriz Rubiño, responsable de educación del PSOE andaluz, asegura que este acuerdo supone “un verdadero atentado a la democracia y a la labor que se realiza en los colegios públicos andaluces por parte de sus docentes. Hablar de “pin parental” es blanquear a la extrema derecha, cuando están imponiendo un claro veto en los centros educativos. Se trata de censura”.
