El FROB al Santander: «Sería conveniente coordinar la comunicación a los medios»

Tal y como hemos demostrado en Diario16 con la documentación que obra también en manos de la Justicia, la subasta por la que el Santander compró el Banco Popular fue ilegal, puesto que se realizó fuera del plazo estipulado por los organismos públicos responsables de ese acto administrativo.

Diario16 ha tenido acceso ahora a un cruce de correos entre el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y el Santander relacionado con la subasta y que se inició el día 7 de junio de 2017 a las 3.52 de la madrugada, es decir, 40 minutos después de que el banco cántabro presentara su oferta de un euro a las 3.12 horas.

El FROB se dirigió al Santander en los siguientes términos para recibir una confirmación de que la entidad cántabra se haría cargo de inmediato de las necesidades de liquidez del Popular provocadas por la fuga de depósitos, principalmente, de los organismos públicos.

«Necesito nos confirmes que ante la petición expresa que os hemos formulado de que Banco Santander va a asumir todas las necesidades de liquidez de Banco Popular Español a partir momento del acuerdo de la Comisión Rectora del FROB que implementa el dispositivo de la Junta Única de Resolución, nos habéis manifestado vuestra plena conformidad y compromiso», afirma el primer correo.

El Santander confirmó lo indicado por el FROB a las 4.16, señalando dos de los documentos más ocultos de todo el Caso Popular: las condiciones de la oferta presentada en la subasta ilegal y el contrato de compraventa.

El hecho de que esos documentos sigan inaccesibles tanto para los afectados como para la Justicia es una de las muestras de que la opacidad en el Caso Popular no es otra cosa que la proyección real de la impunidad con la que actúan tanto el Santander como las instituciones económicas de la Unión Europea, junto con sus asociados nacionales.

La opacidad a la hora de exponer la motivación de la resolución de Banco Popular y de mostrar todos los procedimientos aplicados se muestra en la siguiente respuesta del FROB al correo del Santander: «Sería conveniente coordinar la comunicación a los medios», para pedir a continuación información sobre la persona con la que poder realizar dicha coordinación.

La falta absoluta de transparencia de la resolución del Banco Popular se demuestra, precisamente, en comportamientos como el reseñado en el correo electrónico del FROB al Santander. Por otro lado, cuando no hay nada que ocultar, la opacidad no debería tener cabida. Más bien todo lo contrario.

Otra muestra de la falta de transparencia del Caso Popular lo encontramos en el hecho de que los nombres de las personas destinatarias aparezcan tachados. Diario16, en este caso, no ha sido el responsable de esa censura, sino que fue el propio FROB quien entregó así esta documentación a la Audiencia Nacional, imposibilitando al juez Calama Teixeira tener conocimiento de las personas que estuvieron en primera línea durante la resolución del Banco Popular e impidiendo que puedan ser llamadas a declarar a la Audiencia Nacional para esclarecer lo que ocurrió en la madrugada del 6 al 7 de junio de 2017. Esto podría ser constitutivo de un presunto delito de obstrucción a la Justicia.

Además, tal y como ya informamos en Diario16, esta falta de transparencia vulnera derechos fundamentales de los afectados al impedir el acceso a documentación clave para ejercitar con garantías sus acciones judiciales. Es decir, que la opacidad repercute en la conculcación del derecho a la tutela judicial efectiva reconocida tanto por la Constitución española como por la normativa de la Unión Europea y por la Carta de Derechos Humanos de la ONU. ¿Hasta ahí se puede llegar para salvar al sistema financiero y a un banco en concreto? Lamentablemente, los derechos humanos tienen vigencia hasta que concurren en competencia con los intereses de las élites y del Banco Santander.