España necesita, con urgencia, al menos tres pactos de Estado: uno por la educación, otro por las pensiones y un tercero contra el fraude fiscal. Este último nos permitiría recaudar 60.000 millones de euros más cada año, reduciendo el negativo diferencial de ingresos fiscales respecto a la UE y situándonos entre los países más ricos de Europa. En teoría, sería fácil lograr que España, por producto interior producto (PIB), se colocara algún día a la cabeza de los Estados occidentales más desarrollados. Bastaría con impulsar un sistema tributario más justo, redistributivo y progresivo dotado de una nutrida plantilla de inspectores de Hacienda, especialistas bien preparados y provistos de medios materiales modernos y avanzados para perseguir a los defraudadores. Sin embargo, a las élites económicas, siempre celosas de sus privilegios, no les interesa ese pacto que nos ayudaría a dar el salto definitivo hacia la prosperidad como Estado.

España es un país que históricamente se ha visto lastrado por la lacra de la evasión fiscal. Tras la caída de la monarquía y la instauración de la Segunda República en 1931 se produjo una fuga masiva de capitales al extranjero. El 15 por ciento de los depósitos bancarios (unos 1.000 millones de pesetas) fueron retirados y desviados al extranjero. De esa manera las grandes fortunas, convencidas de que el cambio de régimen conduciría a España hacia el comunismo, ponían a salvo su patrimonio a sabiendas de que se produciría un hundimiento de la economía nacional. Hoy esa vieja costumbre de esquilmar al país, de robarle su riqueza y su futuro, sigue siendo una práctica habitual. A los nacionalistas de las tres derechas se les llena la boca de amor a la patria pero siguen teniendo sus ahorros e inversiones en el extranjero, privando al Estado de ingresos vitales para seguir financiando servicios públicos como la sanidad o la educación.

Buena parte de las grandes fortunas que siguen en manos de las élites empresariales y financieras ocultan gigantescas bolsas de patrimonio en paraísos fiscales como Suiza o Panamá. La mayoría se escudan en empresas instrumentales, sociedades offshore o compañías fantasma creadas con un único objetivo: eludir el pago de tributos a Hacienda.

Cuando acabamos de cumplir el tercer aniversario de la revelación periodística de los papeles de Panamá, inspectores de Hacienda del sindicato Gestha han registrado un escrito en el Congreso de los Diputados para exigir más “voluntad política a la hora de desmontar las triquiñuelas que utilizan las personas de mayor poder adquisitivo y las más grandes sociedades para eludir el pago de impuestos”, según Carlos Cruzado, presidente de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).

Estas prácticas de rapiña tributaria causan un grave daño al país, al futuro de la nación, ya que aumentan la desigualdad, socavan los cimientos del Estado de Derecho y generan más exclusión social, ya que mientras los clases trabajadoras soportan el peso del sostenimiento de los servicios públicos esenciales para el funcionamiento de la sociedad, los ricos escapan impunemente y dejan de contribuir con sus impuestos en la medida en que marca la ley. No hace falta recordar que España es el país de Europa en el que más han crecido las desigualdades sociales en los últimos diez años y esto es así porque quienes tienen que pagar más no lo hacen.

El nuevo Plan de Control Tributario ha tratado de centrarse en el fraude de las grandes empresas y patrimonios pero hay un dato que sigue siendo preocupante: la plantilla de la Agencia Tributaria ocupa el último lugar en la Unión Europea en las ratios de inspectores tributarios por número de ciudadanos. De esta forma, España cuenta con 24.712 efectivos menos para luchar directamente contra la economía sumergida. O lo que es lo mismo, solo un inspector por cada 2.836 ciudadanos frente a la media europea, según la cual cada efectivo controla a menos de 1.400 contribuyentes.

La consecuencia de esta falta de medios humanos para investigar y reprimir el fraude fiscal es inmediata: cada contribuyente español tiene que contribuir con 2.000 euros de su dinero a tapar el agujero que dejan las grandes fortunas que evaden impuestos.

Según Cruzado, el fraude es “bastante transversal”. El 80%, aproximadamente, es cometido por grandes empresas y fortunas que utilizan artimañas para evadir el pago de impuestos, por ejemplo, desviando su dinero a paraísos fiscales de escasa o nula tributación, donde está camuflado entre el 30 y el 40 por ciento del dinero de los mayores patrimonios españoles. En total, unos 140.000 millones de euros. “Pero también hay profesionales y autónomos que piden facturar sin IVA. O trabajadores que cobran en negro. O empresarios y ejecutivos que obtienen beneficios y reciben sobresueldos sin rendir cuentas al fisco. O políticos que protagonizan tantos y tantos escándalos de corrupción” asegura el experto.

El año pasado se recaudaron más de 15.000 millones de euros en la lucha contra el fraude, una cifra nada desdeñable. Pero queda mucho por hacer mientras esos 60.000 millones que escapan al fisco cada año no vuelvan a las arcas públicas. Con ese dinero se podrían construir escuelas, institutos y universidades. Con ese dinero podríamos levantar modernos hospitales, invertir en investigación, innovación y desarrollo, y garantizar una renta vital básica para todos los ciudadanos, así como unas pensiones dignas. Y por supuesto, con todo ese tesoro oculto que tenemos la obligación política y moral de encontrar y restituir a los españoles, España podría situarse en el lugar que le corresponde: no en el furgón de cola, como hasta ahora, sino entre los países más ricos y avanzados de Europa.

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