El Comité Económico y Social Europeo (CESE) ha aprobado hoy un Dictamen en el que propone un Plan de acción para una fiscalidad equitativa y sencilla que apoye la estrategia de recuperación económica, una comunicación sobre la buena gobernanza fiscal en la Unión Europea y a nivel internacional, además de una propuesta de Directiva que modifique, por séptima vez, la Directiva de cooperación administrativa en el ámbito fiscal.

En términos generales, CESE apoya la iniciativa de la Comisión Europea que sigue a otro paquete de nuevas medidas para hacer más eficaz la lucha contra el blanqueo de capitales, de cuyo correspondiente dictamen fue ponente Javier Doz, miembro del CESE por CCOO.

Todos los esfuerzos que está realizando la Comisión Europea para combatir los delitos y la elusión fiscales, fuertemente apoyada en este tema por el Parlamento Europeo, serían mucho más eficaces si hubiera una convergencia sólida de normas y procedimientos de actuación en materia fiscal entre los Estados miembros. A lo anterior habría que unir una cooperación más estrecha y leal entre sus gobiernos y sus administraciones tributarias.

Según ha señalado Doz: «La armonización fiscal es necesaria para parar la sangría de los ingresos públicos de los países de la UE que no promueven la elusión fiscal, y a ella se oponen los gobiernos de los Estados que promueven la elusión fiscal porque se benefician de ella».

A pesar de que se ha reducido en los últimos años, la elusión fiscal supone en la UE, según datos de la Comisión Europea, pérdidas anuales de ingresos públicos de un mínimo de 35.000 millones de euros. Los Estados que la promueven están perfectamente identificados en la Unión Europea: Luxemburgo, Países Bajos, Irlanda, Malta, Chipre y Bélgica. Esta es una situación inadmisible que debe terminar cuanto antes.

En materia de fraude fiscal, sólo el fraude del IVA alcanza un volumen de 140.000 millones de euros, de los cuales 50.000 millones provienen de modalidades de fraude transfronterizas.

En su dictamen, el CESE pone especial énfasis en la necesidad de combatir el fraude y la elusión facilitados por la economía digital. En particular considera que es imprescindible una regulación fiscal y laboral, europea e internacional de las nuevas plataformas digitales que, casualmente, están domiciliadas siempre en los países señalados como paraísos fiscales aunque no se encuentren en la lista.

La UE sacó de la lista negra a Islas Caiman

El dictamen del CESE prácticamente coincide en el tiempo con una decisión muy controvertida de la Unión Europea: sacar de la lista de paraísos fiscales a la Islas Caiman.

Esto sucedió el pasado mes de octubre cuando el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (ECOFIN), formado por los ministros y ministras de Economía de los 27 países de la Unión Europea, decidieron sacar de la lista de paraísos fiscales a Islas Caimán, uno de los puntos calientes de la elusión y el fraude fiscal por parte de las élites mundiales.

Esta decisión de ECOFIN permite una legalización encubierta de la evasión fiscal puesto que el país caribeño tiene domiciliadas a las principales empresas y bancos del mundo que trabajan con activos de sus grandes clientes. Pero, sobre todo, fue una gran noticia para que empresas españolas como Banco Santander, ACS (Florentino Pérez), BBVA o Repsol.

Miguel Urban, eurodiputado español por Anticapitalistas, en declaraciones a Diario16, indicó lo siguiente: «La supuesta lista negra, la actual lista de jurisdicciones que no cooperan en materia fiscal, ya nació herida de muerte al no incluir a ninguna de las guaridas fiscales existentes en la propia UE. Y eso a pesar de que el Parlamento Europeo aprobó en marzo de 2019 incluir a Estados Miembro como Luxemburgo, Irlanda, Malta o Países Bajos. Sacar a Islas Caimán Supone una nueva vergüenza para una lista negra que sirve más para blanquear paraísos fiscales que como un instrumento para combatirlos. No podemos olvidar que el beneficio de una minoría peligrosa que se esconde tras las guaridas fiscales se ha convertido en sinónimo de desigualdad, recortes y pérdida de derechos sociales para la mayoría. La lucha contra las guaridas fiscales se ha convertido en un elemento fundamental para combatir la desigualdad y construir democracia por eso es fundamental una auténtica lista para combatir a los paraísos fiscales y no para blanquearlos como hace la UE».

A todo esto hay que añadir que para las grandes empresas y bancos, operar en estos paraísos fiscales sólo les supone una cuestión reputacional que superan gracias a la inversión de cientos de millones de euros en sus departamentos de marketing y comunicación. Por tanto, por eso se trata de un negocio redondo seguir operando en las Islas Caimán, Panamá u otros.

En los años más duros de la anterior crisis las empresas españolas incrementaron en un 87% su presencia en estos países utilizados, principalmente, para evadir impuestos o para ocultar activos ilícitos. Casualmente, el destino preferido por las empresas españolas fue Islas Caimán.

La oenegé OXFAM señaló en su informe sobre paraísos fiscales que «Los gobiernos de la UE deben adoptar una legislación integral sobre los informes CBCR que beneficie tanto a la ciudadanía europea como a la de los países en desarrollo al exigir a las grandes empresas que informen sobre sus actividades en todo el mundo».

Sin embargo, y a pesar de las graves consecuencias que supone que las grandes empresas y los bancos sistémicos globales tengan filiales en paraísos fiscales, ECOFIN, donde España está representada por Nadia Calviño, ha decidido sacar a Islas Caimán, el país prototipo de la elusión fiscal, de la lista de paraísos fiscales.

Esta decisión tendrá consecuencias inmediatas en el escenario de la crisis global provocada por la pandemia del Covid19 que se está viviendo en la actualidad. Además, potenciará el círculo de la pobreza extrema.

Por un lado, la recaudación por parte de los Estados se reducirá drásticamente, lo que provocará que, sobre todo en países como España, se termine dependiendo en exclusiva de los impuestos indirectos y del IRPF de las clases trabajadoras porque, al salir Islas Caimán de la lista de paraísos fiscales, se provoca el efecto llamada a las grandes fortunas y empresas. Esto conducirá a situaciones de incremento del déficit.

La banca, por su parte, que capta mucho dinero en esos paraísos fiscales, prestarán una parte de esos activos a los Estados con los correspondientes intereses. Este es un gran negocio, como lo es el blanqueo de capitales: obtienen dinero a través de sus sucursales en estos paraísos fiscales, y luego se lo prestan a altos tipos de intereses a esos mismos países.

La retirada de Islas Caimán de la lista de paraísos fiscales tendrá consecuencias muy graves como, por ejemplo, la pérdida de derechos sociales por parte de la ciudadanía. La falta de ingresos de los Estados es la puerta para nuevos recortes, sobre todo en un momento en que, aunque la UE ha relajado sus políticas de cumplimiento del déficit, la crisis social provocada por el Covid19 está generando situaciones similares a las de las dos posguerras. Los paraísos fiscales terminan siempre afectando a las clases medias y trabajadoras, que, finalmente, son las que terminan pagando la elusión fiscal al sufrir los recortes en sanidad, educación y otros derechos fundamentales.

Desde un punto de vista político, la pérdida de derechos sociales provocada por la elusión fiscal es la puerta que abre la potenciación de los partidos populistas de ultraderecha a causa del debilitamiento de la protección del Estado. Este hecho hace que partidos como Vox tengan a una población que está esperando soluciones fáciles a problemas que están provocados por la tibieza fiscal de los gobiernos, incluso los de izquierdas, respecto a las grandes empresas y, sobre todo, la gran banca. Además, los Estados parecen tener miedo a afrontar la retirada de los privilegios de las clases dominantes que éstas ya creen como derechos divinos que nadie puede quitarles.

Por otro lado, la decisión del ECOFIN de retirar a Islas Caimán de la lista de los paraísos fiscales supondrá un fomento de la corrupción política y económica, dado que, si un país concreto no tiene ese calificativo, se legitima llevar el dinero ilícito ahí, precisamente ahí.

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