La señora María José Català, probablemente la peor consellera de Educación que ha tenido y tendrá la Comunidad Valenciana, implantó por las bravas una medida que había fracasado en el resto de España: la supresión de los exámenes extraordinarios de Septiembre y su traslado a finales de junio. En el resto del país, en Cataluña, en Extremadura, en Andalucía, en Castilla La Mancha se había acometido la misma barbaridad, y el desastre había sido tan manifiesto que pronto se olvidó y se resolvió volver al mismo sistema de siempre; los exámenes extraordinarios para aquellos que habían fracasado en alguna materia durante el curso ordinario tendrían lugar dos meses después, en septiembre. El PP valenciano, en una medida que después imitaría el PP madrileño, sin embargo se empeñó en imponer aquí algo que había fracasado en el resto de España. Y que sigue fracasando, como después veremos. Hasta aquí la historia normal. Lo que ya es menos normal es que el señor Marzà, que el PSOE valenciano, hiciera suya una medida que sus homólogos del mismo partido en otras Comunidades habían comprobado en primera persona que sólo llevaba al desastre.
Hoy en día en la Comunidad Valenciana, los exámenes extraordinarios se celebran apenas una semana después de que los alumnos y alumnas reciban las calificaciones del curso ordinario. Repito, una semana después. Así, aquellos que han suspendido deben hacer en siete días lo que no han hecho durante todo un curso. Las consecuencias, los resultados de este dislate, como sabe cualquier profesional a pie de aula, son que prácticamente nadie recupera ninguna asignatura suspensa. Con ello, alumnos que llevan tres o cuatro suspensos, continúan con los mismos y repiten curso. Con toda seguridad, y por ello rectificaron Extremadura, Cataluña o Andalucía, con dos meses de estudio, con julio y agosto, estos alumnos podrían recuperar una o dos y pasar de curso. Sin embargo, ahora, con Juniembre, la inmensa mayoría se ve condenada a la repetición de curso. Esta es la realidad de las cosas, la tozuda realidad.
Juniembre, pasar los exámenes de septiembre a junio, no es sin embargo más que un síntoma más del gran mal que aqueja a la Educación española. Y el gran mal no es otra cosa que mientras los profesionales que están a pie de aula son ninguneados y dejados de lado, las decisiones las toman una serie de políticos, supuestos “expertos educativos” que no son otra cosa que desertores de la tiza y de la pizarra digital, o sindicalistas que abandonaron un aula a la que no piensan volver por nada del mundo. En este sentido, debemos recordar que ha sido el esfuerzo y la calidad de los docentes españoles, de infantil, primaria y secundaria, el que ha permitido que, partiendo de un brutal atraso, y con una inversión que siempre se ha situado, incluso en los mejores años, muy por debajo de la media europea y a años de luz de Finlandia, haya hecho posible que nuestro país obtenga resultados en el informe PISA a la altura de Francia o Alemania y por delante de Italia. Sí, han sido los docentes españoles, los denostados profesionales de la Educación de nuestro país, menospreciados y ninguneados por políticos, “expertos” y demás vividores, los que han hecho posible esta realidad.
La gran revolución educativa pues, el gran reto de la Educación de nuestro país pasa por un lado por aumentar la inversión educativa en relación al PIB hasta alcanzar la media europea, y por otro por hacer lo que no se ha hecho nunca: escuchar, atender, respetar y hacer caso a los que de verdad entienden de esto, los que están en el aula. ¿Son utopías ambas cosas?
