El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha actualizado sus previsiones de crecimiento respecto a las efectuadas en otoño y a previsto que la economía española crecerá este año un 1,6%, igual que el conjunto de estas economías avanzadas, que incluyen las de la Unión Europea, Estados Unidos, Reino Unido o Canadá, entre otros. Simultáneamente se ha hecho público el informe de referencia de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) “Perspectivas mundiales sociales y de empleo 2020”.
De los datos de uno y otro cabe extraer dos conclusiones preocupantes: por un lado, que el crecimiento económico se ralentiza, y que la política económica actual no es capaz de impulsarlo; de otro, que las desigualdades han crecido mucho desde 2009. Ambas cuestiones que le sindicato UGT vienen denunciando desde hace tiempo, advirtiendo de “para que se reviertan estas negativas tendencias, es preciso adoptar un cambio de políticas y medidas específicas correctamente diseñadas”.
España crece por encima de la eurozona
Las previsiones de crecimiento del FMI se sitúan en el 1,6%, la misma cifra tanto en 2020 como en 2021, dos décimas menos de lo que pronosticó en octubre. Esto obedece, en gran parte, a que ha incluido datos revisados de Contabilidad Nacional, con lo que esta revisión no es infrecuente, ni extraordinaria. Por ejemplo, Italia o Alemania experimentaron revisiones a la baja mayores en la anterior actualización de octubre (3 y 4 décimas respectivamente). En todo caso, el FMI sigue pronosticando que España crecerá por encima de la eurozona y sus economías más importantes, algunas de las cuales han visto revisadas a la baja sus previsiones, mientras ninguna lo hacía al alza.
Para UGT estas previsiones “reflejan un escenario donde el crecimiento de la economía española se sitúa en una senda de valores bajos, pareciendo confirmar la hipótesis de que el crecimiento tendencial de España se ha visto reducido durante la larga crisis”. El sindicato exige que se deben llevar a la puesta en marcha de un cambio de políticas.
Aumentar los ingresos fiscales
Una vez que la capacidad de estímulo por parte de la política monetaria ha disminuido, “sería conveniente acordar una nueva senda de ajuste más suave con las autoridades comunitarias, mientras que se crea el espacio fiscal adecuado aumentando los ingresos fiscales”, demandan desde UGT. España tiene una presión fiscal inferior en 6 puntos a la media europea, lo cual indica que hay mucho margen para ello.
Para aumentar este crecimiento potencial es necesaria la inversión. Tanto en infraestructuras, donde España viene proporcionando tasas de inversión pública neta negativas desde hace casi una década, como otras en la dotación de capital de otros tipos, vía innovación, incluyendo el capital humano, mediante cualificación de los trabajadores, educación etc.
Incrementar los salarios
Para el sindicato la transición de la economía española a una senda de mayor valor añadido pasa por un mercado de trabajo no basado en figuras precarias, que proporcione, mediante una adecuada distribución salarial, soporte a la demanda interna y proporcione el incentivo adecuado a la inversión privada.
Ambos determinantes influyen en tener crecimientos mayores de la productividad, lo cual lleva a sendas de crecimiento potencial superiores a las que en este momento parecen manejarse.
Las políticas de austeridad se han traducido en más desigualdad
El informe de la OIT, presentado ayer, ratifica el diagnóstico que se viene haciendo desde UGT y apoya las recomendaciones que realizan desde el sindicato.
Se prueba una vez más que las políticas de austeridad mantenidas desde 2010, y que todavía se defienden desde posiciones conservadoras, no solo no sirvieron para solventar las causas de la crisis e impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo, sino que se diseñaron deliberadamente para reducir la compensación salarial de la clase trabajadora y aumentar a su costa los excedentes de las empresas, que es lo que ha pasado desde entonces.
Todo ello mediante la reducción de los derechos laborales, el empeoramiento de las condiciones de trabajo y el ataque continuo a los sindicatos, último dique de contención de la ofensiva neoliberal. Por ello, la lucha contra la precariedad laboral y contra la desigualdad de rentas y riqueza, son dos objetivos fundamentales para los años venideros.
Según la OIT, desde el año 2009 las rentas de los trabajadores en España han caído cinco puntos porcentuales, lo que equivale a una reducción de 64.500 millones de euros al año, es decir, unos 3.200 euros al año por cada trabajador. Esto es consecuencia del incremento de la precariedad, cada vez más extendida, y de la reducción de salarios directa y, sobre todo, indirecta (eliminación de pluses, horas extras no pagadas, descuelgues de convenio, etc.). Todo ello ha contribuido al aumento de las desigualdades y de la pobreza laboral.
En España el 21,5% de la población está en riesgo de pobreza, y el 26,2% de los menores de 16 años. Tener un trabajo ya no asegura un nivel de vida digno, y el 13,8% de las personas con empleo está en situación de pobreza. Además, el 26,8% de la población llega con dificultad a fin de mes, y el 36% no pueden afrontar un gasto imprevisto. Esta situación es insostenible, y pone de relieve que el crecimiento por sí solo no basta para mejorar la calidad de vida de la mayoría de la población. Se necesita una agenda de reformas de calado que impulsen la actividad y la creación de empleo de calidad, y que refuercen el sistema de protección social.
Que el empleo estable y con derechos sea la norma
Como recomienda la OIT, es necesario impulsar la inversión en aquellos factores que tienen un efecto inducido más potente sobre el crecimiento, como la I+D, la investigación y las TIC, en la transición ecológica, en la formación de las personas trabajadoras y en los servicios de atención a las personas, y en especial los de cuidados. Esta es la mejor manera de impulsar a medio y largo plazo la productividad del empleo (muy reducida en España en las etapas de expansión) y su estabilidad.
Y, de manera complementaria e ineludible, es preciso reformar el mercado laboral para hacer del empleo estable, con derechos y con salario suficiente la norma, erradicando la precariedad en sus diversas formas.
Para ello, y con carácter previo, UGT exige “derogar la reforma laboral de 2012, impuesta de manera unilateral, sin lo cual no es posible desarrollar una negociación equilibrada, que pueda alumbrar un nuevo marco laboral más justo y eficiente. Y también se precisa revalorizar los salarios de manera adecuada, recuperando el poder de compra perdido desde 2009, así como continuar los incrementos del salario mínimo de los últimos años con nuevas subidas que lo sitúen en un nivel equivalente al 60% del salario medio de nuestro país”.
En definitiva, para el sindicato “se trata de configurar un modelo productivo más eficiente, sostenible y equitativo, que permita que el bienestar llegue a toda la población y que los frutos del crecimiento se repartan con mayor justicia que lo sucedido en la última década, que tan nefastos resultados ha tenido”.
