El fiscal hace un alegato político en la fase final del ‘procés’

Tal como se preveía, en el momento de las conclusiones definitivas el fiscal no ha defraudado. Se ha ceñido al guion previsto; no ha variado ni un ápice su posición inicial. El duro alegato final de Javier Zaragoza confirma que todo estaba escrito de antemano y que de nada han servido horas y horas de testigos, vídeos, documentos y montañas de papeles. Para el ministerio público no hay ninguna duda: “Lo que ocurrió en Cataluña entre marzo de 2015 y octubre de 2017, pero sobre todo en el otoño de 2017, fue un golpe de Estado. Eso pretendían los acusados. Eso es el procés”, ha asegurado con contundencia. Es decir, según él, hubo un grado de violencia, hubo traición al Estado para liquidar la Constitución, hubo rebelión.

Además, considera que el ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, fue “el motor” de la conspiración contra España. Pero más allá de que el fiscal se haya mantenido firme en una idea −la rebelión−, que numerosos juristas han cuestionado desde el punto de vista teórico, doctrinal, jurisprudencial y de los tratados y convenios internacionales, quizá se haya pasado un tanto de frenada en su defensa del orden constitucional.

Desde el principio del juicio el presidente del tribunal, Manuel Marchena, se ha esforzado por dar una apariencia de normalidad a un proceso embarrado de política desde su origen mismo. Sin embargo, sus esfuerzos por reconducir la vista oral hacia el terreno del Código Penal, de los hechos empíricamente demostrables, evitando entrar en juicios de valor y opiniones subjetivas, han resultado infructuosos. Ni siquiera la  Fiscalía le ha echado una mano en ese propósito de dar apariencia de normalidad a un juicio que no era normal. Todos han hecho política, unos desde el estrado y otros desde el banquillo de los acusados, mayormente porque esto era una cuestión que debía haberse resuelto en los Parlamentos. Sobraban togas y faltaba democracia.

El alegato final de Zaragoza ha confirmado, como no podía ser de otra manera, que esto ha sido un juicio, si no político, sí demasiado contaminado por la política. Hasta él mismo ha caído en la tentación de hacer política en sus conclusiones definitivas con frases como esta: “La única violación de derechos civiles que en este momento se produce en Cataluña es la que están sufriendo y padeciendo estoicamente aquellos que defienden la Constitución”. ¿Acaso no es eso un juicio de valor político cuando no una reflexión tan personal como poco argumentada? ¿Dónde están los hechos analizados asépticamente a la luz de unas pruebas a las que se tiene que supeditar todo fiscal?

Zaragoza incluso se ha permitido calificar a Oriol Junqueras como un “profesor sofista” y lo ha acusado de realizar “un ejercicio de cinismo sin precedentes”. Más opiniones que empañan lo que debería ser un alegato limpio, aséptico, estrictamente jurídico y alejado de la valoración. Queda claro que el noble intento de Marchena por lograr que esto fuese un juicio normal ha caído en saco roto.

El fiscal ha asegurado además que “la violencia utilizada fue un instrumento para favorecer la declaración de independencia mediante la presentación de España como un Estado represor a nivel internacional. Por eso fue una rebelión y no puede ser una sedición”. De ser así, la supuesta rebelión catalana ha sido la más incruenta de la historia. Quizá porque el 1-O no fue un alzamiento popular, ni una insurrección militar, ni un levantamiento armado contra el Estado, sino la protesta masiva de descontento de una sociedad. Curioso golpe de Estado ese en el que un hombre con megáfono se sube a un coche, aunque sea policial, para pedir calma y que la manifestación siga siendo pacífica.

Pero Zaragoza insiste una y otra vez en la dureza e inflexibilidad de sus postulados, como si importase más el escarmiento que la justicia, el castigo ejemplar que la redirección de un problema que se ha ido de las manos. “Lo que sucedió en Cataluña entre marzo de 2015 y octubre de 2017, y sobre todo, en los meses de septiembre y octubre de 2017, es lo que en la terminología de Hans Kelsen, ese ilustre jurista austriaco que tuvo que huir en los años 30 a Estados Unidos ante el auge del nazismo, es lo que se llama golpe de Estado”, ha asegurado en otra polémica conclusión el acusador público.

El representante público cree que el juicio “nada tiene que ver con la criminalización de la disidencia política”. E insiste en que tampoco se persiguen “ideas políticas”. Sin embargo, se juzga a disidentes políticos democráticamente elegidos por el pueblo y un proyecto político llevado a cabo mediante unos determinados medios y formas políticas. Ese es el monumental contrasentido en que ha incurrido el proceso durante todo este tiempo.

A partir de ahí su alegato ha vuelto a derivar hacia más de lo mismo, cuestiones que no tienen nada que ver con los hechos que se juzgan y que confirman que la Fiscalía fue arrastrada a un terreno de arenas movedizas por el Gobierno de Rajoy: el derecho de autodeterminación que según él carece de normativa nacional e internacional; las conclusiones de la ONU que admiten “todas las alegaciones de parte y rechazan las presentadas por el Gobierno español”; y el recado para el rebelde Carles Puigdemont, sin duda otro mensaje político. Alegaciones que a buen seguro dirimirá la Justicia europea una vez que se dicte sentencia. Un fallo que da la impresión de estar redactado de antemano.