El lobby judicial tardofranquista habría fagocitado los principales estamentos judiciales del Estado español (CGPJ, Tribunal Supremo y Tribunal de Cuentas) y tendría al Tribunal Supremo como muro de contención de los decretos-leyes aprobados por el “rodillo progresista” del Congreso; a su Presidente Francisco Marín Castán como croupier en la ruleta de cargos y adjudicación de procesos judiciales y a los jueces Marchena y Llarena como sus más destacados peones.
Asimismo, el Tribunal Supremo estaría controlado por el llamado “clan de los políticos” en palabras del ex-Presidente de Sala del TS, Ramón Trillo y habría devenido en un verdadero lobby o grupo de presión de la derecha tardofranquista que mediante controvertidas decisiones judiciales intentará paralizar o revertir las decisiones políticas o económicas del Gobierno Sánchez.
Dicha ofensiva judicial involucionista buscaría convertir al Estado español en un Estado fallido, enconsertado y sometido a los dictados del tardofranquismo judicial cuyo objetivo sería implementar en España una «democracia no liberal», siguiendo la estela de la Hungría de Orbán.
¿Intenta el Tardofranquismo resucitar el Frente del Norte?
La aplicación por el Gobierno central del recurso sistemático ante el Tribunal Constitucional, basándose en el artículo 161.2 de la vigente Constitución que señala que “el Ejecutivo central podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las CCAA”, ha supuesto “de facto” el vaciar de contenido las competencias legislativas de la Cámara forales vasco- navarras.
Dichas medidas constrictivas estarían convirtiendo a Euskadi y Navarra en un autogobiernos devaluados, enconsertados y sometidos a los dictados del Gobierno Central o Tribunal de turno y de lo que sería paradigma las últimas decisiones del TSJPV y del TAN contra el euskera, en las que de facto eliminan el requisito del perfil lingüístico de la convocatoria de las Administraciones Públicas vasco- navarras, al considerar que el conocimiento obligatorio del euskera es un «requisito discriminatorio”.
Ello formaría parte de una trama compleja diseñada por el lobby judicial Tardofranquista que buscaría resucitar el Frente del Norte y que terminará de diseñarse en el supuesto de alcanzar el Poder el PP en coalición con Vox, con la instauración de una feroz ofensiva recentralizadora que supondrá la asunción por el Gobierno central de las actuales competencias autonómicas (Sanidad, Educación, Policía y Prisiones).
Es asombroso que unos individuos por haber accedido gracias a unas oposiciones a funcionario del Estado, tengan el poder que tienen; y puedan bloquear lo aprobado por los representantes electos por los ciudadanos.
El Poder Judicial tiene que ser elegido directamente por los ciudadanos para que tenga legitimidad; lo demás es usurpación.