ERC vota hoy si castiga a Pedro Sánchez con un “no” o se abstiene favoreciendo su investidura. Desde la cárcel, Oriol Junqueras ya ha dicho que la única opción de desbloquear la situación sería abrir una “mesa de negociación” para resolver el “conflicto entre Cataluña y el Estado”. Ahora bien, la cuestión no es si debe haber mesa o no, sino de qué se va a hablar en esa mesa. El PSOE ya ha advertido de que el diálogo ha de estar necesariamente dentro de los límites de la Constitución, mientras que Pere Aragonès, vicepresidente de la Generalitat, ha puesto sus condiciones: derecho a la autodeterminación de Cataluña “como reconocimiento y solución al sentir mayoritario del pueblo catalán”; referéndum que cuente con un respaldo ciudadano amplio y transversal; y amnistía de los presos encarcelados por el “procés”.

Resulta evidente que a fecha de hoy ambas posiciones chocan frontalmente. La supuesta mesa nace coja, ya que tanto PSOE como ERC anteponen sus líneas rojas, que es precisamente lo que todos los expertos en negociación de grandes conflictos internacionales aconsejan que nunca debe hacerse. El manual de este tipo de eventos políticos recomienda que antes de entrar en la sala de negociación las partes dejen fuera sus armas ideológicas, sus desconfianzas y prejuicios. Solo así se puede avanzar en un diálogo sincero y fructífero. Solo así una mesa de negociación tiene sentido y una posibilidad de llegar a buen puerto. Es mal presagio que los aspirantes a negociadores antepongan sus exigencias, blindajes e intereses particulares antes de iniciar las diferentes fases por las que atraviesa todo proceso de este tipo. A esa conferencia los equipos elegidos deberán ir ligeros de equipaje, liberados de ideas preconcebidas y con mentalidad abierta y valiente si quieren que la mesa sea algo más que una simple puesta en escena de cara a la galería.

Cuesta trabajo pensar que los actores que van a verse las caras en el envite sean los personajes idóneos para alcanzar un mínimo acuerdo. Hablamos de políticos inmaduros, inexpertos si se quiere en estas lides, una generación mimada, feliz, que no ha vivido el trauma de la guerra ni la cultura del consenso, sino el hábito nefasto del ombliguismo, el egocentrismo y el sectarismo endogámico como forma de entender la función pública. Todo lo contrario de lo que sucedió con aquellos viejos políticos de la Transición, enemigos que parecían irreconciliables, entre ellos falangistas y comunistas con las manos manchadas de sangre que en un ejercicio de generosidad y audacia cerraron acuerdos y pactos por el bien del país y para evitar una nueva confrontación civil.

En cualquier caso, supongamos que la mesa de negociación para Cataluña se constituye finalmente y que esas personas elegidas, en cuyas manos estará el futuro del país, logran romper con sus recelos, rencores injustificados y antipatías pueriles y pasan a una segunda fase de la negociación más trascendental. El diálogo exigirá renuncias por ambas partes. El Estado español está dispuesto a avanzar en un modelo de autogobierno mucho más amplio que el que hoy dispone Cataluña. El PSOE ya está preparando a la opinión pública sobre la posibilidad de que España tenga que dar el salto hacia un Estado plurinacional, la famosa “nación de naciones” de la que habla Pedro Sánchez y que exigirá inevitablemente una reforma constitucional.

A su vez, el partido de Oriol Junqueras, que ha asumido que tendrá que mancharse las manos en la negociación con Madrid en un momento especialmente delicado, deberá preguntarse hasta dónde está dispuesto a llegar en su cesión. Agotado el “procés” y fracasada la vía unilateral, su renuncia a posiciones maximalistas pasa inevitablemente por renegociar un nuevo marco jurídico territorial. Y ahí es donde la única solución, el único punto de encuentro para alcanzar un acuerdo apunta necesariamente a la alternativa federal. Algunos de los países más avanzados del mundo se organizan como estados federales –véase Estados Unidos, Alemania o Australia– y España reúne todas las características para serlo, ya que algunos de sus territorios, por su hecho diferencial cultural y lingüístico, reúnen las condiciones para ser considerados “naciones” con entidad jurídica autónoma. Si nuestro país no se constituyó bajo ese modelo territorial en la Constitución de 1978 fue porque la situación política no lo permitía. El ruido de sables en los cuarteles y la oposición tajante de una derecha inmovilista marcada por la idea de la España franquista “una, grande y libre” lo impidieron, de ahí que los padres de la Carta Magna tuvieran que inventarse la fórmula del Estado de las autonomías, entes que no existían como tales en el derecho internacional pero que resultaron útiles en su momento, aunque solo fuese como un parche provisional que ahora se ha descosido. Las autonomías cumplieron su función como incipientes estados federales pero hoy por hoy, una vez agotadas tras cuarenta años de democracia, toca dar la vuelta de tuerca definitiva. La Segunda Transición.

El Estado federal es el único punto en el que ambas partes pueden encontrarse y la única forma de resolver mediante el diálogo, y no mediante el uso de la fuerza, el grave problema al que nos enfrentamos. En un estado federal los habitantes de cada territorio nacional se rigen por leyes propias –con una casi total autonomía política− y se someten en ciertos asuntos como la Seguridad y la Defensa a un poder federal central. Probablemente ni el PSOE (sobre todo el de los barones) ni ERC (que había prometido la independencia total a una mitad de catalanes contra la otra mitad) quedarán satisfechos con la solución. Pero en eso consiste precisamente una negociación. Luego llegará el referéndum del pueblo catalán que deberá expresarse libremente sobre el contenido del acuerdo. Y con total seguridad, una vez resuelto el problema, no antes, llegarían las amnistías. ¿Alguien tiene otra hoja de ruta para salir del atolladero por la vía civilizada y pacífica?

1 Comentario

  1. Sí, pero….¿Puede haber un Estado Federal dentro de una Monarquía? De hecho, los tres estados nombrados en el artículo son de facto repúblicas (Australia es una Monarquía parlamentaria federal) pero creo que es un caso muy distinto al español…

    Un saludo

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