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El Estado de bienestar en España depende del éxito en la lucha contra el fraude fiscal

Los funcionarios exigen inversiones en plantilla y medios tecnológicos para perseguir a quienes practican el fraude fiscal

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España tiene un serio problema con el fraude fiscal. La Agencia Tributaria necesita una reestructuración inmediata que contemple un refuerzo de las plantillas y más medios materiales y tecnológicos para hacer frente a una lacra que empobrece al país año tras años.

En ese sentido, “otorgar más competencias a los técnicos de Hacienda será determinante para el cumplimiento efectivo de la ley contra el fraude fiscal”, asegura Carlos Cruzado, presidente del sindicato de técnicos de Hacienda Gestha.

Según afirma el funcionario en un reciente artículo, el fraude fiscal es una de las mayores losas para la recaudación tributaria en España, provocando un agujero en nuestras arcas públicas que, de cercarse, “podría contribuir a reforzar nuestro Estado del bienestar tras las graves consecuencias que tendrá la pandemia”.

Recientemente se han iniciado los trabajos de la ponencia de cara a la futura Ley de prevención y lucha contra el fraude fiscal, que entre otros objetivos, debería servir para que a los técnicos del Ministerio de Hacienda se les aumenten las competencias y responsabilidades para luchar contra el fraude más sofisticado y los delitos fiscales, mejorar la ratio de cobro de las deudas tributarias, y recuperar la senda descendente en el volumen de la deuda pendiente, que desde los 42.770 millones alcanzados en 2019, habrá aumentado nuevamente en 2020 por las medidas de aplazamientos covid.

Lucha contra el fraude fiscal

“Precisamente, la ponencia debatirá, entre otras enmiendas, la evaluación sectorial y territorial de la economía sumergida, la creación de un cuerpo superior técnico de Hacienda, el aumento de plantillas en el Ministerio de Hacienda, y el aumento de la colaboración entre administraciones tributarias y su transparencia”, asegura Cruzado.

En este contexto, conviene señalar la enorme diferencia defraudatoria según el tipo de entidad. Así, las rebajas de las bases imponibles negativas, de deducciones en cuota pendientes de aplicar y de cuotas a compensar de las grandes sociedades de más de 100 millones de euros de ventas, representaron el 73 por ciento del total de estas actuaciones, nada menos que 5.250 millones en términos de incremento de cuotas tributarias “futuras”.

Por otra parte, El control de 880 personas con grandes patrimonios en 2019 reportó unas actas por unos 690.000 euros de media.

No obstante, tradicionalmente la AEAT dirige sus esfuerzos de control en el IRPF, que soporta el 75 por ciento de las actuaciones selectivas y extensivas, con una deuda media de 980 euros por contribuyente.

Le sigue el control del IVA con un 25 por ciento de las actuaciones de Gestión e Inspección tributaria y Aduanera, descubriéndose una deuda media de 9.300 euros. Las actuaciones sobre contribuyentes en módulos suponen el 14 por ciento a los que se les detecta un incumplimiento medio de 667 euros.

El control de 880 personas con grandes patrimonios en 2019 reportó unas actas por unos 690.000 euros de media

De ahí que las mayores competencias de los técnicos serían determinantes para cumplir el cambio anunciado por el proyecto de ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, que señala que “se deben concentrar esfuerzos en el control de los contribuyentes con grandes patrimonios, así como en sus entornos societarios y familiares”.

Aumento de responsabilidades que también será necesario para “incrementar la eficacia y eficiencia del control tributario”, como uno de los objetivos fundamentales del componente 27 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, recientemente remitido por el gobierno a Bruselas, según Cruzado.

Finalmente, respecto al control del gasto público, las limitaciones de las funciones de los técnicos en la planificación, coordinación y elaboración de los informes de auditoría pública, así como en la firma de los expedientes de fiscalización, reducen la eficiencia y la calidad del gasto público.

Y, asimismo, supondrán una rémora para garantizar una adecuada gestión del Plan de Recuperación, dado el importante papel que a este efecto debe desarrollar la Intervención General de la Administración del Estado, como Autoridad de Control del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Carlos Cruzado ha criticado “la inactividad” de la Agencia Tributaria sobre las irregularidades fiscales de Juan Carlos I. “Había indicios más que suficientes para que la Agencia Tributaria hubiera abierto una investigación al rey antes de esta segunda regularización.

La inactividad de la Agencia Tributaria no ha aportado gran claridad sobre el tema”, ha denunciado Cruzado, que cree que faltan por despejar muchas dudas sobre esa segunda regularización del rey emérito.

“La Agencia Tributaria y la Fiscalía deberían investigar la naturaleza de las cantidades que regulariza el rey emérito. Habría que ver cuál es la contraprestación que el rey emérito pudo hacer para recibir estas cantidades”, explica Cruzado.

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