El reciente episodio de Linares ha puesto de manifiesto que la brutalidad policial no es un problema exclusivo de países como Estados Unidos, sino que de un tiempo a esta parte los casos de malos tratos por parte de agentes de las Fuerzas y Cuerpo de Seguridad del Estado se suceden también en España. El caso de los dos policías que han apaleado brutalmente a un hombre y a su hija en la localidad andaluza (un incidente que provocó graves disturbios en la ciudad) nos lleva a pensar que en los diferentes cuerpos policiales hay manzanas podridas, elementos con demasiada afición a la violencia, que debe ser erradicados. El auge de la extrema derecha de Vox y su discurso xenófobo y duro, sin duda ha dado oxígeno a los sectores más reaccionarios de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que se sienten impunes a la hora de recurrir al uso de la fuerza.
Una vez más, la Justicia y también el Poder Ejecutivo están reaccionado tarde y mal, una vez que ya se ha producido elestallido de violencia, como el registrado este fin de semana en Linares. En este sentido, el Tribunal Constitucional reabrió la ventanilla del Gobierno vasco para reparar a las víctimas de abusos policiales entre 1978 y 1999. Poco después el Ejecutivo de Euskadi recibía más de 300 solicitudes de personas que piden que se les reconozca como víctimas de abusos, según informó el diario El País.
En un informe de la Universidad del País Vasco se documentan 4.113 casos de malos tratos entre 1960 y 2014. De al menos 1.792 son responsables miembros de la Guardia Civil, 1.786 de la Policía Nacional y 336 de la Ertzaintza. Existen 20 condenas ratificadas por el Tribunal Supremo de torturas y malos tratos a 31 víctimas, con 49 condenados, 21 de ellos del Cuerpo Nacional de Policía y 28 de la Guardia Civil. Además, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha condenado siete veces a España por no haber investigado diligentemente las denuncias de torturas.
El País Vasco es solo la punta del iceberg de los malos tratos policiales. Solo entre 2005 y 2015 la Coordinadora para la Prevención de la Tortura recopiló 6.621 denuncias por malos tratos o torturas policiales en nuestro país. La cifra contrasta con el escaso número de condenas emitidas por la Justicia. Concretamente 752, la mayoría por faltas y no por delitos.
Amnistía Internacional (AI) ha denunciado en reiteradas ocasiones que los actos de tortura y maltrato por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no son “aislados”, sino que se dan en todas las comunidades autónomas y gozan de una “impunidad casi total”. En la presentación de su informe Sal en la herida. La impunidad efectiva de agentes de policía en casos de tortura y otros malos tratos, esta oenegé aseguró que los agentes de Policía están por encima de la ley porque se les aplica la presunción de veracidad cuando sólo debía tenerse en cuenta el principio de imparcialidad.
Cuando una persona es maltratada por un agente de Policía se le intenta disuadir para que no denuncie, los compañeros del cuerpo niegan los hechos por corporativismo, la Fiscalía se opone a abrir diligencias y los jueces archivan la mayoría de los casos sin haber pedido una investigación, según AI. Tampoco hay que olvidar el riesgo de que las personas que denuncian a agentes de Policía sean contradenunciados por atentado a la autoridad o por calumnias y puedan ser finalmente condenados. A Amnistía siempre le ha preocupado la “falta de disposición” de los diferentes gobiernos para afrontar el problema y que la reputación de la mayoría de los policías se vea injustamente empañada por los maltratadores.
“El maltrato policial no se da únicamente en España, sino también en el resto de países de la Unión Europea”, aunque las fuentes de AI niegan que sean “sistemáticos”. Y luego está el problema de las defensas. Muchos abogados creen que aceptar estos casos es aceptar una “carrera de obstáculos” porque la Policía tiene amplios poderes discrecionales que consiguen que el sistema judicial termine criminalizando a la víctima. A menudo, cuando las denuncias prosperan y los jueces ordenan una investigación, la sentencia califica de “simple falta” del policía hechos constitutivos de delito. A este respecto, la Ley de Seguridad Ciudadana, o Ley Mordaza del PP, ha dado un mayor margen de maniobra a los agentes que se exceden en el empleo de la fuerza.
Sin duda, existen deficiencias estructurales que afectan a todos los aspectos de la prevención, la investigación y el castigo de la tortura por parte de los agentes de Policía. Algunos expertos creen necesario que se implanten sistemas audiovisuales de grabación en los espacios donde se encuentran los detenidos y que los agentes no estén presentes durante la exploración médica para que el paciente hable de sus lesiones libremente.
Por otra parte, la formación en el uso de la fuerza suele ser inadecuada, especialmente en el protocolo de actuación de manifestaciones, detenciones y expulsiones de inmigrantes. Es evidente que se echa en falta un organismo independiente que garantice la investigación inmediata, imparcial y exhaustiva de cualquier caso en el que exista una sospecha de que los policías han infligido malos tratos. Además, Amnistía exige que la Fiscalía publique estadísticas con las denuncias por maltrato y que las víctimas tengan asistencia letrada gratuita desde que interponen la denuncia.
En ese sentido, son de alabar decisiones como la adoptada por el Ayuntamiento de Vigo, que rechazó la incorporación de armas de descarga eléctrica, como las pistolas láser, para los efectivos de la Policía Local.
