Ayer se ha debatido en el Congreso de los Diputados el Real Decreto-Ley 12/2020, de 31 de marzo, de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género para su convalidación. Escuchar a la representante de VOX en el debate con su discurso negacionista de la violencia machista no nos sorprende pero la intervención de la diputada del Partido Popular de seguidismo a la ultraderecha en relación con este asunto de Estado es muy lamentable más con su abstención. Hemos escuchado hoy en el Hemiciclo que este Decreto será llevado ante el Tribunal Constitucional por el partido de Abascal, tanto acudir al Tribunal Constitucional con todas las medidas del Gobierno por parte de este partido, que no cree en las instituciones constitucionales de nuestro país, sólo demuestra que su política de confundir y confrontar a la ciudadanía es su fin.
Algunas de las afirmaciones escuchadas a la diputada Carla Toscano de Vox en el Pleno del Congreso, como que las medidas que se toman en este Real Decreto ni requieren urgencia, ni van a dar soluciones y que la violencia no tiene género, suponen en este momento de crisis por el COVID19 que muchas mujeres tengan más miedo para buscar ayuda y denunciar. La irresponsabilidad de tamaña declaración en la Tribuna del Congreso de los Diputados es tal, que se hace necesario estudiar y analizar el impacto de las mismas.
Desde la llegada de VOX a la política española y al Parlamento, colocando en la agenda política la violencia de género como un invento de la izquierda de este país, ha generado en una parte de la ciudadanía una involución en relación con lo que es la violencia machista, todo ello con discursos de épocas que pensábamos estaban superadas. La diputada Carla Toscano en su intervención ha sacado todo el argumentario llegando a llamar al feminismo “peste roja”.
Este discurso antifeminista y negacionista de la violencia de género ha supuesto un daño irreparable en la concienciación y compromiso de la ciudadanía española en la lucha contra esta lacra. Lo mas lamentable es que cargos públicos del Partido popular en cuanto observan que pierden rédito político se callan ante afirmaciones, como que el Pacto de Estado contra la violencia de género es el “pacto de la vergüenza” o peor aún, utilizan el 8 de marzo de manera inaceptable para hacer creer a la ciudadanía que su celebración ha supuesto la gran crisis del COVID19 con todos sus muertos y muertas.
Hoy el Gobierno de España, con el apoyo de la mayoría de los grupos parlamentarios, ha conseguido que se convaliden medidas muy urgentes y necesarias para hacer frente en estos momentos tan excepcionales a la violencia de género. Medidas para evitar el peligro de retroceder en todo lo conseguido después de muchos años de luchar y conseguir convertir la violencia hacia las mujeres, por el hecho de serlo, en un problema colectivo, público, que no en un problema privado sólo de nosotras.
El confinamiento decretado con el Estado de Alarma ha supuesto que se produzca una fricción entre la seguridad individual y colectiva y la libertad. Esto ha supuesto que este confinamiento en sí suponga un nuevo y enorme peligro para la vida de muchas mujeres en nuestro país, como en todos los lugares del mundo. Las medidas que se plantean en este Real Decreto son imprescindibles, nadie puede dudar de su necesidad y de su urgencia, por ello no es admisible la división política. Me avergüenza que en un asunto como este, algunos partidos políticos se posicionen en el insulto y el descrédito a estas medidas.
Los datos en relación a la disminución de las denuncias y las muertes durante el confinamiento, no nos pueden llevar a pensar que todo está mejor, todo lo contrario. No son buenas noticias. Es fácil utilizar los datos de forma sesgada o quedarse con algunos titulares donde se destaca la disminución de denuncias ante los tribunales y que “solamente” se ha asesinado a dos mujeres durante el confinamiento (mientras escribo este artículo parece que ya son tres las víctimas).
En datos del Ministerio de igualdad las llamadas al 016 han aumentado en casi un 50% en la segunda quincena de marzo y la primera de abril en relación con ese tiempo en 2019 y se han incrementado las consultas online en más de un 260%. La reducción en el número de denuncias y asesinatos machistas no es más que el “espejismo” del confinamiento, que encubre una terrible realidad y es, la del regreso al silencio de nuestras mujeres al encontrarse entre cuatro paredes. No olvidemos que si siempre es muy difícil para una mujer maltratada escapar de su maltratador ahora lo es mucho más, pues el miedo se multiplica, qué hacer con los hijos, qué hacer sin trabajo y qué hacer sin poder llamar a pedir ayuda pues su maltratador la controla cada segundo e incluso le ha quitado el teléfono.
Frente a estos datos sólo cabe una terrible explicación y es, que ante su maltratador las mujeres están más atadas que nunca, por muchos motivos, para dar el paso de huir, el miedo las paraliza y callan ante el maltrato a ellas y a sus hijos. Entonces hay que explicar, con contundencia, que el dato de dos mujeres asesinadas no significa que hemos ganado la batalla. El confinamiento no ha hecho que el maltratador deje de maltratar, sabemos que más del 80% de las agresiones y violencias de género se producen dentro del hogar familiar. Lo terrible es que las mujeres están paralizadas, más coartadas y su pánico a la reacción de su maltratador es tal, que callan, callan y callan pues saben, que si se defienden, pueden ser asesinadas con más facilidad.
Ante esta cruda realidad el Gobierno de España con estas medidas quiere dar respuesta a todas esas mujeres que han llamado al 016 o han hecho consultas vía online.Por ello la información para ellas debe ser clara y directa, no se puede permitir que discursos políticos que tienen como altavoz a algunos medios de comunicación generen en ellas dudas sobre las posibilidades que tienen de poder salir y escapar de su agresor. Tenemos la obligación de llegar a ellas y que estas mujeres sepan que no están solas.
