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El equipo de Soraya Sáenz de Santamaría se refugia en la empresa privada

La última, la exministra de Trabajo, Fátima Báñez, que ficha como consejera en la farmacéutica Laboratorios Rovi

Agustín Millán
Agustín Millánhttp://pompona22.wixsite.com/agustinmillan
Foto periodista especializado en manifestaciones y actos sindicales. Desde 2011 fotografiando la crisis más dura de la historia moderna. Responsable de redes sociales de la Cumbre Social España. Fotógrafo con 5 campañas electorales entre ellas la de Manuela Carmena y la de Enrique Santiago en IU Madrid.
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análisis

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Desde Pedro Morenés, hasta la propia Soraya Sáenz de Santa María, el equipo de la ex vicepresidenta del Gobierno en la era Rajoy, se refugia en la empresa privada. La última, la exministra de Trabajo, Fátima Báñez, que ficha como consejera en la farmacéutica Laboratorios Rovi, según ha publicado ella misma en Twitter, “Gracias Rovi por la confianza, al nombrarme consejera externa independiente de la compañía.”

Unos meses antes, también fichó al expresidente del Consejo Económico y Social (CES), Marcos Peña, consejero independiente coordinador, según ha informado este viernes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Soraya Sáenz de Santamaría, exvicepresidenta del Gobierno fue contratada el bufete Cuatrecasas.

Las puertas giratorias han dado muchas vueltas de salida de la vida pública para entrar en la empresa privada, sobre todo para los ministros y altos cargos de los gobiernos de Mariano Rajoy. Así se expresa Pedro Solbes, exministro socialista de Economía y Hacienda, en el Congreso de los Diputados: “Las puertas giratorias existirán siempre y si no existen es una desgracia que la política solo pueda contar con políticos profesionales que no puedan entrar y salir”.

Unos de los últimos fichajes ha sido el de Rafael Catalá, exministro de Justicia de Mariano Rajoy, para la empresa de casinos, juego y apuestas ‘online’, Codere. Esta y otras empresas de apuestas deportivas son las responsables de la ludopatía generalizada entre los barrios obreros españoles. Un tercio de los ministros del segundo gabinete de Rajoy ya ha cruzado la puerta giratoria.

Por ejemplo, Román Escolano, exministro de Economía, que fichó para la consultora Llorente & Cuenca y la auditora Ernst Young (EY); Íñigo de la Serna, exministro de Fomento, en la consultora Amrop Seeliger y Conde; Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta, en el despacho Cuatrecasas. Pero sería uno más, si no se hubiera frustrado el fichaje de la exministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, tras hacerse públicas las grabaciones del caso Villarejo, por el despacho Hogan Lovells. Actualmente ejerce como abogada del Estado en el Supremo.

Las puertas giratorias existirán siempre y si no existen es una desgracia que la política solo pueda contar con políticos profesionales que no puedan entrar y salir”

También podemos citar a José Luis Urcelay, segundo jefe del Estado Mayor de la Defensa, autorizado para prestar servicios de asesoría en Abengoa, Everis Aeroespacial y Oesia o Cristina Ysasi-Ysasmendi, que fue directora adjunta del gabinete de Mariano Rajoy en Presidencia del Gobierno y ahora es directora senior en Llorente y Cuenca. Se trata de la misma empresa de consultoría por la que también fichó su jefe en la Moncloa, el director de gabinete de Rajoy José Luis Ayllón, así como el ex ministro de Economía Román Escolano.

Los exministros de Rajoy han tenido que solicitar autorización a la Oficina de Conflictos de Intereses, dependiente del Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Desde este departamento se permite casi todas las solicitudes de políticos que quieren pasar a la empresa privada.

El Portal de Transparencia actualizó el mes pasado toda la información relativa a los puestos importantes de la Administración del Estado. Estos datos se fiscalizan desde 2013 de los miembros del Gobierno y de otros órganos del Estado que tras su cese han solicitado fichar por empresas privadas.

La Ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, que entró en vigor a finales de marzo de 2015, impide a estos directivos, durante los dos años siguientes a dejar el puesto, “prestar servicios en entidades privadas que hayan resultado afectadas por decisiones en las que hayan participado”.

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