Uno de los escándalos judiciales más graves de la historia democrática española es el protagonizado por el Tribunal Supremo respecto al IRPH. Se trata de un índice oficial al que se referencian préstamos hipotecarios y por el que la banca ha cobrado de más a los consumidores que contrataron estos productos unos 70.000 millones de euros, según un análisis de Goldman Sachs.
El IRPH, debido a la capacidad de los bancos de subir diferenciales y la posibilidad de contemplar escenarios económicos fruto de dicha subida, actúa, en realidad como una «cláusula freno» que evita que los bancos ingresen menos dinero en tiempos de bajadas de tipos.
Esto es un hecho estadístico constatado desde diciembre de 1992, mediante el análisis de los ciclos de bajada y que ha sido confirmado por varios directivos de los principales bancos de España.
Esto supone un verdadero engaño sistémico porque las entidades financieras trabajan con las series temporales. Sin embargo, los clientes, los consumidores, no. Por tanto, cuando un préstamo se comercializa referenciado al IRPH es un hecho que el banco sabe qué vende, pero el cliente no sabe qué compra.
En concreto, el consumidor no sabe habitualmente que el índice que contrata, cuando los demás índices bajen, se mantendrá o bajará muy poco y muy lentamente, de manera que el banco se protege ante los bajos tipos de interés. Esta protección de los intereses de las entidades se hizo a costa de que el cliente pagara más que el resto (clientes MIBOR o Euribor).
Para valorar la mala fe, que el Supremo no tuvo en cuenta en ningún momento, hay que considerar que, a la vista de los datos, a la banca no le interesa tanto ganar mucho con las hipotecas IRPH cuando los tipos son altos. Su interés principal es evitar que se pague poco cuando los tipos sean bajos.
La banca usó, por tanto, a los clientes IRPH como un nicho seguro de liquidez, puesto que pagaron cuotas elevadas cuando las mensualidades, en general y en su inmensa mayoría, eran bajas por la bajada del Euribor.
