Juan Manuel Moreno Bonilla comienza a plegar las velas privatizadoras de la atención primaria en Andalucía a una velocidad de vértigo que en absoluto muestra su colega madrileña, Isabel Díaz Ayuso. En apenas una semana, el ejecutivo andaluz se ha visto obligado a rectificar la orden publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) donde el Gobierno andaluz ponía precio tasado muy al alza de los servicios de atención primaria en la sanidad pública para ofrecerlo a las aseguradoras privadas. Ahora, este jueves da un paso atrás a medias y señala en otra orden, esta de carácter extraordinaria y publicada también en el BOJA, que la administración sólo recurrirá a la colaboración privada en la atención primaria de la sanidad pública “en periodos coyunturales de mayor demanda o en situaciones de emergencias sanitarias”.
Los sindicatos han vuelto a elevar el tono de sus críticas generalizadas a esta estrategia del ejecutivo andaluz y califican de “chapuza” la “rectificación” de la Junta sobre la privatización de la atención primaria. “La rectificación consiste en intentar lavar la cara a la posibilidad real que sigue manteniendo la orden de que las consultas de nuestros profesionales de la medicina puedan ser concretadas con empresas privadas y en nuestros mismo centros”, señala el responsable de Sanidad de UGT en Andalucía, Antonio Macías. La supuesta rectificación de la Consejería de Salud detalla que la privatización de la atención primaria sólo se dará “en aquellas situaciones en que la cobertura prestaciones relacionada con las garantías establecidas en materia de accesibilidad sea insuficiente en periodos coyunturales de mayor demanda o en situaciones de emergencias sanitarias”. El responsable sanitario de UGT en Andalucía concluye que “seguimos igual que antes o peor”.
Moreno Bonilla especifica ahora que sólo privatizará la atención primaria “en periodos coyunturales de mayor demanda o en situaciones de emergencias sanitarias”
De este modo, con la rectificación publicada este jueves en el BOJA de manera extraordinaria, el ejecutivo andaluz reconoce que abría las puertas a la concertación de la atención primaria, aunque tanto el presidente andaluz como su consejera de Salud, Catalina García, se han afanado hasta la extenuación para asegurar que no se privatizaba en absoluto estos servicios sanitarios públicos. “¿Tan difícil es eliminar la posibilidad de privatización? ¿Por qué quieren justificarlo y no erradicar esta posibilidad?”, se pregunta el responsable sindical.
Hasta ahora, y a diferencia de la guerra abierta que mantiene el sector con la presidenta madrileña, el Gobierno andaluz había mantenido un perfil bajo en esta denuncia avanzada por la portavoz de la confluencia Por Andalucía, Inmaculada Nieto. Pero la publicación en el BOJA de la tarificación de la atención primaria asistida por aseguradoras privadas incluso en instalaciones públicas ha colmado la paciencia incluso del sindicato mayoritario en el sector, el Sindicato Médico de Andalucía (SMA), que había firmado en enero pasado un acuerdo de mínimos con la Junta. Pero el enfado generalizado no ha hecho más que crecer estos días entre los profesionales andaluces tras conocerse la publicación de estas tarifas en el BOJA, que multiplican por siete los beneficios que cobrarían las aseguradoras respecto a lo que perciben los médicos de atención primaria por atender a cada paciente en la pública.
El acuerdo del pasado enero entre Junta y el Sindicato Médico, que a efectos prácticos ya ha quedado en papel mojado tras el enfado colectivo de todos los sindicatos con representación en la Mesa Sectorial, consistían en establecer un cupo de 35 citas (25 como máximo en el caso de pediatría) y otro número “delimitado” de 25 pacientes más para atender durante las tardes, en las que se cubrirán las consultas que por la mañana no se puedan dar.
