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El Ejecutivo propone mejorar el gobierno corporativo de las empresas cotizadas para facilitar su acceso a financiación y sostenibilidad

La norma establece que las empresas puedan conocer la identidad de sus inversores para facilitarles el ejercicio de sus derechos y su implicación en la sociedad

María José Pintor
María José Pintor
Periodista en cuerpo y alma, licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad del País Vasco.
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análisis

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El Consejo de Ministros aprueba para su remisión a las Cortes Generales el proyecto de ley de Fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas de sociedades cotizadas, que modifica el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

La norma transpone la Directiva 828/2017, dirigida a mejorar el gobierno corporativo de las sociedades cotizadas en la Unión Europea y de esa forma aumentar sus posibilidades de financiación y su sostenibilidad a largo plazo.

La nueva norma permitirá que las empresas tengan un mayor acceso a la financiación de los mercados, puedan crecer de manera más sostenible, crear empleo de calidad y aportar mayor valor a la economía.

Competitividad

Para ello, el proyecto de ley introduce modificaciones en el gobierno corporativo de las sociedades cotizadas en España, aumenta la competitividad del mercado español de capitales manteniendo la protección de los inversores y adapta la publicación de información a la normativa europea.

Así, con el fin de mejorar el gobierno corporativo, y para que las sociedades puedan fomentar la participación a largo plazo de sus accionistas, se establecen mecanismos para su identificación. Asimismo, se obliga a las instituciones de inversión colectiva a elaborar y hacer pública su estrategia de implicación en las sociedades en las que invierten, explicando cómo estas estrategias contribuyen a la sostenibilidad a largo plazo de las empresas.

En el mismo sentido, se regula por primera vez la figura de los asesores de voto o “proxy advisors”, entidades que prestan servicio de asesoramiento a inversores en relación con el ejercicio del derecho de voto derivado de la titularidad de acciones, estableciendo la obligación de publicar información acerca del código de conducta al que estén adheridos.

Se incrementa también la transparencia de las operaciones vinculadas con el fin de evitar posibles conflictos de interés y se regula con mayor detalle la información que se debe incluir en la política de remuneraciones de los miembros del consejo de administración.

El proyecto incluye otras modificaciones legislativas adicionales a lo establecido en la Directiva y que tienen como objetivo mejorar el acceso a la financiación.

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