El documento que desmonta los argumentos del Estado español

El Estado español se ha colocado en la trinchera contraria de los afectados del Banco Popular. Ayer publicábamos cómo, en base a un documento interno del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al que Diario16 ha tenido acceso, que la Abogacía del Estado argumentaba que «a lo largo del procedimiento Deloitte realizó sucesivas aclaraciones a la JUR en las que comunicaba la ausencia de conflictos de intereses como resultado de las verificaciones realizadas».

Sin embargo, sí se produjeron conflictos de interés desde semanas antes de la resolución del Popular. Cuando la ley obliga a una administración pública, como es la Junta Única de Resolución (JUR) a recabar informes de un experto independiente a la hora de adoptar una decisión, se contrata a esa empresa a través de un proceso de licitación en el que deben presentarse los posibles conflictos de interés que pudiera tener dicho experto.

Sin embargo, en el proceso de resolución del Banco Popular, la JUR licitó la contratación en el mes de mayo de 2017 y concedió el contrato a Deloitte, tal y como se puede comprobar en la documentación contractual a la que Diario16 ha tenido acceso.

Grave conflicto de intereses

El día 18 de mayo de 2017, cuando ni siquiera se había publicado el borrador de la AEB sobre las valoraciones de entidades financieras en un proceso de resolución, Deloitte envió a la JUR una declaración en la que afirmaba que no tenía ningún conflicto de interés respecto al Banco Popular.

Sin embargo, la auditoría realizada por PwC de las cuentas del Banco Popular de 2017, se hacen públicos distintos trabajos de auditoría realizados por Deloitte para la entidad resuelta:

Por otro lado, el presidente de Deloitte España reconoció en el Congreso de los Diputados durante su declaración en la Comisión de Investigación sobre la Crisis Financiera que la auditora estaba realizando trabajos para el Banco Santander en otros países y a través de diferentes departamentos que nada tienen que ver con la auditoría.

Las prisas nunca fueron buenas

Si no hubiese habido tanta urgencia en resolver al Popular para entregárselo al Santander, la JUR estaba obligada a verificar si la declaración de Deloitte se correspondía con la realidad porque, al ser un organismo dependiente del Banco Central Europeo, tiene acceso a la información de quiénes son las empresas auditoras que trabajan con las entidades que están bajo la supervisión de la máxima autoridad financiera de la Eurozona.

Por tanto, la JUR obvió la existencia de conflicto de interés a la hora de contratar a Deloitte para que realizara el informe de valoración sobre el que se asentó la decisión de resolver al Banco Popular y de entregárselo al Santander por un euro utilizando el modelo de resolución más lesivo para los accionistas, sobre todo para los más pequeños.