Una protesta contra los acusados ante la Audiencia Provincial.

Tras 7 años de instrucción, ha comenzado en la Ciudad de la Justicia de Valencia el segundo juicio por las piezas 2 y 3 del ‘caso Blasco’ o caso Cooperación. Veinticuatro personas están acusadas en la Audiencia Provincial del presunto desvío de más de 5 millones de euros que tendrían que haber sido destinados a proyectos de colaboración y desarrollo en países del Tercer Mundo y que finalmente pudieron terminar en bolsillos privados. El juicio juzga entre otros al exconseller Rafael Blasco, en otro tiempo todopoderoso hombre fuerte de la política valenciana, por irregularidades en la concesión de subvenciones para proyectos solidarios, como la construcción de un hospital en Haití que nunca llegó a construirse.

El enésimo caso de saqueo de las arcas públicas valencianas ocurrió entre los años 2009 y 2011, durante el gobierno presidido por Francisco Camps, del Partido Popular. “El dinero desviado estaba destinado a 23 proyectos de cooperación internacional para el desarrollo en 10 países, entre los que se encontraban Perú, El Salvador, Paraguay, Guinea Ecuatorial, Senegal, Camerún, Mauritania, incluyendo el proyecto de construcción de un hospital en Haití tras el terrible terremoto”, asegura la Coordinadora Valenciana de Oenegés (ONGD), personada como acusación popular en la causa.

Sin embargo, pese a que la maquinaria judicial se ha puesto en marcha tras siete años de investigación, las partes trabajan contra reloj en acuerdos judiciales y negociaciones para evitar la celebración del juicio. Todo pasa por que se reintegre a las arcas públicas el dinero supuestamente desviado. Tres empresarios implicados en la trama ya han alcanzado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía y las acusaciones privadas para devolver lo defraudado: unos 40.000 euros cada uno. Sin embargo, queda pendiente el grueso más importante del fraude. El acuerdo entre la Fiscalía Anticorrupción y el exconseller Blasco y el empresario Augusto César Tauroni sigue en el aire. Y es que los fondos sustraídos aún no se han devuelto, tal como reclaman las oenegés. Es decir, de las cantidades más elevadas nada se sabe de momento. El hecho de que unos acusados hayan devuelto lo malversado y otros no ha llevado al fiscal anticorrupción, Jesús Carrasco, a no cerrar un acuerdo global, con lo que de momento el juicio sigue adelante.

Las defensas de ambos encausados han pedido un nuevo aplazamiento para intentar cerrar el pacto que no llega. La Coordinadora ya ha anunciado que rechazará cualquier acuerdo de conformidad si antes los implicados no ingresan el dinero defraudado. La postura de esta plataforma fue adelantada hace unos días en rueda de prensa por el portavoz de la campaña #JusticiacasoBlasco, Carles Xavier López, y el abogado que representa a la entidad en la causa, Raul Vidal. La asociación ha solicitado el apoyo de la ciudadanía y las entidades sociales para “seguir sosteniendo los gastos judiciales como acusación popular para que se haga justicia”.

Las piezas 2 y 3 del caso Blasco juzgan, entre otros proyectos, la fallida construcción de un hospital en Haití devastado por el terremoto de 2010 y todas las subvenciones que fueron otorgadas al efecto por la Conselleria de Cooperación en los tiempos de Blasco.

La Justicia investiga si aquellos fondos públicos de ayuda internacional fueron presuntamente desviados para “el lucro personal y otros fines como apartamentos de lujo en Miami, yates e incluso una avioneta, por una presunta agrupación criminal: una trama de empresas y fundaciones fantasmas creadas a propósito para defraudar con la presunta participación de los responsables de la Generalitat Valenciana, con el exconseller Rafael Blasco como máximo responsable y su amigo, el empresario César Augusto Tauroni, como cerebro de la trama”, añade la Coordinadora Valenciana de ONGD.

La Justicia investiga si se han cometido delitos de pertenencia a grupo criminal, malversación de caudales públicos, prevaricación, blanqueo de capitales, falsedad documental, encubrimiento y fraude en subvenciones.

El juicio se alargará durante tres meses, hasta julio de 2019. Por él pasarán más de 100 testigos y peritos de una instrucción que consta de más de 50.000 folios en 168 tomos, y 24 piezas separadas con más de 40.000 folios con documentación intervenida en las entradas y registros de domicilios. Además, desde 2011 hay más de 35.000 correos electrónicos y escuchas telefónicas que han dado lugar a la formación de 15 tomos más, y se han analizado el contenido de 75 dispositivos informáticos intervenidos, con miles de archivos que ocupan más de 5.000 gigabytes.

Blasco se enfrenta a una petición de 16 años de prisión, el empresario Tauroni a 22 y el resto de acusados a penas de entre dos y catorce años de cárcel además de a multas millonarias. Durante el juicio se escucharán los audios de la Policía en las que los implicados se referían a África como “Negrolandia” y se anteponía “lo nuestro a los de los negratas”.

Blasco, ex conseller valenciano de Solidaridad y Ciudadanía y ex diputado autonómico del PP, ya fue condenado en 2014 a seis años y medio por delitos de malversación y falsedad documental en la primera pieza de la causa. Ingresó en prisión en junio de 2015 y obtuvo el tercer grado penitenciario el pasado mes de enero.

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