El ex mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, se presenta en el Tribunal Supremo, en calidad de testigo, como un funcionario de policía íntegro que siempre respetó la ley, un técnico sin tacha, un hombre de orden al que nunca se le ocurriría saltarse un semáforo en rojo. Sin embargo, tiene que dar explicaciones por lo que ocurrió aquellos días convulsos. ¿Cómo alguien como él se ha visto envuelto en un embrollo semejante? ¿Tomó la decisión de sumarse a la aventura secesionista, fue fiel al orden constitucional en todo momento o jugó el papel de agente doble?

El abogado de Vox, Javier Ortega Smith, ha intentado cazarlo en un renuncio formulándole preguntas tendentes a probar que Trapero, como máximo responsable de la Policía Autonómica, no hizo lo suficiente para atajar la supuesta rebelión popular que se fraguó el 1-O. Aquella jornada Trapero tuvo que tomar decisiones vitales para el futuro de Cataluña y para su propia vida en cuestión de segundos. Los acontecimientos se precipitaban a velocidad de vértigo y se vio en medio de una encrucijada: acatar la ley y la Constitución, tal como había jurado al tomar posesión de su cargo, o ponerse de lado de los dirigentes de la Generalitat conjurados a favor del independentismo. La historia es una losa demasiado pesada para un solo hombre, por mucho que sea un jefe de Policía.

Obedecer el ordenamiento jurídico español lo llevaría inevitablemente a ser acusado de botifler (traidor en catalán); ser sumiso con sus superiores indepes podía arrastrarlo a la cárcel, tal como pretende ahora la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que le pide 11 años de prisión por un delito de rebelión. Cualquiera de los dos caminos lo conducía inexorablemente al desastre personal y profesional; de cualquier forma estaba pillado. Ahora bien, ¿fue el mayor Trapero una pieza clave en el ‘procés’ y en la supuesta rebelión que se estaba gestando, tal como asegura el fiscal de la Audiencia Nacional en su escrito de calificación?

Su declaración de hoy, sobre la cuerda floja en todo momento, ha arrojado algunas pistas interesantes. El exmayor reconoce que recibió un correo electrónico del comisario jefe de investigación criminal de los Mossos en el que se hablaba de una supuesta reunión en la que se trató de la creación de “una estructura de inteligencia para el control de Aduanas” y fronteras. Ese plan sería crucial para el control de Cataluña tras la proclamación de independencia, tal como pretendían los soberanistas. Trapero ha dicho conocer el “contenido y el sentido” del mensaje que llegó a su ordenador, pero no recuerda si se habló de las Aduanas.

Segunda cuestión espinosa para el oficial que ha quedado al descubierto tras la sesión del juicio en el Supremo: supuestos barridos en los despachos oficiales de la entonces presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y otros miembros del Govern en busca de micrófonos ocultos de la Guardia Civil. “Eso se ha hecho desde que tengo conocimiento en los Mossos”, ha admitido Trapero, que por momentos no parecía un testigo, sino el acusado número 13.

Y tercer papelón no menos importante: el dispositivo Ágora, un supuesto plan de seguridad diseñado por los Mossos que en principio tenía por objetivo la vigilancia, prevención y control ante una eventual alerta terrorista pero que según las acusaciones del ‘proces’ pudo ir más allá hasta establecer la vigilancia y protección de líderes políticos independentistas, la presencia disuasoria de patrullas policiales en la cercanías de las sedes de los partidos y el control de los mítines de cara al 1-O. Aquel operativo, según Trapero, se hizo porque en Cataluña “vivíamos una época de cierta tensión social donde ocurrían incidentes en concentraciones, manifestaciones de grupos antagonistas, personas que hacían pintadas, escraches… Todo ese tipo de situaciones. Como era previsible que esa situación fuera en aumento, se diseña un dispositivo. Para el control de orden público era uno más”. “¿Pero modificó el señor Joaquim Forn [conseller de Interior] ese dispositivo?”, pregunta el letrado de Vox. “Eso hubiese sido una aventura porque el señor Forn no es un técnico de la Policía. Su jefe de gabinete nos propuso una modificación que no se recogió sobre el tema de la tensión social, otra manera de expresarlo…”. En todo caso, el dispositivo Ágora nunca tuvo relación alguna con la organización del referéndum del 1 de octubre de 2017, según el exmayor Trapero.

Sobre los altercados del 20 de septiembre frente a la Conselleria de Economía, asegura que actuó correctamente para tratar de proteger a la comisión judicial que registraba las dependencias oficiales en busca de pruebas del ‘procés’. Según Trapero, habló sobre las cinco de la tarde con altos cargos de la Justicia que estaban preocupados por las imágenes de miles de manifestantes que presionaban en la calle. Trapero dice que hizo todo lo que estaba en su mano para que la secretaria del juzgado y los funcionarios salieran ilesos de allí, pese a que el control lo tenía la Guardia Civil. El interlocutor con la comisión era un mando de la Benemérita, “ni siquiera los mandos de los Mossos que estaban allí tenían contacto con ellos”. Así transcurrió la jornada hasta que sobre las once de la noche decidió enviar a varios agentes para hablar personalmente con la secretaria judicial y obtener datos de primera mano.

En todo momento los Mossos trabajaron para desplegar un dispositivo seguro con el fin de que la comisión judicial pudiera salir con tranquilidad entre miles de manifestantes. “Una cápsula era el objetivo en previsión de que alguien pudiera lanzar un objeto, una botella de agua, eso podía ocurrir”, explica el testigo. Finalmente, a la secretaria se le ofrece una salida alternativa por el tejado del edificio. “Si planteamos esa salida a través del cordón policial es porque consideramos que es segura […] El motivo por el que se ofrece la otra salida no es porque consideráramos que la del cordón policial fuera insegura”.

El lanzamiento de una botella de agua contra dos agentes de los Mossos en las inmediaciones del cine Coliseum y algún que otro empujón, además de los coches de la Guardia Civil que fueron destrozados por los manifestantes, fue toda la violencia que Trapero vio aquella tarde. Esa es la versión del hombre que tenía a su cargo la seguridad de millones de catalanes. Alguien que está en el difícil trance de demostrar que defendió la ley en todo momento. Aún a riesgo de ser acusado de botifler por los independentistas.

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