Referendum

Jordi Turull, uno de los 12 encausados por el ‘procés’ independentista en Cataluña, ha alegado en su defensa ante los magistrados del Tribunal Supremo que convocar un referéndum no es delito en España. Y se ha basado en que en el año 2005 el Congreso de los Diputados despenalizó esa conducta. El exconseller, que se ha sentado en el banquillo de los acusados, no ha dicho ninguna falsedad en ese asunto. En aquel año el dictamen del Congreso derogó tres artículos del Código Penal por el que se sancionaban con penas de entre tres a cinco años de cárcel e inhabilitación a la autoridad que convocara procesos electorales o consultas populares por la vía del referéndum careciendo de competencia para ello.

También anuló que se penalizara con cárcel “a la autoridad o funcionario que allegara fondos, bienes, subvenciones o ayudas públicas a asociaciones o partidos disueltos o suspendidos” por su relación con delitos de terrorismo. Según la propuesta, las citadas conductas carecían de la “suficiente entidad como para merecer el reproche penal y menos aún si la pena que se contempla es la prisión”, y añadió que en cuanto a las ayudas públicas a formaciones disueltas o suspendidas, “el ordenamiento ya prevé una sanción penal si constituyeran actos de participación en asociación ilícita”.

Hace 14 años el Congreso de los Diputados era un lugar muy diferente al que es hoy. PP y PSOE sostenían todavía el bipartidismo y Zapatero meditaba ya un Estatut de autonomía que en su Preámbulo concedía a Cataluña la consideración de “nación”, además de un reconocimiento explícito a la lengua catalana y de avanzar en un nuevo pacto fiscal. Fue así como el Parlamento llegó al espinoso asunto de los referéndums. Todos los grupos parlamentarios, con excepción del Grupo Popular, votaron en aquella ocasión a favor de la despenalización de los referendos convocados sin amparo legal, como el que había anunciado el entonces lehendakari, Juan José Ibarretxe, para que los ciudadanos se pronunciaran “sobre el nuevo marco político”, es decir, la hoja de ruta hacia la autodeterminación de Euskadi que sería rechazado por el Estado español. Finalmente, la proposición para despenalizar los referéndums en nuestro país se aprobó con 191 votos a favor, 135 en contra y ninguna abstención, del total de 326 diputados que se encontraban en el hemiciclo en el momento de la votación.

El que era portavoz de Justicia del PP en el Congreso, Ignacio Astarloa, defendió la enmienda del PP a la propuesta, con la que los populares pretendían mantener en la cárcel a la autoridad o funcionario público que convocara un referéndum careciendo de las competencias otorgadas por la Constitución para ello. En la defensa de las enmiendas de su grupo, Astarloa llegó a pedir a los diputados del PSOE que apoyaran sus enmiendas para garantizar el mantenimiento, en el Código Penal, del citado delito y para evitar que se financie a los grupos terroristas. “Pedimos que todos los miembros del PSOE que estén en la idea de que no es razonable que se salgan con la suya los que convocan un referéndum de secesión y los que quieran la financiación de grupos terroristas, que reflexionen”, arengó el diputado popular. El portavoz insistió en que en el Código Penal deben existir instrumentos para afrontar desafíos como un referéndum ilegal y acusó al PSOE de dejar esta cuestión en una situación de “incertidumbre” con la derogación de estas penas. Además, Astarloa acusó también al Gobierno y al Grupo Socialista de permitir la “relegalización” de organizaciones que “multiplican el terror”.

El portavoz popular recordó que el Código Penal está “plagado” de sanciones a conductas de “infinita menor gravedad” y preguntó al Gobierno y al PSOE sobre lo que van hacer cuando “el desafío se produzca” y no existan esos “instrumentos razonables”. “Hay un señor que ha dicho que lo hará”, aseguró Astarloa en referencia al lehendakari Ibarretxe, al tiempo que consideró incomprensible que no tenga consecuencias penales que un “funcionario o autoridad dé dinero al terror”.

Desde el PSOE, su portavoz, Alvaro Cuesta, afirmó que “no está en juego la protección del Estado de Derecho frente a amenazas secesionistas” y recordó que el Código Penal ha subsistido sin necesidad de crear un tipo específico para penar la convocatoria de referendos. Por su parte, la portavoz del PNV, Margarita Uría Uria, calificó de “torpeza y barbaridad política” tipificar como delito la convocatoria de referendos sin tener competencia para ello y felicitó a todos los grupos de la cámara, a excepción del PP, porque según dijo, “por fin vamos a arrojar del ordenamiento jurídico lo que nunca debió introducirse en él”.

Turull puede ser condenado por incumplir la Constitución y el Estatuto de autonomía, entre otras leyes, pero en eso tiene razón el exconseller: en España convocar referéndums sin contar con competencia para ello no es delito. Una decisión que tomó el Parlamento español. Ni más ni menos.

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