“Muchas son las leyes en un Estado corrupto” Tácito

La relación entre despilfarro público y la consecuente disminución del crecimiento del producto bruto nacional parece inevitable. Y, aunque también parece importante distinguir entre despilfarro público y corrupción, no debe banalizarse su relación. De hecho, cuando los ciudadanos votan por partidos que han sido procesados por corrupción o protegen a los corruptos, lo que ocurre es eso, se convierten en cómplices de las tramas corruptas. Además, el enriquecimiento de los corruptores no se persigue con el mismo entusiasmo que el de los corrompidos. El fenómeno es un proceso que requiere de ambos. La legislación no es disuasoria. Los magistrados tienden a establecer una barrera corporativa de protección a sus decisiones en el límite de la prevaricación cuando de corrupción se trata.

La dilatación de los procesos, algunos de los cuáles no han sido capaces de determinar la identidad de M. Rajoy, forman parte de la trama en esta tragedia nacional. En cualquier caso, toda corrupción, incluida la incompetencia judicial en penalizar esos comportamientos, implica despilfarro público. Esto es, ineficiencias y sobrecostes. Es más, vivimos en un Estado que no protege a los denunciantes de la corrupción. Eso, de por sí, mostraría un fracaso del sistema judicial, pero en este país las cosas son paradójicas.

Sería bueno definir que no todo, ni mucho menos, sugiere que el despilfarro público es corrupción. Las formas más comunes de corrupción se caracterizan por la desviación y el robo de fondos provenientes de los presupuestos generales del Estado.

Se ha venido cuantificando que el daño causado por tramas criminales organizadas para saquear presupuestos públicos, y las prácticas desplegadas por empresas e individuos que pagan sobornos para conseguir contratos o para evitar las regulaciones sobre un amplio abanico de políticas públicas que pretenden beneficiar a todos los ciudadanos, es cercano por todo concepto al importe que necesitaríamos para afrontar la reconstrucción post pandemia. El FMI calcula que los sobornos suponen el 2 % del PIB mundial anualmente. Es decir, casi dos billones de dólares. En el caso de España, hay estudios que disparan la factura de la corrupción y su impacto en el crecimiento hasta el 8 % de la riqueza del país. Ya en 2018, un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, CNMC, confirmaba en 90.000 millones de euros al año el coste de los delitos por corrupción en España. Más de la mitad, el 4,5% del PIB procede de sobrecostes por deficiencias de control, según expertos de la Universidad Autónoma de Madrid. Esto marca que los mecanismos de verificación del uso debido de los fondos o ha fallado o forma parte de la trama. Recordemos que la denominada “policía patriótica”, amparada por gobiernos democráticos, también tuvo efectos en las unidades de anticorrupción. En cualquier caso, esa cifra supone 500 euros por ciudadano, e implica recortes a nuestro estado del bienestar. Sería bueno que buscásemos los fondos de la reconstrucción dentro de nuestro sistema de corrupción, antes que en la generosidad del norte de Europa.

Por definición, la corrupción es la utilización, con medios ilegales o alegales, que realizan los responsables de la gestión de fondos del sector público para beneficio privado. Así pues, toda corrupción genera ineficiencias que se traducen en sobrecostes innecesarios. Esto, es el despilfarro de los fondos públicos. Por eso hay que penalizar la utilización de las puertas giratorias. Son una potencial vía de degradación social y financiera del país.

Por tanto, ese despilfarro es la muestra de una actuación inadecuada desde la dimensión económica de la administración de fondos. Porque es allí donde habitan los corruptos. Para España, la corrupción es el fenómeno general en el que se estructura un modo perverso de entender el uso de las responsabilidades públicas. Al parecer, era una práctica habitual desde las máximas instituciones del Estado y sus prácticas se proyectaban hacia abajo. Todo “atado y bien atado”, se encapsulaba en el lema de la omertá: callar por respeto a la unidad de España. Esto es romper España.

En los años en los que fluían los fondos europeos, la corrupción se manifestaba en ese despilfarro manifestado en actuaciones, por parte del sector público y/o privado, que casi siempre llevaba sobrecostes que ocultaban las mordidas. Aeropuertos sin aviones. Una red de Alta Velocidad irracional que eludió una España vertebrada en sus corredores más lógicos: el mediterráneo y el cantábrico. Ingentes fondos para la formación que terminaban siendo utilizados como medios de financiación indirecta de organizaciones cercanas al poder. En otros casos se prefirió la avaricia de los sobrecostes a la generación de la riqueza integradora de la España real. Eran la contrapartida del despilfarro a un funcionamiento eficiente, aunque pudiesen existir actuaciones innecesarias sin sobrecostes, no eran habituales.

Existen entonces dos maneras de despilfarro. Una es la corrupción explícita, cuando la práctica se hace al margen o contra la ley y la norma. Otra que tiene que ver con falta de eficiencia “intencional” de la actuación pública o en la actuación privada. Esta última práctica no opera directamente fuera de la legalidad. No lo hace porque previamente construye junto a los lobistas la legislación que lo permite.

Aunque, por razones obvias, la corrupción no se puede medir sólo por aproximaciones basadas en la cuantía de lo incluido en las sentencias judiciales, sí es cierto que existe una amplia coincidencia en aceptar que ha terminado afectando la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas y en la calidad de la democracia, la desigualdad, la economía sumergida, la innovación, la productividad, la competencia y el crecimiento económico. La idea de que vivimos “por encima de nuestras posibilidades” fue la preferida durante los gobiernos de la crisis financiera.

Por tanto, no es temerario afirmar que la corrupción debe erradicarse y el despilfarro público cerrarse con la fuerza de una justicia eficiente y efectiva. Si persisten las puertas giratorias y la colusión entre los intereses públicos y los privados se permiten como “prácticas usuales”, entonces la derrota como sociedad será inevitable.

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