Baker McKenzie fue una pieza clave en la operación de resolución de Banco Popular. No en vano, fue el despacho de abogados elegido por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) como asesor legal de cara a la resolución de la entidad. En concreto, el FROB contrató a sus asesores externos el día 30 de mayo, cuando aún no se habían producido las salidas de depósitos que fueron fundamentales para que la crisis de liquidez fuera irreversible y llevara al Popular a ser resuelto. En concreto, el organismo presidido por Jaime Ponce contrató a Jefferies International Limited y a Baker & McKenzie Madrid.
Por otro lado, Baker McKenzie también tiene relación con el Caso Popular porque es uno de los despachos elegidos por Emilio Saracho para que ejerzan su defensa ante la Audiencia Nacional. En concreto, el exfiscal Jesús Santos trabaja para este bufete y no se puede olvidar cómo el actual decano del Colegio de Abogados de Madrid, José María Alonso, fue presidente-socio de Baker McEnzie y la persona encargada de acompañar a Emilio Saracho a la Audiencia Nacional el primer día de su declaración ante el magistrado José Luis Calama.
Por otro lado, Carlos Gómez Jara, el letrado principal de la defensa de Saracho también ha tenido una relación directa con Baker McKenzie puesto que, tal y como publicamos en exclusiva en Diario16, Corporate Defense, el despacho de Gómez Jara, facturó en el año 2016 a este bufete la cantidad de 465.659,80 euros, según consta en documentación a la que Diario16 tuvo acceso.
Baker McKenzie, la multinacional de la abogacía
Baker McKenzie, cuya sede central está en Chicago, es uno de los despachos más grandes del mundo. Está presente en 46 países y cuenta con una plantilla de más de 4.500 abogados. Se anuncia a sí mismo como «el bufete de los abogados global original» y se encuentra entre la exclusiva decena de bufetes de Estados Unidos y Reino Unido que han establecido grandes redes internacionales y han transformado la propia profesión de abogado.
Baker McKenzie dice que está comprometido con el estado de derecho y los más altos estándares internacionales de ética, derechos humanos y políticas anticorrupción. “Somos veraces y transparentes”, dice la firma en su código de conducta empresarial. «No hacemos negocios con personajes de mala reputación».
Detrás de los elevados pronunciamientos hay una simple realidad que ha sido descubierta a través de los «Pandora Papers», la mayor filtración de documentos que ha desvelado cómo políticos, millonarios y grandes han utilizado durante años redes en paraísos fiscales para evadir impuestos. Baker McKenzie es un arquitecto y pilar de una economía sumergida, a menudo llamada «offshore», que beneficia a los ricos a expensas de las tesorerías de las naciones y las billeteras de los ciudadanos comunes.
Sus clientes: multinacionales, ricos, poderosos y…
Entre sus clientes, según ha publicado el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), se encuentra un asesor del primer ministro de Malasia necesitaba ayuda para administrar empresas en la ciudad capital de Kuala Lumpur y en Hong Kong. Según distintas investigaciones judiciales, él y sus asociados utilizaron las empresas para desviar cientos de millones de dólares de un fondo de desarrollo económico del gobierno.
Un fabricante ruso de rifles Kalashnikov, sometido a sanciones internacionales por mal comportamiento, quería vender sus acciones en una gran mina de cobre a un negocio en la sombra en Mongolia. La venta desencadenó una investigación de corrupción del entonces primer ministro de Mongolia.
El gigante tecnológico Apple Inc. estaba buscando un paraíso fiscal para esconder su montaña de efectivo en el extranjero.
Todos tenían un amigo en Baker McKenzie porque cuando los multimillonarios, las multinacionales y las personas políticamente conectadas buscan ocultar su riqueza o evitar impuestos, a menudo recurren a este despacho.
Los Pandora Papers
Según los documentos publicados por el ICIJ y por diferentes medios en todo el mundo (en España, El País y LaSexta), en medio del mar de banqueros, contables, abogados y agentes de formación de empresas en el extranjero, Baker McKenzie se destaca. Los «Pandora Papers» revelan, según el ICIJ, que McKenzie desempeñó un papel muy importante en más de 440 empresas offshore registradas en paraísos fiscales.
Los documentos filtrados revelan que el bufete de abogados ayudó a organizar empresas fantasma en Chipre para el gigante de alimentos y tabaco RJR Nabisco. Para Nike, ayudó a establecer un refugio fiscal neerlandés.
Los documentos filtrados ofrecen una vista panorámica del papel de Baker McKenzie en la configuración de leyes y regulaciones en todo el mundo, incluido su lobby sobre medidas relacionadas con el blanqueo de dinero y los refugios fiscales. Actuando en nombre de los grandes bancos y las grandes empresas de tecnología, la firma rechazó las propuestas destinadas a fortalecer la supervisión regulatoria financiera y las leyes fiscales.
El poder para proteger a los poderosos
En Emiratos Árabes, Baker McKenzie se atribuye el mérito de haber ayudado a crear zonas francas, áreas de impuestos bajos y regulación ligera que, según los críticos, han fomentado la actividad ilícita. En Australia, el bufete de abogados se opuso a una medida destinada a frenar la evasión fiscal en el extranjero por parte de las grandes empresas. En Estados Unidos, presionó a favor de los bancos multinacionales, buscó eximir a más clientes extranjeros de las reglas de diligencia debida destinadas a prevenir el blanqueo de capitales.
A nivel mundial, el ICIJ descubrió como parte de la investigación de Pandora Papers que más de 300 abogados de Baker McKenzie han asesorado o representado a un organismo estatal, nacional o internacional en asuntos como la legislación fiscal internacional y las reformas anticorrupción. Más de 220 empleados de Baker McKenzie en 35 países han ocupado puestos en agencias gubernamentales, incluidos departamentos de justicia, oficinas de impuestos, la Comisión de la UE y las oficinas de los jefes de Estado.
Aunque los registros internos de Baker McKenzie no se encuentran entre los archivos filtrados, la firma se menciona en más de 7.500 documentos, mucho más que cualquier otro gran bufete de abogados de Estados Unidos.
Muchos de los documentos que mencionan a Baker McKenzie provienen de tres proveedores offshore a los que la firma o sus clientes delegaron trabajo: Trident Trust, con oficinas en las Islas Vírgenes Británicas; Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), bufete de abogados con sede en Panamá y Asiaciti Trust, con sede en Singapur.
Baker McKenzie, uno de los bufetes de abogados corporativos más conocidos del mundo, también es un pionero porque ha adoptado un modelo que permite a las empresas asociadas en el extranjero beneficiarse de una marca global sin compartir beneficios ni responsabilidades. Fue uno de los primeros defensores de las estrategias de planificación fiscal que permitían a las grandes empresas y a las personas adineradas trasladar las ganancias a los paraísos fiscales sin tener que trasladar sus operaciones allí.
Las compras en paraísos fiscales se han convertido desde entonces en el pan y la mantequilla de la industria extraterritorial, una estrategia que deja a los ciudadanos comunes con la carga financiera de la que escapan los ricos y poderosos.
Sin embargo, a diferencia de los banqueros y otros intermediarios extraterritoriales, los abogados han escapado al escrutinio, en parte debido al privilegio abogado-cliente, una doctrina que les exige mantener la confidencialidad de la información del cliente. En algunos países, el privilegio legal exime a los abogados de informar sobre actividades como el blanqueo de dinero a los reguladores gubernamentales.
Un abogado es más que un mercenario para los ricos y poderosos. De acuerdo con las Reglas Modelo de Conducta Profesional de la Asociación de Abogados de los Estados Unidos, un abogado es un funcionario del sistema legal y un ciudadano público con un papel especial para «promover la comprensión y la confianza del público en el estado de derecho».
Dicen que la mujer del César no solo tiene que ser honesta sino también parecerlo en este caso del Banco Popular los que le han juzgado y llevaron a la resolución al banco ni son honestos ni lo parecen , tenemos el caso de Deloitte la auditora que es la que lleva espaldas mayor cantidad de escándalos con sus auditorías corruptas tiene el honor de ser la auditora con la mayor multa de la historia en Gran Bretaña .en España tiene a sus espaldas multitud de escándalos como el de Abengoa Gescartera Bankia incendio del windsor etc etc etc ,esos son los que llevaron a la resolución al Banco, con un papel lleno de tachaduras.
El Popular y Ron se llevaron una carga explosiva cuando compraron el Banco Pastor el cual también fue utilizado para blanquear dinero de la trama gurtel si querían acabar con el banco esto también sumo ,destruyendo el banco se destruian también las pruebas , Saracho metió todos los papeles en un cajón y se olvido de ellos. todos los que son responsables de muchas personas y del dinero de todos nosotros tenían que ser limpios e intachables.
bueno en España ocurre algo que no ocurre ningún país del mundo se puede ser banquero y tener antecedentes penales y allí está el caso de Alfredo Sáenz el banquero de los botín ,porque el Santander puede hacer lo que le dé la gana que siguió actuando como banquero durante 2 años teniendo antecedentes penales habiendo sido condenado y termino con una pensión mayor que la del propio Emilio Botín .
por eso lo de Baker McKenzie ya no me sorprende ,no lo sabia
ya puedes esperar cualquier cosa cuando te levantas cada día a leer el periódico
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pongo partes de este articulo que no tiene desperdicio
https://civio.es/el-indultometro/2013/05/06/saenz/
EVA BELMONTE 6 mayo 2013
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Sáenz, un caso paradigmático
El número 2 del Santander ejerció durante dos años pese a tener antecedentes penales. Los sucesivos gobiernos evitaron su cese con indultos y reformas legales. Dejó el cargo justo antes de que el Banco de España decida si le expulsaba por tener antecedentes. Con 71 años, se llevó una pensión de más de 88 millones, muy superior a la del propio Botín.
Imaginen que un alto cargo de uno de los bancos más importantes del mundo envía a prisión a unos empresarios, confabulado con un juez corrupto, para chantajearles y así cobrar unas deudas. Imaginen que se descubre el engaño y que el banquero es condenado, pero que los sucesivos gobiernos de su país -todos, del color que sean- hacen y deshacen a su antojo para evitar que cumpla la condena. Imaginen que sigue ejerciendo como consejero delegado de la entidad durante más de dos años, inalterable, pese a los antecedentes penales. Imaginen, además, que por ese cargo cobró 11.604.000 euros en 2011 (más de 15 millones de dólares), más que el CEO de Morgan Stanley (13 millones de dólares), por poner un ejemplo. Suena a una historia de película, de poderosos saltándose las reglas, modificando leyes a su antojo, reescribiendo las normas del estado de derecho para salirse con la suya y salvar el pellejo a uno de los suyos.
Imaginen que ese hombre es Alfredo Sáenz, número dos de Emilio Botín hasta su dimisión este 29 de abril. Imaginen que el banco que le mantuvo en su cargo todo ese tiempo es el Santander. La retirada “voluntaria” del número 2 del banco llega justo antes de que el Banco de España deba decidir si le retira de su cargo, en un proceso que pone fin a la larga historia de favores políticos encaminados a evitar que perdiera su posición tras una sentencia judicial que le inhabilitó para el cargo.
La influencia del Santander
Pero, ¿qué influencia tiene el Banco Santander para hacer que los dos partidos políticos que se han turnado en el poder en España en los últimos años reescriban leyes y firmen indultos alegales para salvar un puesto directivo? La entidad, la más importante en España, es una de las muchas que ha perdonado, durante años, deudas a los partidos políticos. ¿Cuánto dinero ha perdonado el Santander a PP y PSOE? Imposible saberlo con exactitud. El Banco de España se niega a ofrecer la información de esas condonaciones por entidades y, por el momento, las negociaciones entre la banca y los partidos son opacas (pese a que ha sido cuestionado por ciudadanos a través de Tu Derecho a Saber y por el Tribunal de Cuentas, el órgano encargado de fiscalizar a las entidades públicas y los partidos políticos).
Pese a la falta de transparencia, en ocasiones la prensa ha podido esclarecer algunos datos relevantes, como los 12 millones de euros que el Santander perdonó al PSOE en 2006. Según los informes del Tribunal de Cuentas, tanto PP como PSOE sumaban deudas con la banca de unos 60 millones cada uno en 2007, fecha de su último informe.