El municipio cacereño de Cañaveral se mantiene expectante frente al proyecto de explotación minera que la empresa Lithium Iberia pretende desarrollar en la Dehesa de Las Navas y que ha sido presentado ante la Junta de Extremadura para su evaluación de impacto ambiental. Se trata de unas instalaciones para las que se prevé una inversión de más de 300 millones de euros y la creación de más de 400 puestos de trabajo directos en la mina y en la planta de beneficio del mineral (concentración e hidrometalurgia). A todo esto, la empresa suma los más de 1.200 empleos indirectos que generará el proyecto, que contempla un periodo de explotación de 19 años; los 6 primeros a cielo abierto y el resto en minería subterránea. El ritmo de producción medio previsto será de 2,3 millones de toneladas anuales de mineral y más de 30.000 toneladas anuales de hidróxido de litio grado batería.
La compañía espera obtener de la Junta de Extremadura la concesión de explotación a lo largo del año 2022. Pero, en paralelo, está trabajando en la ingeniería de detalle y en los proyectos constructivos con la intención de iniciar la explotación antes de que finalice el año 2023. De hecho, ya ocupa una nave en el Polígono Industrial San José Obrero de Cañaveral.
Vecinos en pie de guerra
Esta situación ha puesto en alerta a los vecinos de Grimaldo, Pedroso de Acim, Casas de Millán, Cañaveral, Holguera, Portezuelo y Torrejoncillo, municipios que podrían verse afectados. Por ello, han constituido la “Plataforma No a la Mina en Cañaveral”. Uno de sus portavoces, César González, vecino de Grimaldo, explica que “el terreno donde está la mina es un monte de utilidad pública, y ya se han encargado de hacer los trámites para que eso deje de ser de utilidad pública. Todo a escondidas. Sin visibilidad pública o que se entere el mínimo número de gente posible para agilizar esos trámites. De hecho, se trata de una dehesa que el Ayuntamiento de Cañaveral alquila a los ganaderos de la zona para pasto”. Al tiempo, denuncia que “los alcaldes no les han dicho a los ciudadanos nada más allá que lo que quiere la empresa que se diga: que se van a crear 400 puestos de trabajo. Pero a nadie se le ha ocurrido pensar qué hay detrás de todo esto. A medida que se han ido enterando del proyecto, alguno se ha posicionado en contra, otros off de record te dicen que no, pero bajito, para que no se entere mi partido. Y otros, verdaderamente no sé qué pintan de alcaldes. Esta gente son trileros. Se dedican a hacer un montón de espuma y luego la venden”, comenta con rabia contenida.
Para Inés Rodríguez, vecina de Cañaveral, “la administración local, la regional y muchas entidades están implicadas. Es sorprendente, pero que salga en los medios de comunicación la empresa con el presidente de la Junta de Extremadura presentando el proyecto es una implicación, no vamos a decir si interesada o desinteresada, pero esto es una alfombra roja para la compañía. Y no entendemos la poca implicación que parece que tenemos los vecinos. No digo que nos tengan que pedir permiso, que también, porque el Ayuntamiento de Cañaveral es el administrador de ese espacio, y por lo menos debería defender los intereses de los vecinos, igual que Fernández Vara debe defender los intereses de toda Extremadura”.
La Junta de Extremadura y Lithium Iberia no se pronuncian
En cambio, cuando se pregunta a la Junta de Extremadura por el rechazo social que ha generado la idea de Lithium Iberia explica que «no se pronuncia en ningún caso respecto a proyectos que estén tramitándose. Su labor como administración es asegurarse de que se cumpla la ley en todo el procedimiento».
Tampoco Lithium Iberia va más allá. La empresa prefiere mantener un perfil prudente hasta que la Junta analice toda la documentación presentada y se concedan los permisos de explotación.
Como César e Inés, muchos lugareños temen los daños que la explotación minera podría ocasionar a la agricultura y la ganadería de la zona y desconfían del plan de recuperación de la empresa, una vez concluya el periodo de extracción.
“No se compensarían, a largo plazo, los daños sobre la agricultura y ganadería de la zona, ya que acabada la actividad el entorno quedaría degradado e improductivo durante décadas. No se puede sustituir una dehesa de encinas y alcornoques centenarios por plantones de árboles jóvenes que necesitan muchos años para ser productivos y eso en el difícil caso de que pudieran arraigar en un suelo infértil. No existen garantías de restauración del entorno. Es práctica habitual en muchas explotaciones mineras abandonar la zona sin realizar los trabajos de corrección de los impactos ambientales”, explican.
Un nuevo ejemplo de desarrollo insostenible en la España vacía
Consideran también que el objetivo de la mina de Las Navas beneficiará a grandes grupos empresariales “a costa de la destrucción de empleos en los sectores agrícola, ganadero, turístico y hostelero, así como ecosistemas de gran valor, en un nuevo ejemplo de desarrollo no sostenible”.
Si el proyecto es ejecutado finalmente, podría dañar a la Cañada Soriana Occidental y a la Vía de la Plata o Camino Mozárabe de Santiago “que tanto promueve turísticamente la Junta de Extremadura y que supondría otro efecto negativo sobre un bien cultural inalienable como son las vías pecuarias. ¿Dónde queda el desarrollo sostenible para la dehesa extremeña y la Estrategia de Economía Verde y Circular de Extremadura 2030?», se preguntan desde la Plataforma No a la Mina en Cañaveral.
Cómo afectará a los recursos hídricos
Otro de los aspectos que preocupa a los vecinos son los 400.000 m3 de agua al año que precisará la explotación que “provendrían del embalse de Cañaveral, la EDAR, agua de lluvia, arroyos de la zona, así como de un pozo a realizar al este de Grimaldo. Sencillamente no salen las cuentas: hablamos de 400.000.000 de litros al año, el embalse de Cañaveral tiene una capacidad de 340.000.000 litros (0’34 hectómetros cúbicos). Sin contar el gasto habitual del pueblo y sacando el agua de dichos lugares, acaban con ellos en tres años en el mejor de los casos. Esto no cuadra para una explotación minera que pretende durar 20 años”, comentan. Y mientras, se preguntan si quizá la empresa ya ha puesto los ojos en otros recursos “como el embalse de Torrejoncillo, la presa de Portaje o el acuífero de Galisteo, que es uno de los mejor conservados de toda la Cuenca Hidrográfica del Tajo. Todo ello en un territorio de clima seco y caudales escasos que cada año acusan el estiaje. Esto ocasionará una grave retracción de recursos hídricos para la agricultura y la ganadería. Con el agotamiento y desecación de arroyos y acuíferos, ¿cuántos puestos de trabajo ya existentes y explotaciones agro-ganaderas destruirá la mina?”, apuntan.
La precaución de los alcaldes
A estas preguntas nadie responde, ni algunos alcaldes de la zona consultados. Es el caso del primer edil socialista de Torrejoncillo, José Ricardo Rodrigo, quien afirma que «si cualquier tipo de empresa o actividad económica en la zona genera riqueza e industria en nuestros municipios, lo apoyaremos. Si al final pasa lo que muchas veces ha ocurrido en nuestra región, que se llevan la materia prima y no somos capaces de generar ese valor añadido que tienen este tipo de explotaciones no nos consideraremos en contra, pero tampoco lo voy a apoyar. Este tipo de proyectos tienen que generar industria y riqueza en la comarca. Son zonas despobladas, pueblos pequeños que necesitan de ideas o iniciativas como esta».
Respecto a la apertura del periodo de información pública y consultas, Rodrigo evita hablar de alegaciones por parte del consistorio antes de que sea pública la evaluación de impacto ambiental. «A nivel de término municipal el proyecto inicial no nos afecta. Estamos hablando de que el proyecto que se presentó en 2018 por Jesampa -anterior nombre de la empresa Lithium Iberia- sí afectaba a otros términos municipales, pero ahora mismo sólo afecta al término municipal de Cañaveral. Es cierto que puede llegar a afectar los cauces que acaban desembocando en el pantano de Pedroso, que es uno de los pantanos de los cuales se abastece Torrejoncillo. Una vez que se conozca la evaluación de impacto ambiental, lo estudiaremos, lo veremos y si es necesario hacer reunión con la propia consejera, pues la haremos para que nos den todas las explicaciones oportunas, tanto a nosotros como a los demás pueblos de la zona».
Por otro lado, cuando se le pregunta sobre el sentido del proyecto en un escenario de sostenibilidad, transición ecológica y reto demográfico, elude la respuesta. En cambio, admite haberse reunido con el presidente Fernández Vara, «no sólo para hablar del proyecto sino de otros asuntos», pero niega haber recibido presiones por parte de la Junta de Extremadura para apoyar la idea.
Jacinto Sánchez, anteriormente concejal socialista hasta que, en los últimos comicios, obtuvo la alcaldía como independiente con la formación «Alternativa por Cañaveral», admite que la corporación de su ayuntamiento y Lithium Iberia «nos hemos reunido recientemente para ver el documento final que ha presentado en la Junta de Extremadura. El pleno del ayuntamiento votó por unanimidad a favor de la mina de litio en nuestra finca y una fábrica de cátodos. Hay que ser egoístas, queremos todo lo que se pueda montar en Cañaveral, con lo cual estamos estudiando con la Junta de Extremadura la ampliación del polígono industrial para que se puedan ubicar aquí».
Sánchez no oculta que el texto que Lithium Iberia ha presentado a la Junta de Extremadura ya es conocido por los alcaldes de la Mancomunidad Riberos del Tajo, a la que pertenece Cañaveral, y que en marzo de 2021, también se posicionó a favor del proyecto. Insiste en el argumento del empleo que podría crear la mina para defender el proyecto y en el hecho de que tendrán que ser los técnicos de la Junta de Extremadura quienes determinen la viabilidad o no de la explotación minera.
En este sentido, César González, de la «Plataforma No a la Mina de Cañaveral», relata, refiriéndose al alcalde, que “cada vez que se habla con él dice lo mismo: es que yo no puedo hacer nada, esto lo están llevando todo desde Mérida -refiriéndose a la Junta de Extremadura-. Y pensamos que si él, como alcalde, dijera: aquí no, iba a ser aquí no, venga la Junta, venga el presidente o venga quien venga”.
Tratamiento del mineral y un posible Aznalcóllar II
El tratamiento del mineral extraído es una cuestión que tampoco pasan por alto los vecinos. “Construirán dos plantas en las que se utilizarán productos químicos como ácidos sulfúricos y clorhídricos, entre otros. Tras lo cual se van a generar grandes cantidades de lodos tóxicos que pretenden almacenar en gigantescas balsas allí mismo. Una será nada menos que de 27 hectáreas (270.000 m2) y la otra de 5’5 hectáreas (55.000 m2), dos monstruosas piscinas -la más grande equivalente a 31 campos de futbol- llenas de veneno. El peligro de dichas balsas es que suele haber fallos en el sistema de impermeabilización y las sustancias químicas terminan pasando a la capa freática contaminando el suelo y las aguas subterráneas, si no provocando directamente una rotura de los diques. No aprendemos del desastre de Aznalcóllar, que contaminó el Parque Nacional de Doñana”.
Creen que el futuro será la sequía y la contaminación de las aguas que queden, “aguas que terminan en el rio Alagón y en el Tajo. Por lo cual se hace terriblemente extenso el territorio que pagaría las consecuencias de la extracción minera, influyendo negativamente en las explotaciones agrarias y ganaderas de las comarcas de las Vegas del Alagón y Monfragüe”, comentan desde la plataforma.
Consecuencias para la salud
Igualmente, se resisten a pensar en el escenario después de 20 años de explotación de esta megamina. “Se va a abrir un gigantesco cráter de 33 hectáreas de superficie y 150 metros de profundidad a base de explosiones a cielo abierto. Recordemos que no hay ninguna garantía de que la mina vaya a ser subterránea en algún momento, ya que esto dispararía los costes. Lo que saquen en la primera fase de explotación, que no vale para nada, irá a parar a dos montañas de escombros que ocuparán unas 150 hectáreas. Según el proyecto, una de esas montañas se quedará ahí para siempre. Según la experiencia en explotaciones megamineras, se quedarán las dos. Será a unos 600 metros de la población de Grimaldo. Y el cráter a unos 1.800 metros. Esto supone explosiones durante años, con lo que conlleva, no sólo ruidos insoportables, sino un alto riesgo de colapso en edificaciones y estructuras, de temblores y vibraciones. Supone el tránsito de maquinaria pesada, la transformación irreversible del paisaje, la contaminación del aire. En definitiva, la desaparición de Grimaldo está asegurada. ¿Acaso son ciudadanos de 2ª? ¿Así se solucionan los problemas de la España vaciada? Las voladuras y explosiones constantes durante años van a provocar polvo en suspensión, altamente dañino para la salud y cargado de residuos tóxicos. Los vientos se van a encargar de propagar ese polvo por todas partes, de manera que a la contaminación y desecación del agua se añade la contaminación del aire”, denuncian.
Un corredor ecológico en peligro
Este proyecto minero no sólo contempla la extracción de litio, sino también minerales potencialmente radiactivos como tántalo, niobio y cesio. “La herencia sería un entorno insalubre y peligroso, quizá por cientos de años, en el que nadie desearía vivir. La dehesa boyal de Las Navas se sitúa en medio de un corredor ecológico de altísimo valor que une las zonas protegidas de la ZEPA Canchos de Ramiro y Ladronera con el Parque Nacional de Monfragüe. Se trata de espacios de gran importancia internacional. Recordemos que la dehesa es un ecosistema único en el planeta, que está incluida en la Red Natura 2000. Toda la flora y fauna protegida de estos espacios se verá gravemente afectada y en la zona de Las Navas desaparecerá”.
Para la instalación minera explican que “se van a arrasar más de 2000 encinas y alcornoques. Estamos hablando de la desaparición de especies amenazadas y en peligro de extinción que también es un deber proteger». La actividad minera podría incumplir numerosas normativas de carácter ambiental, entre ellas, la Directiva de Aves 79/409/CEE, la Directiva de Hábitats 92/43/UE y la Directiva de Aguas 2000/60/CE”, motivos por los que, desde la Plataforma No a la Mina en Cañaveral, hacen un llamamiento «a todas las personas y entidades afectadas, ayuntamientos, cooperativas agro-ganaderas, asociaciones empresariales, de turismo, hostelería, culturales, vecinales, de cazadores y pescadores y, en general, a todos los habitantes de los pueblos de las comarcas de Monfragüe y las Vegas del Alagón, para que se entienda que semejante explotación, consistente en arrase, extracción y posterior abandono de la zona a cambio de unos pocos puestos de trabajo, no puede ser de ninguna manera el futuro que vamos a legar a esta tierra y a nuestros descendientes. Nos han catalogado como zona de sacrificio. No podemos resignarnos», concluyen.
Phi4tech, el otro negocio
Junto al proyecto minero de Lithium Iberia, su empresa hermana, Phi4tech, es la otra pata del negocio. Ésta también ha presentado, junto al Presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara y el Secretario General de Industria, el proyecto que pretenden iniciar de manera inminente con la construcción de la fábrica de celdas de baterías en la Plataforma del Suroeste Europeo en Badajoz. También tienen prevista la construcción en la provincia de Cáceres de dos factorías, una Planta de Ingeniería de Tratamiento de Litio en Cañaveral, y una fábrica de cátodos localizada en la provincia de Cáceres, aún pendiente de decisión del municipio definitivo». Uno de los pueblos que suenan como candidatos es Torrejoncillo.
«No…Nosotros no tenemos confirmación oficial de que se plantee aquí la fábrica de cátodos. Hay diferentes pueblos que podrían tener esta planta. Sí estamos entre los municipios que podrían ser candidatos y así lo ha manifestado siempre la propia empresa que llevaría la fábrica de baterías. Yo no me he reunido con la empresa», zanja el alcalde.
Phi4tech tiene su sede en Noblejas, donde además cuenta con el laboratorio avanzado de investigación en España de celdas de baterías. Este laboratorio fue visitado el pasado mes de diciembre 2020 por la Secretaria de Estado de Energía, Sara Aagsen; por la Secretaria General de Innovación, Teresa Riesgo; por el Secretario General de Industria, Raúl Blanco, y la Consejera de Transición Ecológica y Sostenibilidad de la Junta de Extremadura, Olga García.
Las factorías de cátodos que se ubicarán en la provincia de Cáceres están condicionadas, según indican desde Phi4tech, a la extracción de la materia prima, el litio, «salga adelante el proyecto o no».
