El desafío de Polonia pone en peligro la justicia europea

La situación generada por el enfrentamiento entre Polonia y Hungría con la UE tiene otra lectura. Si hay algún principio que está por encima de todos entre los socios europeos ese es la independencia judicial. Pero varios países, entre ellos España, a los que Bruselas vigila por los problemas existentes a la hora de estructurar el poder judicial

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Sede del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado ilegal y contraria a la normativa de la UE la reforma de la justicia en Polonia de 2019. Una reforma que, en la práctica, supone la persecución a los jueces del país gracias a la denominada Sala Disciplinaria que tenía capacidad para sancionar a los magistrados polacos por el contenido de sus sentencias. Además, les obligan a declarar su filiación política y su pertenencia a una asociación o alguna fundación. Todo ello es contrario a la independencia judicial y, por tanto, viola las normas comunitarias.

El gobierno ultranacionalista polaco ha reaccionado airadamente. Califica de “farsa” la sentencia porque, a su juicio, el TJUE no tiene competencias para evaluar su poder judicial. El secretario de estado de Justicia, Sebastián Kaleta, ha dicho que “los polacos no tienen derecho a la información, según el TJUE, para comprobar si los jueces que juzgan sus casos son activistas políticos. Esta es una farsa y una prueba más de que la UE no respetará ningún compromiso”. Por su parte, el ministro, Zbigniew Ziobro califica al tribunal de “corrupto”. “No fue redactado por jueces, sino por políticos, porque constituye una clara violación de los tratados europeos». Estos argumentos no dejan lugar a dudas. Polonia piensa incumplir la sentencia y eso supondrá una sanción económica. Ya fue castigada con una multa de un millón de euros diarios que alcanzó la escalofriante cifra de 500 millones. Al final la sanción quedó reducida a 500.000 euros.

Ahora, con la sentencia del TJUE en la mano la cosa puede ser más grave. El desafío de Polonia y Hungría a la Unión Europea puede significar mucho más que sanciones económicas. Pueden perder el derecho a voto en el seno de los veintisiete y ver bloqueados los fondos europeos de ayuda al desarrollo, los fondos de cohesión que están recibiendo los países del este del viejo continente, los últimos en incorporarse. La ruptura legal de Polonia con Bruselas es un hecho.

Pero la situación generada por el enfrentamiento entre Polonia y Hungría con la UE tiene otra lectura. Si hay algún principio que está por encima de todos entre los socios europeos ese es la independencia judicial. Pero varios países, entre ellos España, a los que Bruselas vigila por los problemas existentes a la hora de estructurar el poder judicial. Italia, con un gobierno de extrema derecha, se estudia la puesta en marcha de una reforma similar a la polaca y a la húngara. Se quiere examinar con lupa el historial de los jueces y algo parecido está pasando con algunos socios del este de Europa como Eslovaquia y Croacia. La guerra de Ucrania y la sospecha de que en los aparatos de los estados y, en especial, en el judicial se han infiltrado simpatizantes del régimen ruso, es la excusa ideal para llevar a cabo una especie de purga entre jueces y magistrados que intentan controlar a los poderes político y económico.

Los jueces incomodan a esos poderes. Por eso es necesario controlarlos y eso es lo que están haciendo varios gobiernos europeos y es lo que hará el PP y Vox si obtienen la mayoría parlamentaria suficiente como para gobernar el país. Lo grave es que uno de los principios fundacionales de la Unión Europea es la independencia judicial. El Tribunal de Estrasburgo lo dice en la sentencia: “el valor del Estado de Derecho forma parte de la identidad misma de la Unión como ordenamiento jurídico común y se concreta en una serie de principios que contienen obligaciones jurídicamente vinculantes para los Estados miembros”. Es la separación de poderes en la que se basa la democracia que forma parte del tratado fundacional de la Comunidad Económica Europea, el Tratado de Roma.

Si Polonia no acata la sentencia del TJUE otros países seguirán su ejemplo y esta instancia, concebida como la máxima autoridad judicial para los 27 miembros de la UE, será inoperante. No servirá para nada. ¿Cómo se va a reclamar el cumplimiento de sentencias que afectan a los ciudadanos comunitarios cuando hay países que se niegan a obedecer las resoluciones dictadas por los jueces europeos? La justicia en Europa está en crisis. Veremos en qué desemboca todo este problema,

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