María Jesús Montero ha cometido un grave error político y social al declarar en Antena 3 que «A partir del 26 de abril, los ciudadanos podrían recuperar su vida normal. Aunque la ocupación de plazas y calles será controlada y siguiendo las directrices del Gobierno». Estas palabras, seguramente dichas con buena voluntad, están fuera de cualquier lógica, sobre todo después de que en estas semanas de confinamiento la estrategia del Gobierno haya sido, precisamente, la prudencia y el seguir los parámetros indicados por los expertos sanitarios que, precisamente, piden no echar las campanas al vuelo porque el comportamiento de esta pandemia es impredecible.

Son ya muchos días de confinamiento, son muchas semanas en las que las familias están demostrando su responsabilidad social, pero, en muchos casos, la desesperación se va apoderando de los espíritus. Por eso, dar una fecha concreta no es otra cosa que arriesgarse innecesariamente a crear unas no fundadas esperanzas (excepto por sus propios buenos deseos) sobre todo viendo los antecedentes existentes en otros países que ya parecen tener controlada la propagación del virus. Además, es entregar un arma a la extrema derecha o a la derecha desleal porque, ¿qué ocurrirá si el 26 de abril es necesario prorrogar otros 15 días el estado de alarma? Tanto Casado como Abascal se tirarán a la yugular del presidente del Gobierno y a la de la propia ministra por estas palabras y bastante tiene ya el Ejecutivo con la campaña de acoso y derribo a la que le están sometiendo los conservadores y los ultras, tanto directa como indirectamente por medio de sus canales mediáticos o por la desinformación de las redes sociales.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha salido al paso de estas declaraciones al rebajar ese optimismo advirtiendo que España está aún en la fase más dura del combate contra el coronavirus.

En este momento difícil hay que saber cuidar las formas y marcar los tiempos a la hora de dar buenas o malas noticias. En una crisis sanitaria y social como la que se está viviendo es mejor pecar de prudente antes que dar argumentos a quienes quieren derribar a todo el Gobierno. Controle usted las irresponsabilidades que se están cometiendo en sus delegaciones, concretamente en Sevilla con sanitarios infectados, por funcionarios históricos más amigos de las dictaduras privadas que del pueblo, en algunos casos, desde una extrema «justicia injusta». Por sus actos los conoceremos y las conoceremos, por este medio también.

No solo las asociaciones de abogados de extrema derecha actúan en estos momentos contra la democracia y su conciencia, también los «caballos de Troya» de funcionarios caminan desde hace tiempo a sus anchas por caminos facilitados por estos y estas teóricas defensas espurias en contra de los intereses legítimos del pueblo identificado con la conciencia social, la justicia social y la igualdad real.

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