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El Derecho de la UE invalida los Estatutos de Autonomía

Tras la entrada en la UE, España ha ido cediendo soberanía sobre determinadas competencias que también están incluidas dentro de los Estatutos de Autonomía, lo que, por el principio de prevalencia, desactiva totalmente su validez legal

José Antonio Gómez
Escritor y analista político. Autor de los ensayos políticos "Gobernar es repartir dolor", "Regeneración", "El líder que marchitó a la Rosa" y de las novelas "Josaphat" y "El futuro nos espera".
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análisis

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El artículo 147 de la Constitución Española señala que «dentro de los términos de la presente Constitución, los Estatutos serán la norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma y el Estado los reconocerá y amparará como parte integrante de su ordenamiento jurídico».

Sin embargo, la entrada de España en la Unión Europea podría haber provocado una verdadera revolución respecto a las competencias que cada Comunidad Autónoma tiene transferidas y a la validez jurídica de las mismas.

Cuando se diseñó la Constitución Española se determinaron tres niveles de competencias: estatal, autonómico y local. Se cedieron las competencias, por ejemplo, en materia de seguridad, Código Civil (Euskadi y Cataluña), educación, sanidad, vivienda, etc. Sin embargo, en la entrada de España en la Unión Europea se transfirieron una serie de competencias, es decir, soberanía que ya habían sido traspasadas a las Comunidades Autónomas.

El abogado Josep Jover, uno de los expertos de referencia en Derecho de la Unión Europea, en declaraciones a Diario16, ha señalado que, por tanto, «tenemos que hay competencias que se habían dado a las Comunidades Autónomas que ahora son competencias europeas y, por lo tanto, nos encontramos con que los Estatutos de Autonomía son contrarios a la legislación europea».

En consecuencia, en España se están aplicando leyes de los Estatutos que son contrarias al Derecho de la Unión que, no se puede olvidar, es prevalente sobre cualquier marco legislativo y jurídico de cualquier país miembro. «Si se aplica el Derecho de la UE, los que está caducos y obsoletos son los estatutos de autonomía», afirma Jover.

Cada vez que España ha cedido una parte de su soberanía, aunque se haya realizado la transposición correspondiente a las leyes españolas, no se han implementado esos cambios en aquellos ordenamientos que tenían competencias sobre una soberanía que ya no es española.

Hay competencias que se habían dado a las Comunidades Autónomas que ahora son competencias europeas y, por lo tanto, nos encontramos con que los Estatutos de Autonomía son contrarios a la legislación europea

En consecuencia, como señala Josep Jover, «todos los Estatutos de Autonomía están desactivados por la vía de los hechos». Es decir, que las leyes europeas se han ido superponiendo sin que en España se haya hecho una supervisión de cómo se encuentran todos los ordenamientos jurídicos vigentes, Estatutos de Autonomía incluidos.

Reforma de la Ley de Propiedad Horizontal

Estas conclusiones han surgido tras la reforma que el Gobierno ha comunicado a la UE respecto de la Ley de Propiedad Horizontal para que las comunidades de vecinos puedan solicitar financiación o acceder a los fondos europeos para poder acometer obras para mejorar la eficiencia energética de los edificios.

Según el Plan de Recuperación presentado a la Comisión Europea, el Gobierno impulsará «la aprobación de medidas normativas específicas, entre las que se puede citar la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal, para mejorar las posibilidades de acceso a la financiación».

En España se están aplicando leyes de los Estatutos que son contrarias al Derecho de la Unión que, no se puede olvidar, es prevalente sobre cualquier marco legislativo y jurídico de cualquier país miembro

Sin embargo, estas modificaciones podrían chocar con las competencias transferidas a comunidades como Euskadi y Cataluña que podrían negarse a aplicar dichas reformas. En cambio, si esa soberanía ya está cedida a Europa, el Estado español se puede encontrar con un problema jurídico respecto a la prevalencia del Derecho de la Unión y a la desactivación de los Estatutos de Autonomía.

El orden constitucional en duda

Todo lo anterior supone un duro golpe para el orden constitucional, puesto que uno de los pilares sobre los que se asentó fue la descentralización del Estado. En consecuencia, todo engranaje democrático de España, por la falta de análisis de la realidad jurídica, podría estar funcionando en base a un ordenamiento legal obsoleto y sin vigencia.

Aunque el Estado español se muestre de cara a la ciudadanía como europeísta, la verdad es que, en lo referido a la transposición y implementación de las leyes europeas, es renuente a su aplicación. Lo estamos viendo con las multas que recibe España por no transponer a tiempo las directivas europeas e, incluso aunque hayan sido incorporadas al ordenamiento jurídico, en su incumplimiento.

Esto se puede comprobar, por ejemplo, en los casos sobre cláusulas abusivas de la banca o en los asuntos relacionados con los métodos de contratación de las Administraciones del Estado. Se incumple sistemáticamente la jurisprudencia europea con el fin de mantener una soberanía que España cedió cuando se entró en la Unión Europea y se firmaron los diferentes tratados. Por tanto, el país sigue siendo más españolista que europeísta, aunque se quiera dar una imagen contraria. No se puede repicar y estar en misa y España parece que lo está intentando.

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